GUATEMALA: comunicado flores en resistencia san juan sacatepequez NO MINERIA

Pueblo Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez exige suspender minería en su territorio.
Señala q la Consulta es un DERECHO de los Pueblos Indígenas en su territorio.

ESTA TIERRA ES NUESTRA

ESTA TIERRA ES NUESTRA

COMUNICADO DE LAS COMUNIDADES DE TZALBAL

MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ

 Tzalbal, 6 de octubre de 2011

Dirigido a:

Comunidades de Nebaj, Chajul, Cotzal y a otros municipios vecinos

A la Municipalidad de Nebaj

A la Comunidad Nacional e Internacional

Al Gobierno de la República de Guatemala

Al Congreso de la República de Guatemala

A la Corte Suprema de Justicia

A la Corte de Constitucionalidad

Al Ministerio Público

A la Comisión Internacional de Juristas

Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala

Al Fondo de Tierra

El día 3 de mayo del año 2011, se presento ante las autoridades de la aldea Tzalbal, municipio de Nebaj, un delegado del Fondo de Tierra para explicarnos que las aldeas de la microregión Tzalbal estaban viviendo sobre tierra del Estado, porque su tierra había sido nacionalizada para el año 1984. Nosotras, las comunidades de esta microregión comenzamos a estudiar colectivamente, que íbamos a hacer y como era el camino de este problema que se nos presenta.

Fue entonces que comprendimos que las raíces de este problema están sembradas a partir de la creación del Decreto No. 60-70 del Presidente de la República General Carlos Arana Osorio en el año 1970, por medio del cual “Se declara de Interés Público y Urgencia Nacional, el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en el área comprendida dentro de los municipios de: Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Nentón, Jacaltenango, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas en Huehuetenango; Chajul y San Miguel Uspantán en el Quiché; Cobán, Chisec, San Pedro Carchá, Lanquín, Senahú, Cahabón, Chahal en Alta Verapaz y la totalidad del de Izabal.”

Para el año 1982, según la memoria colectiva de nuestras comunidades, todas nuestras aldeas habían sido destruidas, perseguidas y la mayoría de la población del municipio de Nebaj había sido desplazada. Fue entonces que el INTA junto al Ejército comenzaron a medir nuestras tierras.

El día 2 de noviembre del año 1983 el Presidente defacto General Oscar Humberto Mejía Victores, emitió el Decreto Ley No. 134-83, acordando la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo de San Juan Acul, Salquil, Amajchel, Tzalbal, Río Azul, Actxumbal, y las aldeas de la jurisdicción de Playa Grande en el departamento de Quiché. Quedando como integrantes de dicha Comisión diversas dependencias del Sector Público y en las labores de supervisión y evaluación de los programas que se ejecuten, la Comandancia de la Zona Militar No. 20 con sede en Santa Cruz, El Quiché y la Zona Militar No. 22, Playa Grande, quienes informarán por el conductorespectivo a la Jefatura de Estado.

En base a este Decreto Ley, el Presidente General Mejía Victores, acordó el asentamiento fijo para las aldeas modelo, levantamiento de medidas topográficas, levantamiento de planos y su adjudicación.

Sobre estas bases, el Ejército e INTA por la fuerza de las armas, nacionalizaron 33 caballerías de tierra de la aldea de Tzalbal el día 11 de mayo de 1984, quitándonos a nosotros propiedad de las mismas y pasándolas a propiedad de Bienes de la Nación.

Teniendo ahora nosotros los documentos en mano, vemos que lo que hicieron fue que de la finca número 3,022, folio 260, libro 16 del Departamento de Quiché correspondiente al título ejidal del municipio de Santa María Nebaj y vecinos, le fueron desmembradas 33 caballerías, 8 manzanas, 3,560.80 varas cuadradas para conformar la finca número 8,694, folio 92, libro 29 para adjudicar al libro del Departamento de Bienes de la Nación, denominado la finca Tzalbal, el 11 de mayo del año 1984.

Reunidos hoy en asamblea general las comunidades de Parramos Grande, Parramos Chiquito, Xoloche, Canaquil, Batzsuchil, Laguna Tzalbal, Tzijulché, Vipecbalam, Xecoxo, Corralcay, Janlay, Tzalbal Centro, Chuché,

manifestamos:

Que esta tierra es nuestra y que es la voluntad de todas nuestras comunidades denunciar públicamente ante el gobierno actual, ante la comunidad nacional e internacional, el robo de nuestras tierras que hicieron el Ejército y el INTA, por la fuerza de las armas y basándose en decretos leyes que ellos mismos establecieron.

Exigimos al Gobierno y al Congreso de la República la anulación de los Decretos Ley número 60-70 y 134-83, vigentes hasta el día de hoy, por ser decretos e instrumentos del robo de tierra de los campesinos en el norte de la República.

Exigimos al Fondo de Tierra la devolución inmediata de nuestras tierras, sin ningún tipo de condición, sabiendo que nuestras tierras fueron nacionalizadas por la fuerza de las armas en nuestra ausencia y que durante 28 años ocultaron esta información a todos los propietarios de las mismas.

No queremos que nos devuelvan la tierra en forma condicionada, ni bajo figuras jurídicas que limiten nuestras propiedad a las mismas. Es decir, nos quitaron nuestras propiedades privadas y comunales en el año 1984, se firmó la paz en el 1996 y todavía no nos han devuelto el derecho constitucional que tenemos a poseer la tierra en la que nacimos, vivimos y defendimos.

Pedimos a las instituciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales del país, que nos ayuden a hacer pública esta denuncia en Guatemala y que nos ayuden a extenderla a toda la comunidad nacional e internacional.

Agua y tierra para los pueblos, no para las empresas.

Firmado por las comunidades de Parramos Grande, Parramos Chiquito, Xoloche, Canaquil, Batzsuchil, Laguna Tzalbal, Tzijulché, Vipecbalam, Xecoxo, Corralcay, Janlay, Tzalbal Centro,Chuché Tzalbal, el 6 de Octubre 2011

Se acentúan problemas generados por explotación minera

Los pobladores de Huehuetenango han organizado 28 consultas comunitarias, cuyo resultado es la oposición a incrementar las actividades mineras en el área.

Aunque pobladores de Huehuetenango y San Marcos se oponen a las actividades mineras en el departamento, las autoridades gubernamentales justifican el otorgamiento de licencias.
Entidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos de Occidente esperan que la Corte de Constitucionalidad (CC) en definitiva dicte un fallo en favor de las consultas comunitarias en torno al tema, expresa Ana Martín, vecina de la etnia mam.
Desde el 25 de julio de 2006, diversas organizaciones comenzaron un movimiento para proteger sus recursos naturales denominado “Defensa del Territorio”, e identificaron como amenazas las licencias mineras de exploración y explotación otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas a empresas nacionales y extranjeras así como los megaproyectos e hidroeléctricas.

Colotenango, San Juan Atitlán, Todos Santos Cuchumatán, Santiago Chimaltenango y Concepción Huista, Huehuetenango, fueron los primeros en organizar consultas comunitarias. Sus pobladores aseguran que los fundamentos legales para efectuar estas actividades descansan en el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo OIT, la Constitución, el Código Municipal y leyes como la descentralización.
A la fecha suman 28 consultas comunitarias en Huehuetenango con una participación de 373 mil 980 pobladores, quienes han dicho no a estas actividades impulsadas desde las administraciones de Álvaro Arzú hasta la de Álvaro Colom.

Unos cuantos

El viceministro de Minería e Hidrocarburos, Ricardo
Pennington cree que la minería ofrece desarrollo y que ninguna otra empresa podrá sacar a las comunidades del subdesarrollo en el que se encuentran. Asegura que las consultas en rechazo a esta actividad han sido promovidas “por unos cuantos que actúan por desconocimiento o mala intención y dirigen a los pobladores de las comunidades para que se manifiesten de forma negativa”.

El funcionario informa que esa cartera ha autorizado para Huehuetenango 26 licencias de explotación de minerales y 16 de exploración, las cuales por ley tienen una vigencia de 25 años con posibilidades de una prórroga por otros 25 años.
Agrega que la minería moderna realiza actividades con las más estrictas normas de protección del medio ambiental y sus estudios de impacto ambiental son revisados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que vela por la protección de los recursos naturales. “Nos preocupa que las comunidades solo reciban información alejada de la verdad porque las compañías destinan fuertes cantidades de dinero para reforestación y preservación de los recursos naturales”, asegura  Pennington.

Mujeres, presentes

Lolita Chávez del Movimiento Quiché enfatiza la participación de la mujer en estas acciones. “Una clara muestra del interés por mantenerse en pie de lucha se ha reflejado en el 54.9 por ciento de participación en las consultas contra un 44.1 por ciento de presencia de hombres en las votaciones a mano alzada que se han realizado en los 28 municipios donde se ejecutan estos proyectos”, dice.

Francisco Mateo Morales, de la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango, asegura que el movimiento se ha fortalecido, de esa cuenta se han realizado procesos de consulta en departamentos como San Marcos, Quetzaltenango y Quiché con los cuales se ha podido llevar a cabo consultas comunitarias, que suman 58 procesos a nivel de occidente con la participación de más de un millón 500 mil guatemaltecos.
Los grupos tratan que el gobierno de Colom ponga en vigencia un reglamento creado por medio de un acuerdo gubernativo que busca “regular” las consultas y que según su análisis beneficiará a las empresas que buscan explotar los recursos naturales en el país.

Apunta que en el Consejo de Pueblos de Occidente que aglutina diversas organizaciones sociales y campesinas en defensa del territorio se ha encontrado apoyo con asesores para rechazar el reglamento, razón por la cual, incluso se han realizado bloqueos de carreteras, ocupación de edificios públicos y sobre todo se mantiene un proceso de negociación con los campesinos para evitar que termine en un estallido social. “El mensaje es claro: el territorio no se vende ni se negocia, se ha dicho no a la minería y se va a defender a toda costa”, puntualiza Mateo.

Se intentó contactar por la vía telefónica a Napoleón Rodríguez,  asesor técnico de la Cooperativa de Producción Juventud Minera en la aldea El Torlón, Chiantla, pero no respondió a las llamadas.  Se trata de una mina artesanal de plomo y zinc.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20111008/ciencia/202017/

Gobierno pretende elevar regalías de mineras operando en Guatemala

Guatemala, 7 oct (PL) Con la próxima presentación de una propuesta de Ley de Minería el gobierno de Guatemala pretende obtener mayores regalías de las compañías de ese rubro con actividad en el país, informa hoy un diario local.

  Según Siglo.21, la iniciativa debe quedar concluida la semana próxima en el Gabinete Económico para después seguir los trámites habituales hasta llegar al Congreso de la República.

La nota se remite a lo expuesto la víspera por el ministro de Finanzas Públicas, Rolando del Cid, ante la Comisión de Finanzas del órgano legislativo.

El objetivo es que las empresas mineras paguen al país un porcentaje mayor de gravámenes por sus producciones, aunque el funcionario no especificó el monto de ese aumento.

Las regalías se determinan mediante declaración jurada del volumen del producto minero comercializado, con base en el valor de cotización en mercados internos o en bolsas internacionales.

Se liquidan y pagan anualmente ante el Estado y la municipalidad donde radica la compañía, de acuerdo con la norma de la Superintendencia de Administración Tributaria.

lac/jf
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=366455&Itemid=1

Minería da bajo aporte

La actividad minera en San Marcos contribuye poco al desarrollo del país y representa un alto riesgo para las comunidades cercanas a la mina Marlin, señala el estudio de una universidad de Estados Unidos, mientras Montana-Goldcorp afirma que es una empresa responsable.

Leonardo Stanley, Anabella Sibrián y Raúl Mass, durante la presentación del informe sobre minería en San Marcos.1 de 1

POR ALBERTO RAMÍREZ

Leonardo Stanley, investigador del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente, de la Universidad de Tufts, Massachusetts, EE. UU., presentó ayer el estudio Buscando oro en el altiplano de Guatemala: beneficios económicos y riesgos ambientales de la mina Marlin.

La investigación destaca que el país recibe solo el 42 por ciento de los ingresos de la mina, lo cual está por debajo de las mejores prácticas mineras, mientras el riesgo ambiental para las comunidades es muy alto.

Mario Marroquín, director ejecutivo de la empresa, expresó: “Montana reitera la política de transparencia en todas sus operaciones. Nos esforzamos por la mejora continua por proteger el ambiente y por la seguridad de colaboradores y comunidades. Somos ciudadanos corporativos responsables, comprometidos con el desarrollo sostenible de las comunidades”.

http://www.prensalibre.com/noticias/Mineria-da-aporte_0_566343389.html

DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS DE IXIMULEW “REFLEXIÓN, DENUNCIA y PROPUESTA”

Nosotros y nosotras, abuelos y abuelas, hombres y mujeres, niños y niñas de los diferentes pueblos que habitamos las diferentes regiones de Guatemala, reunidos en Chwimeq'ena', al Pueblo de Guatemala, a los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Municipalidades, Instituciones Internacionales y Medios de Comunicación, manifestamos:

1) El 23 de diciembre del año 1994, la Asamblea general de las Naciones Unidas, decide declarar el 9 de agosto como "Día internacional de los pueblos indígenas". Sin embargo, los pueblos originarios somos milenarios, hemos existido y luchado en el transcurso del tiempo por nuestros derechos; por tanto; todo reconocimiento de derecho internacional relacionado a los pueblos indígenas ha sido resultado de movilizaciones permanentes, luchas y reivindicaciones de nuestras hermanas y hermanos del mundo entero.



2) El Estado de Guatemala, ha violentado permanentemente todos los compromisos asumidos a nivel internacional en materia de derechos humanos y derechos específicos de nuestros pueblos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues sin consulta previa, con engaños, manipulaciones, compra de voluntades y el discurso del falso desarrollo; ha concesionado nuestros territorios a empresas nacionales y transnacionales, permitiendo una nueva ocupación y despojo de nuestros territorios, como hace 518 años sucedió con la invasión española.

3) Como efecto de esta nueva ocupación está provocando en las comunidades conflictividad, muerte, represión, desalojo y división, con lo cual se incrementa la pobreza y extrema pobreza; un modelo económico que lo único que nos ha dejado es la contaminación, el consumismo, la dependencia económica, agresiones a nuestra identidad y cosmovisión como pueblos.

4) Aún así, desde los tiempos de la invasión española y los diferentes gobiernos nacionales que han existido; los pueblos Mayas, Garífuna, Xinkay Mestizo de Guatemala han resistido, se han movilizado y defendido sus territorios.

En consecuencia, hoy 9 de agosto, los pueblos que habitamos Guatemala, no tenemos nada que celebrar, ni conmemorar; hoy estamos reflexionando sobre la situación de nuestros territorios, denunciando las violaciones a nuestros derechos y replanteando nuestras luchas y posicionamiento político frente a esa situación:



Por tanto, responsabilizamos directamente al gobierno de Guatemala, a las empresas nacionales y transnacionales como los provocadores de los conflictos y enfrentamientos, el rompimiento de la paz y la armonía que caracteriza a nuestros pueblos.

Por lo tanto, DECLARAMOS:

• Luchar articuladamente y desde los pueblos para defender y recuperar nuestros
territorios y hacer valer nuestros derechos colectivos.

• Romper con nuestras divisiones y buscar mayor organización a partir de nuestras
bases.

• Avanzar en la construcción de un proyecto propio, un nuevo modelo de vida, desde
los pueblos, para replantear este Estado Racista, Colonizador e impuesto y ajeno
a nuestros pensamientos.

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ANALISIS POLÍTICO DEL PROCESO ELECTORAL 8

En el período correspondiente a la primera vuelta electoral, que concluyó el 11 de septiembre, por mandato del Comité Ejecutivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), hicimos un llamamiento al voto castigo de los familiares y amistades de los migrantes, que consistía en no votar por partidos políticos que habían engañado o traicionado a los migrantes. Para ser honestos, no podemos medir el impacto de nuestra petición y, por consiguiente, no sabemos qué tanto le restamos votos a dichos partidos. Lo que sí quedó claro es que en el futuro no dejaremos pasar sin costo las acciones negativas de los partidos políticos hacia nosotros los migrantes. Se darán cuenta ellos de que nuestro peso no está solamente en las remesas que enviamos sino en el compromiso total que tenemos para apoyar las causas justas en Guatemala y otras partes.

Nos encontramos en la segunda vuelta. La decisión a tomar es ahora entre dos candidatos: Manuel Baldizón, de LIDER, y Otto Pérez, del Patriota. Ninguno de los dos ha respondido adecuadamente a los planteamientos de los migrantes, si bien Baldizón enmendó la plana a tiempo. Los dos partidos nos fallaron en cuanto a permitir el voto de los guatemaltecos en el extranjero; pero Pérez actuó peor, al conseguir, vía el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad, con los que tiene estrechas relaciones, que nuestro voto se pospusiera para el 2015. Ninguno de los dos partidos hizo nada por conseguir el estatus de protección temporal (TPS) o la disminución significativa de las deportaciones de guatemaltecas y guatemaltecos de los Estados Unidos; a sus ojos y cerradas mentes, lograr eso, que aliviaría la situación de cientos de miles de connacionales, iba a ser capitalizado política y electoralmente por la UNE. Mezquinas posiciones de ambos.

En la etapa final de la campaña, ambos candidatos fueron invitados a un Foro con migrantes en Los Ángeles, California, y ni aceptaron ni presentaron excusas, despreciando el esfuerzo de las organizaciones de migrantes. Similar invitación les cursó la MENAMIG para un evento en la ciudad de Guatemala. Pérez ignoró el evento y Baldizón se hizo presente. Se le debe reconocer que no solamente asistió sino que también llevó propuestas interesantes para apoyar a los migrantes.

Los migrantes nada podemos esperar del Partido Patriota. No ha hecho nada en 8 años de ser fuerza política y no hará nada en el futuro. Por lo anterior, sin hacernos muchas ilusiones de que Baldizón responda a las necesidades de los migrantes, sí tenemos que afirmar, como migrantes y como RPDG, que la mejor decisión para el 6 de noviembre es votar por Manuel Baldizón y Raquel Blandón.

La RPDG frente a la segunda vuelta de las elecciones de 2011

Hay muchas lecciones a aprender de la primera vuelta en las elecciones de 2011. Un análisis primario de los resultados indicaría que la crisis del Estado guatemalteco se ha profundizado. Tres órganos del Estado –el TSE, la CC y la Corte Suprema de Justicia—incumplieron sus mandatos o se inmiscuyeron en asuntos que no les correspondían, en pleno abuso de poder, cayendo en la politización partidaria. El sistema de partidos políticos mostró de nuevo su incapacidad de proponer recambios positivos para el país, quedando en evidencia su falta de legitimidad y el rechazo de la ciudadanía al Congreso y al PARLACEN. Sin importar quién gane la segunda vuelta, el nuevo presidente gozará con poco respaldo ciudadano (no más del 30% real) y político (Congreso dividido). Igualmente, quienquiera que resulte presidente tendrá muy poca estatura internacionalmente, aparte de que una victoria de Otto Pérez cerraría las puertas de la cooperación internacional y bloquearía la aceptación de Guatemala en el concierto de las naciones.

Es indudable que los sectores de izquierda y populares tuvieron un pobre desempeño. En tanto no se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el proceso electoral seguirá siendo un gran mercado dominado por los grandes capitales, sean lícito o ilícitos. En ese bazar, los sectores progresistas tienen pocas posibilidades de hacer impacto. Si bien es cierto que el TSE le apuntó muy particularmente al Frente Amplio para sus arbitrariedades –dejar fuera de la elección a numerosos candidatos importantes e intentar despojarlo de la diputación de Huehuetenango—hay que reconocer que la izquierda y los sectores populares también tenemos responsabilidad por los resultados. Faltó unidad. En primer lugar, se tuvo la absurda separación entre partidos políticos y movimiento social, que debió haberse corregido, oportunamente. Resulta ilógico que contando con más de 50,000 militantes de los tres partidos y medio –ANN, URNG-MAÍZ, Winaq y MNR—se hayan obtenido poco más de 150,000 votos. Eso significa que cada militante logró el respaldo de solamente 2 votantes. Desde luego en la izquierda, desde la social-democracia hasta sectores de izquierda revolucionaria, se dieron posiciones que fueron desde la abstención y el voto nulo hasta la participación con otras fuerzas políticas. Entre éstas hay que señalar al pequeño grupo que se mantuvo con Colom y Sandra desde 1999 y que ha tratado de presentar a la UNE como “partido de izquierda”, sin que eso haya sido cierto. La RPDG ha planteado reiteradamente la necesidad de una jornada de reflexión para la izquierda y los sectores populares y hemos propuesto que se realice a finales de octubre. Es un necesario primer paso para la autocrítica y la crítica constructiva.

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