miércoles, 15 de julio de 2009

Indígenas guatemaltecos marchan contra explotación minera y planta de cemento

Miles de indígenas y campesinos guatemaltecos continúan hoy con una marcha pacífica en la capital para rechazar la explotación minera y la construcción de una planta productora de cemento en el país centroamericano.

Según los organizadores de la protesta, más de 10.000 habitantes de San Juan Sacatepéquez, que ayer recorrieron a pie 35 kilómetros desde ese municipio hasta la capital, caminan hoy por el área metropolitana rumbo a la Casa Presidencial, en el Centro Histórico, en protesta por la construcción de una fábrica de cemento en su comunidad.

El rechazo a la instalación de la planta productora, propiedad de Cementos Progreso, se inició en diciembre 2007, cuando se registró el primer enfrentamiento que dejó como saldo 12 policías heridos y 17 campesinos detenidos.

El 23 de junio de 2008 se registró otra gran protesta en San Juan Sacatepéquez, en el occidente del país, con un saldo de un campesino muerto y otros 43 detenidos, lo que obligó al Gobierno a decretar un Estado de Prevención por 15 días para garantizar la seguridad en la población.

Domingo Hernández, uno de los dirigentes del movimiento, aseguró que la principal exigencia al Gobierno del presidente Álvaro Colom, con quien espera entrevistarse hoy, es que impida la continuación de la construcción de la fábrica de cemento.

"Ya no queremos más diálogo sino que se impida la actividad minera y la construcción de la planta", advirtieron los dirigentes, entre ellos Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Los pobladores de San Juan Sacatepéquez se oponen a la planta por considerar que ocasionará daños al medioambiente y podría dejar sin agua y sin árboles a la comunidad.

Sin embargo, el ministro de Ambiente, Luis Ferraté, aseguró hoy que la empresa Cementos Progreso ha cumplido con el estudio de impacto ambiental y que no se generarán daños por la construcción de la planta, en la que se prevé una producción de 2,2 millones de toneladas anuales de cemento.

La planta se construye con una inversión de unos 690 millones de dólares a unos 15 kilómetros del caso urbano de San Juan Sacatepéquez.

De forma paralela a la multitudinaria marcha en la capital, cientos de indígenas y campesinos bloquearon hoy varios tramos carreteros en regiones de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Petén, Sololá y Quetzaltenango, en el oeste del país, para rechazar la explotación minera.

Las organizaciones advirtieron hoy que si el Gobierno no da una solución a sus demandas, están dispuestos a movilizar en los próximos días a más de 75.000 campesinos para bloquear carreteras.

El viceministro de Energía, Alfredo Pokus, anunció hoy que el Ejecutivo está abierto al diálogo y lamentó que los campesinos hayan adoptado medidas de hecho.

El gerente de Desarrollo Sostenible de Cementos Progreso, Eduardo Aguirre, sostuvo hoy que están dispuestos a dialogar con los líderes de la comunidad para encontrar una solución que beneficie a la población.

La fábrica, según Aguirre, podría iniciar operaciones en 2012.

http://www.adn.es/sociedad/20090714/NWS-1330-Indigenas-guatemaltecos-explotacion-marchan-cemento.html

Bloqueos y marchas contra la minería


Cientos de personas han tenido que cruzar a pie las carreteras del país, como ocurre en Coatepeque, Quetzaltenango, debido a los bloqueos que se llevan a cabo en diferentes puntos como una muestra de apoyo a la marcha de pobladores de San Juan Sacatepéquez, que rechazan la instalación de una planta cementera y la actividad minera en todo el país. (Foto Prensa Libre: Alexander Coyoy)
  • Cientos de personas han tenido que cruzar a pie las carreteras del país, como ocurre en Coatepeque, Quetzaltenango, debido a los bloqueos que se llevan a cabo en diferentes puntos como una muestra de apoyo a la marcha de pobladores de San Juan Sacatepéquez, que rechazan la instalación de una planta cementera y la actividad minera en todo el país. (Foto Prensa Libre: Alexander Coyoy)

Por Redacción Departamental

09:32 | 14/07/2009

Pobladores de Huehuetenango, Sololá, Coatepeque y Jalapa efectúan bloqueos de rutas, toma de aduanas y marchas para mostrar su rechazo a la actividad minera.

Unos tres mil campesinos de 22 municipios de Huehuetenango mantienen ocupada, desde las 7.30 horas, la frontera en la aldea La Mesilla, La Democracia, porque aseguran que la minería no es un modelo de desarrollo para el país, ya que genera destrucción del ambiente y pobreza.

Los manifestantes exigen que no se apruebe la Ley de Minería, que retiren las licencias de exploración y explotación que ya fueron dadas en el departamento, pues los únicos que salen beneficiados con esa actividad son las grandes empresas, que dejan migajas al país por un negocio millonario.

En la protesta también salió a relucir el rechazo de la población a las hidroeléctricas, a las iniciativas de reforma a la Constitución que promueven los grupos Pro Reforma, y condenar las políticas de militarización que promueve el Gobierno en las comunidades con la excusa de dar seguridad.

Los campesinos aseguraron que permanecerán en la frontera todo el día pues el comercio está paralizado.

Bloqueos en la ruta Interamericana

Decenas de vecinos de Sololá se apostaron desde las 8.00 horas en el kilómetro 127 de la ruta Interamericana en el lugar conocido como Los Encuentros. Allí, además de mostrar su rechazo a la minería, los campesinos protestan por el alto costo de la energía eléctrica, y por el Registro Nacional de las Persona, pues aseguran que les ponen muchas trabas para obtener sus documentos.

En Jalapa se lleva a cabo una marcha pacífica que recorre las principales calles de esa ciudad y en donde los vecinos manifiestan su total rechazo a la actividad minera.

En Coatepeque, Quetzaltenango, unos 500 campesinos del área rural bloquearon el paso vehicular a inmediaciones de finca Guayacán Km 216.5.

Diego Escalante, del Comité de Unidad Campesina CUC, señaló que los campesinos rechazan la actividad minera, no están de acuerdo con los cambios en la constitución que promueve Pro reforma, rechazan el alto costo de la energía, el costo de la canasta básica e indicaron que apoyan a sus compañeros de San Juan Sacatepéquez, en su lucha en contra de la cementera.

El bloqueo continuará hasta que sus demandas sean escuchadas en la capital.

http://www.prensalibre.com/pl/2009/julio/14/328169.html


miércoles, 8 de julio de 2009

Ecologistas guatemaltecos reiteran cambios en reformas ley minera

Guatemala, 8 jul (PL) Organizaciones ecologistas guatemaltecas sostienen hoy sus demandas de cambios a la iniciativa de reformas a la Ley de Minería, pues reiteran que como está redactada solo beneficia a las empresas extractoras.

Ponen como ejemplo que no contiene la manera de poder fiscalizar la cantidad de mineral, sobre todo oro, sacada por las compañías con su labor.

Por ese motivo las agrupaciones exigen que la propuesta retorne a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, con cuyo presidente, Christian Boussinot, se reunieron sus representantes para presentarle esa posición.

Ese grupo legislativo los instó tiempo atrás a presentar sus sugerencias acerca de la iniciativa y así lo hicieron, pero después dio marcha atrás con el argumento de haber sido aprobado ya el dictamen y no estar abierto a adiciones.

Delegados del Centro de Acción Legal Ambiental destacaron que el regreso de la propuesta a la Comisión permitirá revisar artículo por artículo e incorporar aspectos como dicha fiscalización, regalías y consulta comunitaria.

En tanto, la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación opinó que el documento, tal y como está, favorece a las compañías porque no regula sobre el uso del agua ni exige monitoreo estricto de los desechos de las plantas.

Por su parte, el Colectivo MadreSelva alertó sobre los conflictos sociales que puede generar la aprobación de la propuesta de reformas sin añadir los cambios sugeridos.

lma/jf
NOTA ORIGINAL

jueves, 2 de julio de 2009

Ecologistas se unen para frenar ley minera

Natalia Atz, José Cruz, Rafael Maldonado y Gabriel Valle, dirigentes ambientales, anuncian el trabajo en conjunto para evitar que se apruebe una reforma a la Ley de Minería que consideran lesiva para el país.

Por Alberto Ramírez

13:33 | 01/07/2009

Organizaciones ecologistas se unieron ayer para comenzar una batalla contra la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Minería, porque a su criterio solo favorece a las empresas que extraen metales y promueve el deterioro ambiental.

Representantes de las organizaciones MadreSelva, Centro de Acción Legal y Ambiental (Calas), Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), Grupo Ceiba y la Comisión Pastoral de Paz y Ecología (Copae) de la Diócesis de San Marcos, en conferencia conjunta, anunciaron la alianza para evitar la aprobación de la iniciativa que promueve el diputado Alejandro Sinibaldi.

Afirman que ese proyecto no toma en cuenta aspectos como consultas comunitarias o regalías.

José Cruz, de MadreSelva, señaló que esa iniciativa se presentó durante el gobierno de Óscar Berger, y recibió dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minas, presidida en esa época por Sinibaldi.

A principios de este año, el presidente de esa sala, Christian Boussinot, invitó a todos los sectores a presentar propuestas y opiniones, a fin de consensuarla.

Las propuestas llegaron, pero la semana pasada esa comisión decidió no continuar el diálogo y remitir la iniciativa al pleno.

Gabriel Valle, de Fundaeco, calificó de burla el haberlos convocado a presentar propuestas y luego ignorarlas. Rafael Maldonado, de Calas, destacó que pedirán a los jefes de bloques del Congreso detener el proceso, y al presidente Álvaro Colom, que se pronuncie al respecto.

De no obtener respuesta de ambos poderes, recurrirán a los amparos y, por último, a las movilizaciones pacíficas, adelantó Maldonado.

Natalia Atz, de Ceiba, enfatizó que ni siquiera se puede hablar de regalías, porque la iniciativa de Sinibaldi no contempla aspectos como la protección ambiental, el recurso agua ni consultas comunitarias.

Maldonado agregó que como se declaró inconstitucional el otorgamiento ilimitado del subsuelo, la iniciativa de Sinibaldi pone un supuesto límite, de 50 kilómetros, lo cual consideró una burla, porque ninguna mina en el mundo llega a esa profundidad.

Rosa María de Frade, diputada, de la Comisión de Energía, comentó que el dictamen, como está, es lesivo a los intereses del país, por cuanto defiende intereses de las compañías mineras.

Resaltó que ahora se debe trabajar sobre posibles enmiendas y esperar a que el presidente del Congreso cite a jefes y subjefes de bloques para analizar, artículo por artículo, antes de pasar el dictamen al pleno.

Controles

Los grupos ecologistas reiteraron que los puntos a incluir obligadamente en una nueva ley de minería son la consulta comunitaria, regular el uso del agua y el vertido de drenajes para saber cuánto líquido utilizan y cómo lo desechan las compañías.

También exigen controles más estrictos y estudios de impacto ambiental para cada caso particular, previamente a cualquier actividad minera.

Demandan monitoreo ambiental obligatorio, así como una auditoría en la que se incluya a la Superintendencia de Administración Tributaria, para saber cuánto metal precioso se extrae y cuánto pagan las empresas al país.

NOTA ORIGINAL

sábado, 20 de junio de 2009

Once alcaldes de San Marcos se oponen a minería

Los jefes ediles de 11 comunas de la región fría de San Marcos afirman que no les interesan las regalías, sino evitar que la minería de metales destruya sus recursos naturales.

POR AROLDO MARROQUÍN

13:50 | 19/06/2009

Once alcaldes de San Marcos expresaron ayer que no apoyan las actividades mineras de la empresa Montana Exploradora en San Miguel Ixtahuacán, rechazan las licencias otorgadas a esa transnacional para operar en otros municipios de la región y exigen respeto a las consultas comunitarias.

Delfino Temaj, alcalde de Sipacapa y en representación de otros 10 jefes ediles de la zona fría de San Marcos, afirmó: “Nos oponemos a cualquier trabajo o estudio que pueda efectuar Montana en nuestros municipios, ya que lo único que ha creado es enfrentamiento entre hermanos y engaños, y se ha apoderado de los terrenos de la gente humilde de San Miguel Ixtahuacán”.

Temaj habló en representación de los alcaldes de Tajumulco, Comitancillo, San Lorenzo, Río Blanco, Ixchiguán, Tejutla, Sipacapa, Concepción Tutuapa, San José Ojetenam, Sibinal y Tacaná.

Afirmó que San Miguel Ixtahuacán es un modelo de rechazo comunitario a la minería de metales. “Montana nos puede dar el 50 por ciento de regalías, pero nosotros lo rechazamos; es bueno escuchar propuestas, pero aquí en nuestros municipios no estamos interesados en esa minería”, expuso Temaj.

Lo anterior lo dijo en referencia a la exposición de la diputada Rosa María de Frade, de la Bancada Guatemala, quien se reunió con los miembros del Consejo Departamental de Desarrollo para presentarles las enmiendas propuestas a la Ley de Minería.

Normas claras

De Frade se refirió a la necesidad de que haya normas claras para buscar el equilibrio entre el desarrollo humano y la protección del ambiente, así como incrementar los ingresos del Estado por concepto de regalías.

Explicó que, si se definiera que la compañía debe pagar entre 7 y 8 por ciento de regalías, San Marcos podría recibir cada año unos Q100 millones para su desarrollo, distribuidos entre los municipios donde hay explotación minera. “Así todos saldrían beneficiados”, apuntó.

La legisladora afirmó que entre las enmiendas se plantea que ninguna empresa minera goce de exoneraciones tributarias, y que se incluyan las consultas de los pueblos indígenas y de los miembros de los consejos de Desarrollo, urbanos y rurales, antes de otorgar licencias de explotación y exploración minera.

Protegen ambiente

El alcalde de Sipacapa argumentó que la visión de De Frade es económica, pero que las comunidades no tienen interés en eso, sino en proteger sus recursos naturales. “Imagínense qué se va a hacer con el dinero en la bolsa, si los nacimientos de agua se secan”, enfatizó.

En nombre de las 11 municipalidades mencionadas, Temaj exigió que se respeten las consultas comunitarias.

Rubén Feliciano, representante de la comunidad indígena de San Marcos, expuso: “Aquí el porcentaje de regalías no es la solución; el problema es que Montana está dividiendo a la población, y eso va a causar un enfrentamiento entre hermanos”. Demandó que se respeten las consultas comunitarias, por considerarlas un derecho humano fundamental de los pueblos indígenas.

NOTA ORIGINAL


Piden intervención de organismos internacionales de derechos humanos por accionar minero


Es por minera Montana subsidiaria de la transnacional Goldcorp de Canadá. Ha manipulado a las fuerzas de seguridad y entidades del gobierno diciendo que las comunidades perjudican las operaciones en Mina Marlin. A partir del 2003 hasta la fecha se han cometido diferentes violaciones a los derechos de las comunidades. En días pasados se usaron las fuerzas la policía, unidades antimotines y carros del ejército para resguardar a trabajadores y la gerencia de Montana. Aparte de la intimidación del ejército, la policía nacional y privada sobre los comunitarios, su presencia es una violación a los Acuerdos de Paz.

Por Comunidades Afectadas por la Mina Marlin
San Miguel Ixtahuacán, San Marcos Guatemala, 12 de junio 2009.

COMUNICADO

A LA OPINION NACIONAL E INTERNACIONAL

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL MUNDO.


HACEMOS SABER:

Primero: Desde 1996 la empresa Montana subsidiaria de la transnacional Goldcorp de Canadá llegó y se instaló sin el consentimiento previo e informado de las comunidades mames de San Miguel Ixtahuacán San Marcos Guatemala violando de esta manera la vigencia del convenio 169 y otros preceptos jurídicos nacionales en materia de derechos de pueblos
indígenas.

Segundo: A partir del 2003 hasta la fecha se han cometido diferentes violaciones a los derechos de diferentes comunidades. Incrementándose la represión desde el 2007, al grado de criminalizar la legítima y pacifica resistencia de las comunidades, acusando infundadamente de terrorismo y otros cargos falsos, a 7 hombres en el 2007 y a 8 mujeres en el 2008.

Tercero: Desde hace 15 días la Empresa ha ingresado maquinaria en una comunidad llamada Saqmuj para hacer estudios de exploración lo que ha provocado el rechazo de la población al no ser respetados sus derechos. La oposición de la comunidad resulta por que uno de los manantiales que abastece de agua a esta comunidad no ha sido respetado por la empresa y también se está contaminando por la actividad de la empresa.

Cuarto: La Empresa Montana ha manipulado a las fuerzas de seguridad y entidades del gobierno diciendo que las comunidades perjudican las operaciones de la Empresa. El pasado miércoles 10 de junio, se usaron las fuerzas públicas de seguridad, 2 unidades de la policía nacional civil, una unidad de seguridad privada y 4 carros del ejército, para resguardar a trabajadores de la empresa. El día de ayer, jueves 11 de junio, 6 unidades de la policía nacional civil y dos unidades de antimotines se presentaron a resguardar la gerencia de Montana. Aparte de la intimidación que ejercen el ejército, la policía nacional y privada sobre los comunitarios, su presencia es una violación a los Acuerdos de Paz. A pesar de las intimidaciones y provocaciones, las comunidades sencillamente reclaman sus derechos inherentes, de una forma pacífica y respetuosa. Su lucha es por la vida.

POR LO TANTO DENUCIAMOS

1. La criminalización de la resistencia y lucha por sus derechos, de las comunidades y familias que exigen que no se contamine el manantial que les abastece de agua.
2. Los actos de incitación y provocación que realizan los trabajadores y gerentes de la empresa Montana, ya que incitan a la violencia.
3. La empresa Montana manipula a los dirigentes de las diferentes comunidades, quienes amenazan a la población si se oponen a la Mina.


PEDIMOS:


1. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su intervención para verificar las violaciones a los Derechos Humanos de las Comunidades y Familias afectadas.

2. A la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala, que verifique las violaciones a los Derechos Humanos de todas las comunidades afectadas por las actividades de la Mina Marlín de Montana Explotadora.

3. Al Señor Procurador de los Derechos Humanos y al Procurador Adjunto de Pueblos Indígenas, que verifique las distintas violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra la población de San Miguel.

4. Al Sr Presidente de la República , Sr Vicepresidente de la República , Sr Ministro de Energía y Minas y Sr Ministro de Medio Ambiente declarar lesivas la licencia minera vigente en San Miguel por todos los impactos negativos que ha generado esta empresa minera. Específicamente en la salud de los pobladores de San Miguel así como la ruptura de las relaciones sociales entre comunidades y líderes, debido a la cooptación de algunos de estos últimos. Además por el impacto negativo que genera en el medio ambiente, ya que los daños son irreparables.


COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINA MARLIN

PARROQUIA SAN MIGUEL

ASOCIACION ADISMI

PASTORAL JUVENIL DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN.

San Miguel Ixtahuacán, San Marcos Guatemala, 12 de junio 2009.

NOTA ORIGINAL

miércoles, 27 de mayo de 2009

Alcaldes de San Marcos rechazan minería y reducción de presupuesto

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los 21 alcaldes de San Marcos demandaron al presidente Álvaro Colom la cancelación de licencias para actividad minera en el país, la entrega de fertilizantes y le expresaron su rechazo a la disminución de recursos del situado constitucional.

Calles cerradas y presencia policial y militar en la vía pública de esa cabecera departamental se convirtieron en el telón de fondo de las actividades del programa Gobernando con la Gente, que reunió al mandatario con alcaldes y vecinos de la localidad.

Entre las denuncias presentadas se encontraban los cobros excesivos de la Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A., la tardanza en la entrega de fertilizantes y el recorte del situado constitucional, que afecta los ingresos y los programas de las comunas.

Contra la minería

Los asistentes también plantearon el cese de la actividad minera en el país.

Los argumentos contra esos trabajos fueron respaldados por pobladores de San Miguel Ixtahuacán, quienes pidieron que se cancele la licencia de explotación minera de la empresa Montana.

“Le solicitamos que declare lesivo ese contrato de la mina Marlin, puesto que socava los recursos naturales del municipio”, le expresó Feliciano Velásquez, vecino del referido municipio, a Colom.

Otro asunto prioritario en la agenda de trabajo fue el retraso en la entrega de fertilizantes.

Edilma Navarijo, alcaldesa de Ocós, pidió a los responsables del Programa de Desarrollo Rural que agilicen la entrega de los cupones de canje para sacos de abono.

“No puede ser que en algunos de nuestros municipios solo se han entregado 250 cupones”, denunció Navarijo, en nombre del resto de alcaldes de San Marcos.

Más recursos

Al hablar sobre el recorte del situado constitucional, los jefes ediles afirmaron que al restarles recursos de esa asignación ponen en riesgo inversiones en programas de infraestructura.

Colom aseguró que el Organismo Ejecutivo abrirá un fondo compensatorio para captar recursos financieros, por medio de donaciones de países amigos, y así proporcionar recursos a las municipalidades.

Al final de la tarde, representantes del Ejecutivo redactaron un acta con el compromiso de cumplir 53 demandas de los alcaldes.

NOTA ORIGINAL

Manifestantes denuncian daño por actividad minera

Por sandra valdez

Unas 250 personas originarias de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, marcharon ayer frente a edificios donde funcionan oficinas de organismos locales e internacionales, para dar a conocer su descontento con la minería, y piden el retiro de la empresa Montana Exploradora de ese municipio. Vea video

Los inconformes señalaron que debido a la mina han muerto tres personas, más de cien viviendas tienen daños, por las explosiones, y que están perdiendo sus caudales de agua.

“Somos campesinos, no delincuentes”; “Vida sí, minas no”; “Gota a gota el agua se agota”, y “No a la minería; sí a la vida”, eran consignas que gritaban los inconformes.

También criticaron a las autoridades municipales porque se pliegan a intereses de la minera.

Los inconformes se dirigieron a la 5a. avenida y 5a. calle, zona 10, donde se encuentra la sede de Montana Exploradora de Goldcorp.

La marcha se efectuó cuando en la capital se lleva a cabo una campaña publicitaria en la que se trata de convencer a la opinión pública de que la minería tiene beneficios, y el Legislativo se niega a discutir una nueva ley.

En una oficina de las Naciones Unidas, en la zona 10, los inconformes fueron recibidos por un oficial de esa organización internacional. Según Javier De León, dirigente de los manifestantes, se ofreció a seguir en contacto para hacer confirmar si se violaron sus derechos en ese municipio.

En la entrada del edificio dejaron la leyenda: “La minería mata. Fuera Goldcorp. Sí a la vida, no a la minería”. Luego se trasladaron a la sede de la Embajada de Canadá, en la zona 10, ya que Goldcorp es canadiense.

De León dijo que en Vancouver se reunieron ayer los accionistas de esa compañía, quienes “deben saber la realidad de lo que hacen”.

Leann R. McKechnie, embajadora de Canadá en Guatemala, dialogó con dirigentes de la marcha y les expresó: “Canadá ha recibido con satisfacción la noticia de que la sociedad y el Gobierno de Guatemala están trabajando en una propuesta para establecer un nuevo marco legal para la minería”.

Después, los descontentos se dirigieron a la Procuraduría de Derechos Humanos, donde Rolando Yoc, director de Mediación de Conflictos e Incidencia Política, escuchó sus demandas.

Douglas González, representante de la Gremial de Empresas Mineras, expresó: “Respetamos el derecho de manifestarse a favor o en contra, porque también han venido comunidades a solicitar que haya minas, incluyendo una comuna”.

Añadió que las denuncias de los inconformes no tienen base, porque a la fecha no hay ningún caso de contaminación ambiental, accidente laboral o industrial que esté documentado, y otros aspectos se dilucidan en los tribunales. NOTA ORIGINAL

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!