Nuevas autoridades se oponen a minería

Cinco alcaldes electos de Huehuetenango y el delegado de otro firmaron un compromiso con sus comunidades para no autorizar la explotación minera e hidroeléctrica dentro de sus municipios.

Decenas de vecinos participan en el acto antiminero, que se llevó a cabo a un costado del templo católico de Jacaltenango.

POR MIKE CASTILLO

El acuerdo se llevó a cabo durante una reunión de vecinos de varias comunidades de los cinco municipios, que se llevó a cabo en Jacaltenango.

El documento fue firmado por Euler Matamoros, alcalde electo de Santa Ana Huista; Rafael Jacinto, de Concepción Huista; Rafael Cruz, de Nentón; Mario Silvestre, de Jacaltenango; y Marco Aurelio Alonzo, de Unión Cantinil.

Manuel Martín Sánchez, de San Antonio Huista, no se presentó, pero envió un delegado.

Francisco Morales, de la Asamblea Departamental por la Defensa del Territorio, indicó que ese compromiso es parte de las actividades conmemorativas del tercer aniversario de la declaratorio de esa región libre de minería, tras concluir las consultas comunitarias, que iniciaron en julio del 2006.

Señaló que se oponen al modelo que el Gobierno busca imponer en los pueblos a través de la explotación de los recursos naturales. “Defendemos la vida frente a la destrucción que trae la minería, como ocurre en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos”, indicó.

Gaspar López, de la asociación Red Huista, dijo que buscan la organización de los vecinos contra las licencias mineras que otorga el Gobierno.

María Guadalupe, de la organización Mamá Maquín, dijo que la participación de las mujeres le ha dado solidez a la lucha contra la explotación de recursos naturales.

En la concentración estuvo presente Ramiro Barriga, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, quien dijo que respalda el acuerdo, porque es necesario fortalecer la unión de las comunidades y sus recursos, ya que cuando estas son despojadas de estos, vulneran sus derechos colectivos.

http://www.prensalibre.com/huehuetenango/Nuevas-autoridades-oponen-mineria_0_574142621.html

Tierra y poder

La nueva oleada de acuerdos sobre tierras no es la inversión en

agricultura que millones de personas esperaban. Las personas

más pobres son quienes más sufren cuando se intensifica la

competencia por la tierra. Las investigaciones de Oxfam

demuestran que la población local suele salir perdiendo frente a

las élites locales y a los inversores nacionales o extranjeros, ya

que carece de poder para hacer valer sus derechos y defender sus

intereses eficazmente. Las empresas y los gobiernos deben

adoptar urgentemente medidas para que se respete el derecho a

la tierra de las personas que viven en la pobreza. Además, si se

espera que las inversiones contribuyan a mejorar la seguridad

alimentaria y los medios de subsistencia de las personas en lugar

de minarlos, las relaciones de poder entre los inversores y las

comunidades locales tienen que cambiar.

bajarse informe

Plantaciones y despojo en Guatemala

Estimadas amigas y amigos,

Por este medio queremos compartirles la investigación "Plantaciones agro-industriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del siglo XXI". Recién publicado, se trata de un trabajo sobre la economía, la ecología y la sociología política de la expansión de plantaciones agro-industriales en Guatemala durante la primera década del s. XXI, que creemos puede generar informaciones útiles también para otros contextos de expansión de plantaciones de palma aceitera y de caña de azúcar.

Un abrazo solidario,

Alberto Alonso-Fradejas
Responsable de Estudios
Instituto de Estudios Agrarios y Rurales
CONGCOOP
Guatemala
a.alonso@congcoop.org.gt
altitumir@yahoo.es

Plantaciones_y_despojo-Guatemala-sXXI.pdf

GUATEMALA: Casillas, Santa Rosa NO minería química de metales en municipio

Adjunto copia de la publicación del día de  hoy en el Diario de Centro América, donde consta que CASILLAS, SANTA ROSA dijo no a la minería química de metales en todo su territorio y jurisdicción municipal.

 

Guatemala tiene derechos.

La patria no se alquila, ni se vende.

 

Saludos,

 

Dr. Yuri Giovanni MeliniDirector Generaldireccion@calas.org.gt Centro de Acción Legal - Ambiental y Social de GuatemalaAvenida Mariscal No. 13-59, zona 11 Colonia Mariscal C.P. 01011 Ciudad de Guatemala Guatemala

GUATEMALA: comunicado flores en resistencia san juan sacatepequez NO MINERIA

Pueblo Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez exige suspender minería en su territorio.
Señala q la Consulta es un DERECHO de los Pueblos Indígenas en su territorio.

ESTA TIERRA ES NUESTRA

ESTA TIERRA ES NUESTRA

COMUNICADO DE LAS COMUNIDADES DE TZALBAL

MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ

 Tzalbal, 6 de octubre de 2011

Dirigido a:

Comunidades de Nebaj, Chajul, Cotzal y a otros municipios vecinos

A la Municipalidad de Nebaj

A la Comunidad Nacional e Internacional

Al Gobierno de la República de Guatemala

Al Congreso de la República de Guatemala

A la Corte Suprema de Justicia

A la Corte de Constitucionalidad

Al Ministerio Público

A la Comisión Internacional de Juristas

Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala

Al Fondo de Tierra

El día 3 de mayo del año 2011, se presento ante las autoridades de la aldea Tzalbal, municipio de Nebaj, un delegado del Fondo de Tierra para explicarnos que las aldeas de la microregión Tzalbal estaban viviendo sobre tierra del Estado, porque su tierra había sido nacionalizada para el año 1984. Nosotras, las comunidades de esta microregión comenzamos a estudiar colectivamente, que íbamos a hacer y como era el camino de este problema que se nos presenta.

Fue entonces que comprendimos que las raíces de este problema están sembradas a partir de la creación del Decreto No. 60-70 del Presidente de la República General Carlos Arana Osorio en el año 1970, por medio del cual “Se declara de Interés Público y Urgencia Nacional, el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en el área comprendida dentro de los municipios de: Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Nentón, Jacaltenango, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas en Huehuetenango; Chajul y San Miguel Uspantán en el Quiché; Cobán, Chisec, San Pedro Carchá, Lanquín, Senahú, Cahabón, Chahal en Alta Verapaz y la totalidad del de Izabal.”

Para el año 1982, según la memoria colectiva de nuestras comunidades, todas nuestras aldeas habían sido destruidas, perseguidas y la mayoría de la población del municipio de Nebaj había sido desplazada. Fue entonces que el INTA junto al Ejército comenzaron a medir nuestras tierras.

El día 2 de noviembre del año 1983 el Presidente defacto General Oscar Humberto Mejía Victores, emitió el Decreto Ley No. 134-83, acordando la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo de San Juan Acul, Salquil, Amajchel, Tzalbal, Río Azul, Actxumbal, y las aldeas de la jurisdicción de Playa Grande en el departamento de Quiché. Quedando como integrantes de dicha Comisión diversas dependencias del Sector Público y en las labores de supervisión y evaluación de los programas que se ejecuten, la Comandancia de la Zona Militar No. 20 con sede en Santa Cruz, El Quiché y la Zona Militar No. 22, Playa Grande, quienes informarán por el conductorespectivo a la Jefatura de Estado.

En base a este Decreto Ley, el Presidente General Mejía Victores, acordó el asentamiento fijo para las aldeas modelo, levantamiento de medidas topográficas, levantamiento de planos y su adjudicación.

Sobre estas bases, el Ejército e INTA por la fuerza de las armas, nacionalizaron 33 caballerías de tierra de la aldea de Tzalbal el día 11 de mayo de 1984, quitándonos a nosotros propiedad de las mismas y pasándolas a propiedad de Bienes de la Nación.

Teniendo ahora nosotros los documentos en mano, vemos que lo que hicieron fue que de la finca número 3,022, folio 260, libro 16 del Departamento de Quiché correspondiente al título ejidal del municipio de Santa María Nebaj y vecinos, le fueron desmembradas 33 caballerías, 8 manzanas, 3,560.80 varas cuadradas para conformar la finca número 8,694, folio 92, libro 29 para adjudicar al libro del Departamento de Bienes de la Nación, denominado la finca Tzalbal, el 11 de mayo del año 1984.

Reunidos hoy en asamblea general las comunidades de Parramos Grande, Parramos Chiquito, Xoloche, Canaquil, Batzsuchil, Laguna Tzalbal, Tzijulché, Vipecbalam, Xecoxo, Corralcay, Janlay, Tzalbal Centro, Chuché,

manifestamos:

Que esta tierra es nuestra y que es la voluntad de todas nuestras comunidades denunciar públicamente ante el gobierno actual, ante la comunidad nacional e internacional, el robo de nuestras tierras que hicieron el Ejército y el INTA, por la fuerza de las armas y basándose en decretos leyes que ellos mismos establecieron.

Exigimos al Gobierno y al Congreso de la República la anulación de los Decretos Ley número 60-70 y 134-83, vigentes hasta el día de hoy, por ser decretos e instrumentos del robo de tierra de los campesinos en el norte de la República.

Exigimos al Fondo de Tierra la devolución inmediata de nuestras tierras, sin ningún tipo de condición, sabiendo que nuestras tierras fueron nacionalizadas por la fuerza de las armas en nuestra ausencia y que durante 28 años ocultaron esta información a todos los propietarios de las mismas.

No queremos que nos devuelvan la tierra en forma condicionada, ni bajo figuras jurídicas que limiten nuestras propiedad a las mismas. Es decir, nos quitaron nuestras propiedades privadas y comunales en el año 1984, se firmó la paz en el 1996 y todavía no nos han devuelto el derecho constitucional que tenemos a poseer la tierra en la que nacimos, vivimos y defendimos.

Pedimos a las instituciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales del país, que nos ayuden a hacer pública esta denuncia en Guatemala y que nos ayuden a extenderla a toda la comunidad nacional e internacional.

Agua y tierra para los pueblos, no para las empresas.

Firmado por las comunidades de Parramos Grande, Parramos Chiquito, Xoloche, Canaquil, Batzsuchil, Laguna Tzalbal, Tzijulché, Vipecbalam, Xecoxo, Corralcay, Janlay, Tzalbal Centro,Chuché Tzalbal, el 6 de Octubre 2011

Se acentúan problemas generados por explotación minera

Los pobladores de Huehuetenango han organizado 28 consultas comunitarias, cuyo resultado es la oposición a incrementar las actividades mineras en el área.

Aunque pobladores de Huehuetenango y San Marcos se oponen a las actividades mineras en el departamento, las autoridades gubernamentales justifican el otorgamiento de licencias.
Entidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos de Occidente esperan que la Corte de Constitucionalidad (CC) en definitiva dicte un fallo en favor de las consultas comunitarias en torno al tema, expresa Ana Martín, vecina de la etnia mam.
Desde el 25 de julio de 2006, diversas organizaciones comenzaron un movimiento para proteger sus recursos naturales denominado “Defensa del Territorio”, e identificaron como amenazas las licencias mineras de exploración y explotación otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas a empresas nacionales y extranjeras así como los megaproyectos e hidroeléctricas.

Colotenango, San Juan Atitlán, Todos Santos Cuchumatán, Santiago Chimaltenango y Concepción Huista, Huehuetenango, fueron los primeros en organizar consultas comunitarias. Sus pobladores aseguran que los fundamentos legales para efectuar estas actividades descansan en el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo OIT, la Constitución, el Código Municipal y leyes como la descentralización.
A la fecha suman 28 consultas comunitarias en Huehuetenango con una participación de 373 mil 980 pobladores, quienes han dicho no a estas actividades impulsadas desde las administraciones de Álvaro Arzú hasta la de Álvaro Colom.

Unos cuantos

El viceministro de Minería e Hidrocarburos, Ricardo
Pennington cree que la minería ofrece desarrollo y que ninguna otra empresa podrá sacar a las comunidades del subdesarrollo en el que se encuentran. Asegura que las consultas en rechazo a esta actividad han sido promovidas “por unos cuantos que actúan por desconocimiento o mala intención y dirigen a los pobladores de las comunidades para que se manifiesten de forma negativa”.

El funcionario informa que esa cartera ha autorizado para Huehuetenango 26 licencias de explotación de minerales y 16 de exploración, las cuales por ley tienen una vigencia de 25 años con posibilidades de una prórroga por otros 25 años.
Agrega que la minería moderna realiza actividades con las más estrictas normas de protección del medio ambiental y sus estudios de impacto ambiental son revisados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que vela por la protección de los recursos naturales. “Nos preocupa que las comunidades solo reciban información alejada de la verdad porque las compañías destinan fuertes cantidades de dinero para reforestación y preservación de los recursos naturales”, asegura  Pennington.

Mujeres, presentes

Lolita Chávez del Movimiento Quiché enfatiza la participación de la mujer en estas acciones. “Una clara muestra del interés por mantenerse en pie de lucha se ha reflejado en el 54.9 por ciento de participación en las consultas contra un 44.1 por ciento de presencia de hombres en las votaciones a mano alzada que se han realizado en los 28 municipios donde se ejecutan estos proyectos”, dice.

Francisco Mateo Morales, de la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango, asegura que el movimiento se ha fortalecido, de esa cuenta se han realizado procesos de consulta en departamentos como San Marcos, Quetzaltenango y Quiché con los cuales se ha podido llevar a cabo consultas comunitarias, que suman 58 procesos a nivel de occidente con la participación de más de un millón 500 mil guatemaltecos.
Los grupos tratan que el gobierno de Colom ponga en vigencia un reglamento creado por medio de un acuerdo gubernativo que busca “regular” las consultas y que según su análisis beneficiará a las empresas que buscan explotar los recursos naturales en el país.

Apunta que en el Consejo de Pueblos de Occidente que aglutina diversas organizaciones sociales y campesinas en defensa del territorio se ha encontrado apoyo con asesores para rechazar el reglamento, razón por la cual, incluso se han realizado bloqueos de carreteras, ocupación de edificios públicos y sobre todo se mantiene un proceso de negociación con los campesinos para evitar que termine en un estallido social. “El mensaje es claro: el territorio no se vende ni se negocia, se ha dicho no a la minería y se va a defender a toda costa”, puntualiza Mateo.

Se intentó contactar por la vía telefónica a Napoleón Rodríguez,  asesor técnico de la Cooperativa de Producción Juventud Minera en la aldea El Torlón, Chiantla, pero no respondió a las llamadas.  Se trata de una mina artesanal de plomo y zinc.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20111008/ciencia/202017/