domingo, 19 de agosto de 2012

Empresarios piden agilizar licencias de explotación minera


La Gremial de Industrias Extractivas, de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), manifestó ayer al presidente Otto Pérez Molina su preocupación por la supuesta lentitud con que se procesan los estudios de impacto ambiental y sobre todo las licencias de explotación minera.


Sin titulo prensalibre print  archivo



POR GEOVANNI CONTRERAS
La preocupación es tal que el presidente de la CIG, Andrés Castillo, llegó ayer a la Casa Presidencial para plantearles dudas al respecto al gobernante y al ministro de Energía y Minas, Érick Archila.
“Habíamos visto una lentitud —con las licencias—, pero nos explicaron cuáles son los procesos que hay que seguir, así que estamos a la espera de que esos procesos se cumplan y esperar que esas inversiones se logren dar”, dijo el dirigente empresarial al salir de la reunión.
Castillo no precisó el número de compañías que están a la espera de su licencia para explotar minerales, pero sí afirmó que “la más urgente” solo es una: la mina San Rafael, en Santa Rosa.
“No tengo los datos, por eso me acompañaban los miembros de la Gremial, para poderle dar un poco más de información al mandatario”, expuso respecto de qué otras minas esperan licencia.
Sin presiones
Archila negó que los empresarios hayan hecho algún tipo de presión para agilizar los procesos de licencia y concretar inversiones, pero descartó algún plazo para que estas se emitan.
“No podemos dar un plazo, pero si seguimos las evaluaciones, en determinado momento se concluirá, pero no quisiéramos dar plazos”, respondió el funcionario.
Uno de los puntos que tienen vinculación con ese asunto y que también se habló en la reunión fue la propuesta —aún desconocida— de reformas a la Ley de Minería.
Antecedentes
En el caso de la mina ubicada en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, el ministro explicó que se encuentra en fase exploratoria desde hace “algún tiempo” y podría generar entre mil 500 y dos mil empleos. La mina está a cargo de la empresa Tahoe Resources.
Durante el primer semestre del año, vecinos y sectores de ese departamento y Jalapa han manifestado su rechazo a las operaciones de la mina, ya que denuncian supuestas estrategias fraudulentas para obtener las licencias de explotación.
Además, se han hecho tres consultas populares, las últimas en julio y agosto, donde el 98 por ciento de los pobladores se oponen a la actividad minera en el lugar.
“Hemos tenido evaluaciones muy periódicas de manera mensual, abiertas, evaluaciones ambientales, socioeconómicas del proyecto, y les hemos dado seguimiento muy estricto y queremos visualizar que la compañía ha ido cumpliendo con todos los requisitos”, expresó Archila.
Carlos Roberto Morales, gerente administrativo de la mina, indicó que al momento se han invertido US$140 millones en el terreno y tienen compromisos por US$70 millones más. En total, explicó que la inversión será de US$320 millones.
“Estamos en la fase de construcción de toda la planta de procesamiento”, refirió Morales.
La mina explotará plata, con un proceso hidrometalúrgico de flotación, el cual se efectúa a través de túneles, detalló el empresario.

COMUNIDADES AFECTADAS EN LA BOCA COSTA DE SAN MARCOS, GUATEMALA


Yuri Melini / Dirección CALAS <direccion@calas.org.gt>

Estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, medios de comunicación,
compartimos con ustedes información escrita sobre la situación que
están pasando las comunidades de Ocos, San Marcos, Guatemala. Así
mismo, un breve reportaje en el siguiente link:
http://www.youtube.com/watch?v=ezpTuFJKDgM

Vídeo que refleja las atrocidades que estan ocasionando las
Agroindustrias de palma africana y de banano en la costa sur de San
Marcos, Coatepeque y Retalhuleu que
incluye información sobre la recién problemática del dragado no
autorizado del río Pacayá de parte de Palmas del Horizonte S.A.,
propiedad de Hugo Molina.

Agradecemos su difusión.


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Comisión de Comunicacion - CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDENTE - CPO
Visite nuestro blog: http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com/

Criminalizan penalmente al Activista Ambiental y Defensor de Derechos Humanos Dr. Yuri Giovanni Melini, Director General de CALAS. COMUNICADO DE PRENSA

CRIMINALIZAN EL TRABAJO DEL DR. YURI GIOVANNI MELINI
-Se agradecerá su difusión-
Ciudad de Guatemala, jueves 16 de agosto de 2012
El Doctor Yuri Giovanni Melini, reconocido activista ambiental es víctima de criminalización y acciones judiciales por su comprometida, constante y decidida lucha en favor de los derechos humanos relativos a un ambiente sano, al agua, a la salud, al desarrollo sostenible intergeneracional y particularmente por el derecho a la asamblea, participación y consulta ciudadana.
El pasado jueves 8 de agosto de 2012, el Juez Estuardo de Jesús Barrientos Archila, como titular del Juzgado de Paz de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, Guatemala; resolvió de manera ilegal la causa penal No. C-208-2012.OF.2º a través de la cual criminaliza penalmente a los señores Rudy Antonio Pivaral Véliz, Oscar Roderico Morales García, Gustavo Martínez López, Dr. Yuri Giovanni Melini, y a la Abogada Andrea Marcilia Hernández Melini. La resolución judicial les sindica de los delitos de violencia contra la mujer y amenazas, por una solicitud de medidas de protección presentada por trece personas a quienes el Dr. Melini no conoce y con las cuales nunca se ha comunicado directamente. Cabe resaltar que dicha resolución judicial
limita la libre movilidad, la libertad de expresión, y particularmente el derecho a defender derechos.
El Dr. Melini como director general del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), ha brindado acompañamiento político y legal al Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores, mismo que es asesorado por la Abogada Andrea Marcilia Hernández Melini, del cual son miembros los señores Rudy Pivaral, Oscar Morales y Gustavo Martínez; quienes promueven la realización de una consulta de vecinos, fundamentada en el código municipal para que los ciudadanos ejerzan sus garantías constitucionales relativas al
consentimiento libre, previo e informado; y se respete el derecho humano de libertad de asamblea, asociación y consulta ciudadana.
La consulta municipal tiene por objetivo que la población se pronuncie libre y democráticamente respecto a si está o no de acuerdo con la instalación, desarrollo u operación de un proyecto industrial de minería química de metales; esto porque el Gobierno de Guatemala, pretende otorgar una licencia para la explotación de minerales metálicos en dicho municipio.
El Dr. Yuri Giovanni Melini, Rudy Pivaral, Oscar Morales, Gustavo Martínez y la Abogada Andrea Marcilia Hernández Melini son víctimas de criminalización y acciones judiciales, las cuales provienen de una industria extractiva, que en abierta ilegalidad ha construido una planta industrial, pese a no contar con la licencia de explotación minera. Razón por la cual CALAS la denuncio penalmente, ya que esa actividad estaría contaminando el arroyo El Escobal, por lo que está bajo investigación del Ministerio Público. Esa empresa se ha dedicado a criminalizar, judicializar y difamar a líderes sociales, religiosos, activistas ambientales y defensores de derechos humanos; también ha traficado influencias y cooptado medios de comunicación local, para publicar información distorsionada, no objetiva y falsa, con el único propósito de limitar la legítima e irrenunciable lucha
ciudadana de la población de San Rafael Las Flores.
Es repudiable la forma como la minera, manipula aviesamente con prepotencia e impunidad la justicia guatemalteca, al utilizar con total perversión leyes guatemaltecas como la del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; la relativa para prevenir, sancionar y erradica la violencia intrafamiliar; y convenios internacionales todos estos instrumentos nobles ahora aplicados para criminalizar el trabajo de defensores de derechos humanos y promotores de la consulta municipal de vecinos, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Guatemala.
CALAS denuncia esta criminalización por ser ilegal, espuria y antiética, la cual vulnera el derecho a la justicia, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Situación que hace pública y pone en conocimiento nacional e internacional; por lo que iniciará las acciones legales pertinentes ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, la UDEFEGUA, el Ministerio Público, la Supervisión de Tribunales del Organismo Judicial, la Oficina en Guatemala de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Front Line Defenders, y Amnistía Internacional.
Más información:
CALAS
informacion@calas.org.gt
Teléfono 2474 4545
"Yuri Melini / Dirección CALAS" <direccion@calas.org.gt>,

miércoles, 15 de agosto de 2012

Hay que “pasar del dicho al hecho”


ARPAS
En el marco de la presentación del proyecto de decreto de suspensión temporal de la minería metálica –planteado por el Ejecutivo– apareció en el debate público la amenaza de la minería transfronteriza, especialmente la mina Cerro Blanco ubicada en Jutiapa, Guatemala.
Las autoridades del vecino país se niegan a suspender ese proyecto alegando su derecho soberano de explotar sus recursos naturales, a pesar de la protesta de organizaciones ambientalistas guatemaltecas y salvadoreñas que advierten sobre la posible contaminación del Lago de Guija y del Río Lempa (El principal afluente del país y abastecedor de agua potable para el 50% de la población del área metropolitana de San Salvador).
Y frente a este grave problema, el gobierno salvadoreño no ha planteado una enérgica condena ante su par guatemalteco. La actitud, más allá de algunas declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén en el contexto del Plan Trifinio, ha sido muy pasiva. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, declaró la semana pasada que el gobierno espera resolver este problema con Guatemala sin tener que recurrir a instancias internacionales.
Esta declaración del ministro Rosa Chávez, que insinúa la posibilidad de demandar al estado guatemalteco ante un tribunal internacional, le da un giro importante a la postura salvadoreña frente a este proyecto minero cuyas consecuencias ambientales y sociales serían catastróficas para el país.
Esta posición, más clara y firme, indica que el gobierno es conciente del grave riesgo nacional que representa la mina Cerro Blanco y que está dispuesto a defender al país de semejante peligro. Sin embargo, como dice la frase popular: hay que “pasar del dicho al hecho”; lo cual significa que el gobierno debe ser más beligerante y actuar de inmediato.
Esto implica dos cosas. En primer lugar, que El Salvador –a través de la Cancillería– debe protestar formalmente ante el gobierno guatemalteco; y, en segundo lugar, presentar la demanda ante un tribunal internacional que tenga competencia en casos como éste. Esta instancia podría ser la Corte Centroamericana de Justicia o la Corte Internacional de Justicia, conocida como Corte de La Haya.
Ésta sería una acción disuasiva que podría ablandar la intransigente postura de las autoridades guatemaltecas que amenazan seriamente la vida en nuestro país con sus proyectos de minería transfronteriza como Cerro Blanco.

Iniciativa para suspender actividades mineras es positiva: diputada Díaz


Nery Díaz, diputada del FMLN. Foto Diario Co Latino/Archivo


Redacción Diario Co Latino

La diputada Nery Díaz, integrante de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático por el FMLN, calificó como positiva la iniciativa de ley para suspender la exploración y explotación minera presentada en la Asamblea Legislativa por los ministros de Medio Ambiente y Economía la semana pasada.
“Consideramos que es una iniciativa positiva, responsable, que está interesado el gobierno en que se discuta este tema que por años ha estado siendo demandado por las organizaciones y que nosotros hemos acompañado esas iniciativas”, dijo Díaz en la entrevista Agenda de Nación de Canal 10 y Radio Nacional.
 La parlamentaria aseguró que su partido respeta las posturas expresadas por las organizaciones sociales con respecto a la propuesta presentada por el Ejecutivo y añadió que este es un tema complejo que demandará un análisis profundo y responsable en la comisión legislativa.
“Es muy temprano para profundizar un análisis o para sentar una posición sobre el tema, sin embargo, como grupo parlamentario queremos dejar constancia de que hemos acompañado a lo largo de muchos años diferentes iniciativas de muchísimas organizaciones que han estado preocupadas y que han estado pendientes de este  tema, que tiene que ver con la vida y con el desarrollo mismo de las comunidades”, expresó Díaz.
La diputada anunció que la próxima semana el Parlamento Centroamericano realizará un evento para discutir el tema de la minería metálica en la región, en el cual se tocará la problemática generada por la explotación de la mina Cerro Blanco, en Guatemala.
Añadió que la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa ha comenzado el análisis del anteproyecto de Ley General de Aguas, un tema trascendental para la población salvadoreña.
La legisladora del FMLN destacó el manejo responsable que el gobierno ha tenido para remover la contaminación por plomo en el Sitio El Niño, materia sobre la cual el Ministro de Medio Ambiente, Herman Rosa, presentó un informe a la comisión de Medio Ambiente la semana pasada.
Destacó que el gobierno del Presidente Mauricio Funes elaboró una nueva Política Nacional de Medio Ambiente, la cual fue aprobada por el Consejo de Ministros y denota la responsabilidad con la que esta administración está abordando el tema del manejo de los recursos naturales.
Díaz añadió que durante esta gestión se ha avanzado en reformas a la Ley de Medio Ambiente que permitan la creación de tribunales ambientales para puedan juzgar casos relacionados con delitos en materia ambiental.

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!