sábado, 3 de septiembre de 2011

Guatemala, el campo de pruebas de los laboratorios de Estados Unidos


Experimentos dirigidos por el doctor John Cutler

El doctor
            John Cutler haciendo experimentos con marines. | Carl Mydans
            | Foto de archivo
El doctor John Cutler haciendo experimentos con marines. | Carl Mydans | Foto de archivo
  • Los experimentos estaban respaldados por la Secretaría de Salud de EEUU
  • Dejaron 5.500 pacientes engañados, 1.300 infectados y 83 muertos
  • El doctor John Cutler envió cartas que desvelaron su macabra estrategia
  • 'Les decimos que es un suero, un doble discurso que me ayuda a ganar tiempo'
  • Cutler aplicó sus experimentos en soldados y niños de un orfanato
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Jacobo G. García | Ciudad de México
Actualizado miércoles 31/08/2011
El primer objetivo era, supuestamente, encontrar un país pobre, sin instituciones y sin servicios de salud, donde un señor con acento estadounidense, bata blanca y estetoscopio al cuello pudiera trabajar con libertad haciendo creer a todos que había llegado para curar. Eran los años 40 y el lugar ideal era Guatemala.
Después, poco a poco, se fue eligiendo a las prostitutas, preferentemente con muchos clientes y pocos escrúpulos. Después se escogió a soldados, pobres, huérfanos, locos, indígenas... y así cientos y cientos de personas víctimas de un experimento salido de los laboratorios de Estados Unidos, pero para ser probado entre los miserables de Guatemala.
En total, tal y como se conoció el lunes, fueron 1.300 infectados entre 1946 y 1948 en un masivo experimento detrás del que estaban la Secretaría de Salud del gobierno de EEUU y el siniestro doctor John Cutler, famoso también en Alabama por haber utilizado como 'conejillos de indias' a cientos de negros en el llamado experimento 'Tuskegee' en el que fallecieron más de un centenar de personas.
"Una monstruosidad", tituló este martes al diario PrensaLibre, el más importante de Guatemala al conocer los datos del experimento: 5.500 pacientes engañados, 1.300 infectados, 83 muertos. A ellas les inyectaban sífilis y gonorrea en el brazo y a ellos en el pene.
Barack Obama llamó a Álvaro Colom para pedirle perdón por hacer creer a la población que lo que parecía una vacuna para estudiar los efectos de la penicilina era en realidad una agresiva bacteria que primero destruye los tejidos blandos y los huesos, que después provoca insuficiencias cardiacas y ceguera, y finalmente llena el cuerpo de horribles llagas amarillas.
"Inicialmente se utilizó a prostitutas para que extendieran la enfermedad pero como no funcionó bien, se recurrió a los soldados y niños de un orfanato de la capital a los que se les inoculaba en los testículos con un pequeño raspado, que luego se ponía en contacto con secreciones sifilíticas", explicó meses atrás a ELMUNDO.es el doctor Carlos Mejía, miembro de la comisión que puso en marcha el gobierno guatemalteco para encontrar a posibles víctimas de los experimentos.
-¿Por qué entregan saliva a los doctores?
-Bueno porque además de buscar Sida, detectan gratis los casos de tuberculosis
-¿Gratis?
-Sí un servicio a la humanidad
-Por favor, las farmacéuticas nunca hacen nada gratis, dice la actriz Rachel Weisz poco antes de ser asesinada en la película 'El jardinero fiel' (2005, The constant gardener) cuando una larga fila de engañados africanos se deja explorar por una multinacional que ensaya con humanos antes de lanzar sus medicamentos al mercado. Un método que sesenta años antes ya se probaba en Guatemala y antes con los judíos en loscampos de concentración nazis.

El temible doctor Cutler

Lo que tampoco sabían los guatemaltecos es que detrás de este proyecto estaba John C.Cutler (1915-2003) jefe del programa de enfermedades venéreas del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y, años después, uno de los cerebros del conocido caso 'Tuskegee', uno de los episodios más funestos de la historia de la medicina.
Este gigantesco experimento clínico, que fue dirigido por el Servicio de Salud Pública desde 1930, engañó a cientos de hombres negros, pobres y analfabetos de Alabama que, sin saberlo, sirvieron durante años para estudiar los daños que la sífilis les iba causando.
La práctica se mantuvo hasta que en 1972 un colaborador filtró la información a un periodista. Habían fallecido 28 hombres de sífilis y otras 100 personas más por complicaciones relacionadas. El escándalo llegó al Congreso quien logró una indemnización millonaria para esposas, viudas y niños y hasta Cutler pudo ver, seis años antes de su muerte en 2003 como el presidente Bill Clinton pidió perdón públicamente por aquella aberración.
Pero como el 'thriller' de 'John Le Carré', en el que se basa la película, en esta historia también hay una heroína, que no viajó a Kenia, sino hasta la universidad de Pittsburgh. En los archivos de la biblioteca, la doctora Susan Reverby, descubrió que Guatemala fue durante la presidencia de H. Truman, el banco de pruebas de los científicos estadounidenses.

Hallazgo del experimento

"Estados Unidos buscaba un lugar donde pudiera encontrar gente ya infectada con esas enfermedades y en esa época, en Guatemala, era legal introducir prostitutas en las prisiones y en los cuarteles, lo que facilitó el estudio. EEUU encontró el lugar idóneo". "Abrí las cajas en buscaba de material para mi libro sobre 'Tuskegee' y esto es lo que había adentro. Me quedé impresionada con lo que encontré. Desde ese momento, comencé a redactar un informe sobre el nuevo caso", explicó en entrevista con este periódico.
En ese informe se señala que los médicos se habrían decidido por Guatemala, por la poca presencia de la enfermedad entre los habitantes y porque supuestamente las autoridades del país les habían asegurado que la sífilis era común entre los latinoamericanos. Ante la imposibilidad de ingresar a prostitutas en el hospital mental y la aparente resistencia de los reos a la enfermedad no le permitieron a Cutler seguir con sus experimentos en adultos, por lo que enfocaron los experimentos en el orfanato de la Ciudad de Guatemala.
Pero la profesora Reverby no sólo descubrió que se estaba inoculando enfermedades venéreas, sino también las malas artes empleadas tal y como se revela en las cartas que por aquel entonces intercambiaron John Cutler y R.C.Arnold, uno de sus colaboradores: "Les estamos explicando a los pacientes, salvo algunas excepciones, que el tratamiento es un nuevo suero, este doble discurso me ayuda a ganar tiempo", dice una de las misivas enviadas por Cutler.
"Una palabra del experimento a las personas equivocadas aquí en Guatemala o incluso en casa, podría hacer fracasar todo el proyecto o algunas partes de él", señala en otra de las cartas.
En definitiva, eran los años cuarenta, y Guatemala era un país miserable y sin instituciones donde un señor con acento estadounidense, bata blanca y estetoscopio al cuello podía hacer creer que había llegado para curar.
http://www.elmundo.es/america/2011/08/31/noticias/1314753306.html

Mano dura militar en Guatemala

OTTO PEREZ, ACUSADO DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, CANDIDATO Y FAVORITO

El general retirado contaba ayer con más del 40 por ciento de intención de voto para las elecciones del 11 de este mes. En las últimas horas se multiplicaron las suspicacias sobre los orígenes de los fondos para su campaña. Su rival, impugnada.
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Pérez Molina, de campaña en Ciudad de Guatemala. Sospechas de narcotráfico.
Un “gran gurú militar guatemalteco” con promesa de mano dura se apresta a asumir la presidencia de un país tomado por el crimen organizado. Bautizado así por un periodista local, el general retirado Otto Pérez Molina –sobre quien pesan denuncias por crímenes de lesa humanidad–contaba ayer con más del 40 por ciento de intención de voto para las elecciones del 11 de este mes. En las últimas horas se multiplicaron las suspicacias sobre los orígenes de los fondos para su campaña, excedidos en más de un millón de dólares del techo fijado por la ley. El Tribunal Supremo Electoral allanó el camino a la presidencia al líder del Partido Patriota (derecha) impugnando la candidatura de su principal contrincante. Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (centroizquierda), es la ex esposa del saliente Alvaro Colom, y el Tribunal sospecha que el divorcio fue una maniobra para sortear la prohibición que pesa sobre los familiares presidenciales para candidatearse.
Pérez Molina es un viejo conocido de Guatemala, ya que participó activamente en la campaña militar de contrainsurgencia en la década del ochenta. Organismos de derechos humanos acusan al principal candidato a presidente de Guatemala de perpetrar masacres en la región indígena de Nebaj durante esos años y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo responsabiliza por el asesinato de Efraín Bámaco, en 1992.
Pero lo más simbólico acaso sea su implicancia como autor intelectual y material del asesinato de Juan José Gerardi. El obispo publicó en 1998 la versión guatemalteca del Nunca Más, un informe de cuatro volúmenes que acusa al ejército de ser responsable por la mayoría de las muertes y desapariciones de al menos 200.000 personas. Dos días después fue muerto de una golpiza en el garaje de una parroquia.
El escritor guatemalteco-norteamericano Francisco Goldman llevó a cabo una investigación donde prueba que un testigo protegido señalaba a Otto Pérez Molina como el tercer asesino del obispo. El ex agente español de inteligencia que dirigía la investigación interna de la ONU, Rafael Guilamón, también aportó valiosa evidencia al libro.
Desde Nueva York, y en diálogo con Página/12, el autor de El arte del asesinato político (¿Quién mató al obispo?) se mostró desesperanzado por el panorama político de su país natal y describió este momento como de decadencia para una democracia joven y débil. El escritor no suscribe a la teoría de que el problema del crimen organizado se combata con más mano dura. “Si el problema de este país son las mafias, no hay que contratar a un mafioso. Eso sólo ofrece más violencia”, graficó Goldman.
El Tribunal Electoral Supremo dictaminó ayer que la campaña del Partido Patriota excedió en 1,3 el techo de 6,3 millones de dólares autorizado para el gasto en toda la campaña. En Guatemala, los partidos tienen un aporte del Estado, pero cuentan con carta blanca para financiamiento de donaciones de supuestos afiliados y amigos. Otto Pérez Molina se ha negado sistemáticamente a revelar quiénes fueron los financistas de su campaña excedida, lo que generó suspicacias acerca de los orígenes de esos fondos. Francisco Goldman apunta a las tradicionales familias guatemaltecas ligadas al narcotráfico. “Han estado atrás de todos los peores dirigentes políticos del país, los más reaccionarios. Con respecto a la historia del obispo Gerardi, fueron las mismas familias que promovieron libros y pistas falsas y utilizaron los programas de televisión para desinformar y proteger a los que cometieron el crimen. Cumplen el mismo papel año tras año. Apoyaron al conservador Oscar Berger (2004-2008) y van a apoyar a Pérez Molina”, sentencia Goldman.
Sus competidores directos en la contienda electoral del 11 de septiembre se encuentran 30 puntos por debajo de Otto Pérez Molina, lo que hace que los analistas hablen a las claras de lo que será una victoria casi segura. Ante la pregunta a Goldman sobre las razones de por qué buena parte de la sociedad está dispuesta a votar a un candidato con esos antecedentes, el escritor cree que el problema también radica en lo que hay enfrente. “Pérez Molina casi gana hace cuatro años. La verdad es que Guatemala no tiene buenos candidatos en el mundo político. El país cuenta con una infraestructura completamente involucrada en el crimen organizado. ¿Qué puede hacer cualquier político contra eso?”, se pregunta el autor con un manto de resignación. En un país en el que sólo en 2010 se produjeron 5960 casos de homicidio para una población de 14 millones de habitantes (una tasa aproximada de 41,5 asesinatos cada 100.000 personas), Pérez Molina promete comandar su guerra contra el sangriento cartel de Los Zetas. El militar los acusa de extorsionar, amenazar y secuestrar a la población indígena. Esa misma población que en los incipientes años de la década del ochenta sufrieron 20 masacres que terminaron con la vida de mil indígenas en la región de Nebaj, donde Otto Pérez Molina comandaba una base militar. Del mismo modo en que niega las acusaciones de la CIDH y evita revelar sus financistas, también desmintió a un ex embajador norteamericano que lo acusa de haber equiparado a las poblaciones indígenas con combatientes guerrilleros de extrema izquierda.
Informe: Juan Nicenboim.
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miércoles, 24 de agosto de 2011

GUATEMALA: Vecinos rechazan minería


Varias instituciones que trabajan en beneficio del medioambiente realizaron ayer, en San Rafael, Las Flores, Santa Rosa, un foro sobre “las verdades ocultas de la minería”

POR OMAR ARCHILA
Óscar Morales, del Comité de Defensa del Pueblo por la Vida contra la Minería, explicó que a la actividad asistieron 800 pobladores de San Rafael Las Flores y sus aldeas, y que la reunión “no tuvo ninguna tendencia política”, sino fue informativa.
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“El pueblo tiene derecho a ser informado y también tiene derecho a decidir. El pueblo de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, se siente burlado —porque no tienen información—, por lo que se acordó realizar la consulta municipal de vecinos”, expresó Yuri Melini, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social.
“Los vecinos rechazan la cercanía de una mina, pues aseguran que les afecta la salud, por la contaminación del aire, suelo y agua; esto, por los metales como el mercurio”, refirió.

domingo, 3 de julio de 2011

Candidata guatemalteca saluda cancelación de licencias mineras

Guatemala, 29 jun (PL) La candidata presidencial Sandra Torres saludó hoy la clausura del proyecto de extracción de hierro en la costa sur guatemalteca, por demostrar la anteposición de intereses de la población a los de ciertos grupos privilegiados.

  Torres se refiere en un comunicado a la cancelación de tres licencias concedidas para la explotación de ese mineral en playas del litoral del océano Pacífico, en los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu y Escuintla.

Antes de ser emitidos esos permisos deben ser siempre consensuados con la población que puede ser afectada, asegura la aspirante por la coalición Unidad Nacional de la Esperanza-Gran Alianza Nacional.

Las posiciones emanadas de las consultas populares realizadas en las comunidades donde se han impulsado proyectos de minería a cielo abierto deben ser tomadas en cuenta, enfatiza.

Reitera su compromiso con el respeto a la voluntad popular y la conservación del medio ambiente.

Los recursos naturales son de todas y todos, y somos los guatemaltecos los que prioritariamente debemos aprovecharlos, pero, sobre todo, administrarlos responsablemente, asevera.

La cancelación de las licencias a la empresa Tikal Minerals, subsidiaria de Maya Iron Corporation, por parte del Ministerio de Energía y Minas responde a que no venció procedimientos legales como la entrega de planes de trabajo y un estudio ambiental.

Según grupos ecologistas, el proyecto implicaba riesgos en varios sentidos para esa zona, entre ellos impedir el desove de tortugas, impacto negativo sobre el turismo, hundimientos e inestabilidad en el suelo, con beneficio económico ínfimo para esta nación.

La minería es ampliamente rechazada en Guatemala por las comunidades asentadas en los lugares de actividad, al argumentar serios daños a la salud y al medio ambiente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=301905&Itemid=1

jueves, 30 de junio de 2011

Vecinos de San José del Golfo marchan contra la minería



Niños, mujeres y hombres salieron a la calle principal de San José del Golfo para manifestar su negativa a la construcción de una mina de oro en ese municipio, la cual ya se inició. álvaro interianoPOR SANDRA VALDEZ
Rudy López, uno de los vecinos que encabezó la marcha, refirió que en octubre del 2010 la referida empresa presentó un estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente, en el que se presentaron documentos falsos.
Señaló que en el informe se afirma que supuestamente hicieron una consulta con la población y presentan nombres de vecinos del lugar que aparentemente están de acuerdo con la construcción de la mina.
Sin embargo, ninguno de los nombres consignados corresponden a pobladores de San José del Golfo, afirmó López.
El representante de los manifestantes comentó que aunque no existe un dictamen favorable, el plazo para el trámite ante el Ministerio de Energía y Minas ya terminó, por lo que la empresa acudió a un juzgado civil en busca de un juez que, sin mayor conocimiento en la materia, les brinde la autorización para la explotación.
Vecinos se unen
Los pobladores de San José del Golfo fueron acompañados durante la marcha por vecinos de San Pedro Ayampuc y Palencia, donde también se han autorizado licencias de exploración y explotación.
Los manifestantes pidieron, frente a la comuna de la localidad, que las autoridades municipales confronten la licencia de construcción con la edificación que la empresa lleva a cabo en el lugar, ya que consideran que la obra no corresponde con el proyecto autorizado.
Otros vecinos comentaron que esta es la primera vez que todo el pueblo se organiza para protestar en forma masiva, pues todos están de acuerdo con que no quieren a la empresa minera en ese municipio.
Los pobladores caminaron durante una hora, hasta llegar a la comuna.



Unas dos mil personas caminaron ayer por las calles de San José del Golfo portando mantas en las que expresaban su rechazo a la construcción de una mina de oro del proyecto El Sastre, de Exploraciones Mineras de Centroamérica. Rudy López, uno de los vecinos que encabezó la marcha, refirió que en octubre del 2010 la referida empresa presentó un estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente, en el que se presentaron documentos falsos. Comentó que aunque no existe un dictamen favorable, el plazo para el trámite ante el Ministerio de Energía y Minas ya terminó, por lo que la empresa acudió a un juzgado civil en busca de un juez que, sin mayor conocimiento en la materia, les brinde la autorización para la explotación. Los manifestantes pidieron, frente a la comuna de la localidad, que las autoridades municipales confronten la licencia de construcción con la edificación que la empresa lleva a cabo en el lugar, ya que consideran que la obra no corresponde con el proyecto autorizado. (Sandra Valdez. PL)http://www.i-dem.org/?p=66589

domingo, 22 de mayo de 2011

Rechazan proyectos mineros comunidades de Guatemala

Guatemala, 22 may (PL) Las poblaciones indígena y campesina continúan su rechazo a proyectos mineros en Guatemala, como indican hoy datos divulgados sobre una consulta realizada en Quiché.

  Según lo publicado, 27 mil 360 de los aproximadamente 47 mil 801 pobladores se pronunciaron en contra de lo previsto en inversiones de minería e hidroeléctricas en el municipio de Sacapulas, de aquel departamento con amplia presencia de los pueblos autóctonos.

Agua y tierra para los pueblos, no para las empresas, fue la consigna enarbolada por quienes dieron su opinión el pasado viernes, de acuerdo con el diario Prensa Libre.

Los sacapultecos somos inteligentes y estamos decidiendo en favor de qué futuro queremos dejar a nuestros hijos y nietos, dijo el alcalde Pedro Pu Turín, según el reporte.

Este añade una afirmación del Ministerio de Energía y Minas acerca de la existencia en esa zona de seis licencias para explotación minera de mármol, yeso y ceniza volcánica.

Además, hay un proyecto hidroeléctrico que abarcará ese municipio y otro de Quiché, así como uno del vecino departamento de Huehuetenango.

La consulta fue promovida por los miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, alcaldes auxiliares y la Coordinadora de Comunidades de Sacapulas en Resistencia y Defensa de los Recursos Naturales, señala el periódico.

En Guatemala son frecuentes las expresiones de rechazo a esos tipos de actividades por parte de los pueblos indígenas, inmensa mayoría entre el campesinado, debido a los daños ambientales y a la salud humana que conllevan.

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http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=290435&Itemid=1

viernes, 20 de mayo de 2011

Comunidades rechazan iniciativa para regular Convenio 169

Louisa Reynolds



Gobierno usa artimaña legal para limitar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos mineros e hidroeléctricos.

El 18 de febrero, el municipio maya mam de San Juan Ostuncalco, en el departamento altiplánico de Quetzaltenango, votó abrumadoramente contra siete licencias de exploración minera otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa canadiense Gold Corp, que empezó a producir oro en el 2005.

De 6,758 personas, incluidos niños, que participaron, sólo 30 votaron a favor de los proyectos mineros autorizados por el gobierno del presidente Álvaro Colom.

El plebiscito de San Juan Ostuncalco se llevó a cabo en solidaridad con otras dos comunidades mayas mam en Quetzaltenango —Cabricán y Huitán— que rechazaron licencias mineras en sendos referendos realizados en noviembre del año pasado.

Fue el 48º plebiscito llevado a cabo en Guatemala desde que el país ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1996.

El plebiscito de febrero fue organizado por las autoridades municipales usando cédulas de votación en las que estaba impresa la pregunta “¿Está de acuerdo con los proyectos mineros en San Juan Ostuncalco?” en lengua maya mam y los votantes debían marcar con una X en los recuadros Sí o No.

Otras comunidades eligieron usar formas tradicionales de voto tales como levantar la mano, debido al elevado nivel de analfabetismo en muchas zonas rurales.

Mash Mash, uno de los líderes del Consejo Maya Mam, explica que la población de San Juan Ostuncalco, Cabricán y Huitán temen que los proyectos mineros pongan en peligro los recursos acuíferos de las comunidades así como a los bosques locales y la vida silvestre.

La contaminación con cianuro de los ríos locales, explosiones que han provocado enormes grietas en las viviendas de los pobladores y la sistemática represión a los activistas locales opuestos a los proyectos mineros se han vuelto una constante en la vida diaria de las comunidades de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacan, en el norteño departamento de San Marcos, donde Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de Gold Corp, opera la controvertida mina Marlin.

Temiendo que otros proyectos desencadenen desastres similares a sus comunidades, las poblaciones indígenas han expresado reiteradamente su oposición a aquellos que de claramente son peligrosos para el medio ambiente y muestran poco respeto por el bienestar de la población local.

Sin embargo, ninguno de los plebiscitos llevados a cabo hasta ahora, de acuerdo con el Convenio 169, han sido legalmente vinculantes. El gobierno argumentaba que para que dicho acuerdo entrara en vigencia, primero debía aprobarse un reglamento que lo vincule con la Constitución.


Maniobra legal para recortar los derechos indígenasLa negativa de las autoridades a cumplir con el Convenio 169 de la OIT ha sido el punto focal de las protestas indígenas contra el gobierno de Colom y ha provocado la emisión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares a favor de las comunidades afectadas.

En respuesta, el gobierno presentó febrero un reglamento para permitir la entrada en vigencia del Convenio 169 a partir de ese mes.

Pero las organizaciones indígenas han planteado sus objeciones, principalmente porque ni siquiera fueron consultadas sobre la iniciativa. El gobierno entregó un borrador del documento sin tomar en cuenta a los líderes indígenas y luego colocó el documento —en castellano— en la página web del Ministerio de Trabajo dando un plazo de 30 días a los ciudadanos para que lo leyeran y presentaran sus objeciones.

Tal como lo señala la antropóloga Irmalicia Velásquez Nimatuj, es poco realista y culturalmente inapropiado esperar que las remotas comunidades mayas —muchas de las cuales no hablan castellano— que no tienen acceso a internet, descarguen el extenso documento y presenten sus objeciones por escrito en un plazo tan corto.

“El reglamento en ningún momento fue consensuado con los pueblos indígenas ni con la población ladina (mestiza) pobre en donde están operando empresas mineras e hidroeléctricas. Por eso desconocemos y rechazamos dicha iniciativa del gobierno”, dijo el Comité de Unidad Campesina (CUC) en un comunicado.

Además, el contenido del propio documento es controvertido.

El abogado Carlos Loarca, de la no gubernamental Oficina de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de Guatemala (OLEDH), quien luchó una larga batalla en los tribunales guatemaltecos a favor de las poblaciones de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán, explica que el Convenio 169 es un tratado internacional, lo cual significa que debería haber entrado en vigencia automáticamente cuando Guatemala lo firmó en 1996 sin necesidad de ningún reglamento, ya que estos sólo se aplican a leyes aprobadas por el Congreso guatemalteco.

“Si fuera necesario un reglamento para que un tratado entre en vigencia, ¿por qué no se les requirió para el caso de otros instrumentos internacionales tales como el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio?”, preguntó.

Loarca agrega que las diferentes instituciones gubernamentales han emitido declaraciones contradictorias y confusas sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

De hecho, una carta enviada por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos a la CIDH en respuesta a su más reciente medida cautelar en relación a la violación de los derechos indígenas en Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán de noviembre del año pasado, dice que “el Convenio 169 se ha convertido en ley de aplicación nacional a partir de su ratificación”.

Si este fuera el caso, sostiene Loarca, ¿por qué el Ministerio de Energía y Minas se ha negado reiteradamente a reconocer los plebiscitos indígenas como legalmente vinculantes argumentando que era necesario aprobar un reglamento?

La Corte de Constitucionalidad también ha emitido fallos contradictorios. En julio del 2009 estableció que los estudios de impacto ambiental llevados a cabo por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales deben incluir la consulta a las comunidades indígenas en cumplimiento con el Convenio 169.

Sin embargo, en un fallo posterior, de diciembre del 2009, relacionado a un plebiscito llevado a cabo por el municipio de San Juan Sacatepéquez en el cual la población maya kaqchikel votó mayoritariamente contra la construcción de una fábrica de producción de cemento en el área, la Corte de Constitucionalidad declaró que las consultas sólo juegan un “papel accesorio” en la elaboración de los estudios de impacto ambiental.

Cuando se le preguntó recientemente al presidente Colom sobre este controvertido tema, el mandatario respondió que “no se pueden hacer consultas a diestra y siniestra sin un orden”, en el sentido de que el Convenio 169 debe ser aplicado bajo los términos del gobierno, no de las comunidades indígenas.

Para los líderes indígenas esto es claramente inaceptable.

“Con la imposición de dicho reglamento, no sólo se violan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino que también se violan e interpretan los convenios internacionales a favor del gobierno y de la empresas exploradoras y explotadoras de nuestros recursos naturales”, afirmó la CUC. 
—Noticias Aliadas.

http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6382

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!