Carlos Chen Osorio es el único sobreviviente de una familia maya achí cuyos miembros fueron asesinados brutalmente por el Ejército en cinco diferentes masacres perpetradas contra los habitantes de Río Negro, en el nororiental departamento de Baja Verapaz, durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala.
Chen perdió a 40 familiares y actualmente encabeza la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí (ADIVIMA), con sede en Baja Verapaz, que busca compensación para las víctimas.
Según Chen, no son suficientes las acciones simbólicas llevadas a cabo por el gobierno, tales como haber admitido que el Estado aplicó políticas genocidas contra las comunidades mayas del país.
“Se ha pedido perdón pero con eso no se compran tierras ni se construyen casas”, dijo.
El presidente Álvaro Colom es sobrino de Manuel Colom Argueta, ex alcalde de Ciudad de Guatemala asesinado en 1979 durante la etapa más álgida de la represión militar, y ha tratado de presentar a su gobierno centroizquierdista como heredero de la revolución de 1944, levantamiento contra el dictador Jorge Ubico que marcó el comienzo de una década de gobiernos democráticos bajo los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz.
Este periodo, conocido en la historia guatemalteca como “la primavera democrática”, terminó abruptamente con el golpe patrocinado por la empresa bananera United Fruit Company y el gobierno estadunidense que temían la propagación del comunismo en América Central.
La retórica gubernamental con frecuencia alude a estos hechos históricos, y la administración de Colom, cuyo lema es “tiempos de solidaridad”, ha presentado numerosas disculpas públicas por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado.
En marzo pasado, Colom pidió perdón a los familiares del poeta y combatiente guerrillero Otto René Castillo y su pareja Nora Paiz, quienes fueron torturados y desaparecidos por el Ejército hace 44 años.
Pero durante la ceremonia se produjo un momento embarazoso para Colom cuando un grupo de activistas campesinos irrumpieron en el Palacio Nacional demandando al gobierno poner fin a los desalojos de tierras en zonas rurales, lo cual puso al descubierto el abismo existente entre la retórica oficial, que pone énfasis en la paz, la justicia para las víctimas de la guerra y la necesidad de luchar contra la pobreza y la desigualdad, y la cruda realidad del país.
Para víctimas de la guerra como Chen, las disculpas públicas suenan huecas cuando se ha avanzado muy poco para compensar a los sobrevivientes y terminar con la misma espantosa miseria en las zonas rurales que llevó a que campesinos desesperados se unieran a los grupos guerrilleros.
Planes de reparación desfinanciados
Se ha asignado al Programa Nacional de Resarcimiento un presupuesto anual de US$13.3 millones: $3.9 millones para gastos administrativos y $9.1 millones para el resarcimiento, incluyendo la construcción de viviendas básicas (una pequeña estructura de cemento de una habitación con techo de hojalata y letrina externa), planes de producción agrícola o artesanal dirigidos a proporcionar fuentes de ingresos a las comunidades, una indemnización de hasta $5,200 por víctima y breves sesiones de terapia para ayudar a los sobrevivientes a superar su terrible experiencia.
Según César Dávila, director del programa, el monto es sólo un tercio del presupuesto establecido por la Ley de la Política Nacional de Resarcimiento, aprobada durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo (2000-2004).
Dávila precisó que esto significa que no se podrá cumplir el pedido de 3,000 viviendas en lo que queda del gobierno de Colom, que concluye en enero del 2012.
Respecto a los proyectos dirigidos a lograr la autosostenibilidad de las comunidades, se han llevado a cabo 130 estudios de viabilidad, pero debido a la falta de fondos sólo 20 de los proyectos propuestos serán implementados.
Cuando se cuestionaron las prioridades de la administración de Colom debido a que el programa de resarcimiento carece desesperadamente de fondos, Dávila dijo que el presupuesto solicitado para este año era de $28.8 millones, pero que los partidos de oposición en el Congreso lo redujeron a menos de la mitad, $13 millones.
Sin embargo, fuentes internas que pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, dijeron que pese a que el presupuesto del programa es claramente insuficiente, aun así con frecuencia se desperdician los fondos disponibles. Por ejemplo, en sólo una semana la oficina del programa gastó $9,800 en llamativa propaganda publicada en diarios nacionales con lectoría urbana de clase alta, pregonando los logros del programa. Esos fondos podrían haberse utilizado en construir cinco viviendas para familias rurales que han pasado años en una lista de espera que parece ser interminable.
¿Hubo guerra civil en Guatemala?
Para las víctimas del conflicto armado, las atrocidades cometidas contra civiles indefensos son difíciles de olvidar.
Sin embargo, para la nueva generación de guatemaltecos que nacieron después que se firmaran los acuerdos de paz en 1996, la guerra nunca ocurrió.
Hasta ahora, el plan nacional de estudios establece vagamente que los maestros deben explicar por qué se firmaron los Acuerdos de Paz, pero por lo general el tema es tratado de manera superficial y sin mencionar los principales motivos por los que ocurrió la guerra.
“Llevo 20 años de dar clases en la universidad y he notado cómo las nuevas generaciones desconocen completamente el tema, no saben ni que aquí hubo guerra”, dice el catedrático Rodolfo Arévalo.
Se supone que eso debe cambiar este año luego que el programa de compensación produjera una serie de materiales de enseñanza sobre los conflictos armados que serán usados en todas las escuelas, incluyendo juegos de serpientes y escaleras para los más jóvenes, donde cada cuadrado en el tablero contiene una pregunta sobre la historia guatemalteca que el estudiante debe responder, y una guía para los maestros sobre cómo abordar el tema y cómo responder a las preguntas que puedan surgir en el salón de clases.
Pero esos esfuerzos, que están dirigidos a asegurar que el holocausto maya no sea olvidado, han sido criticados por veteranos del Ejército y sectores de derecha que se niegan a admitir que se cometieron atrocidades.
“Hay quienes insisten en que no es bueno hablar de este tema. La firma de la paz fue simbólica, sigue estando el dominio de la oligarquía. En algunos colegios privados lo enseñan y los padres se quejan. En la nación, en el fondo, no hay interés por lo que pasó”, dijo la maestra Rossana Pinillos.
—Noticias Aliadas.
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