domingo, 23 de mayo de 2010

GUATEMALA: CIDH ORDENA SUSPENSION OPERACIONES DE MINERA


GUATEMALA, 22 (ANSA) - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado guatemalteco que la mina Marlin -que extrae oro y plata en el departamento de San Marcos- suspenda las actividades en un plazo de veinte días como medida para prevenir la contaminación ambiental.
La directora de comunicación de la CIDH, María Isabel Rivera, explicó que las medidas cautelares a favor de 18 comunidades de las etnias Man y Sipakense que han sido afectadas por la actividad de la minera son las siguientes: suspender las actividades de la mina Merlin, implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental.
Otras medidas son: impulsar acciones para descontaminar las fuentes de agua, atender los problemas de salud derivados de la actividad minera, garantizar la integridad y vida de los pobladores y planificar medidas de protección con la participación de las personas afectadas y evitar el deterioro de viviendas debido a las explosiones que realiza la Mina.
El presidente Alvaro Colom dijo que "si se comprueba que hay contaminación se deberán tomar medidas drásticas en ese sentido ya que no se puede permitir que afecte la salud de los pobladores". ACZ

22/05/2010 21:56

http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/amcentr/20100522215635084234.html

domingo, 16 de mayo de 2010

LA UNION EUROPEA Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN AMERICA LATINA

Políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los Derechos de los Pueblos
14, 15 y 17 de mayo de 2010 - Madrid

Para facilitar las entregas iremos transcribiendo caso por caso: El trabajo completo pueden bajarlo de:


El caso Goldcorp en Guatemala (ojo que es socia en minera La Alumbrera)


La violación de los derechos de los pueblos indígenas por la multinacional minera Goldcorp en Guatemala.

La empresa minera transnacional Goldcorp es acusada de violar los derechos de los pueblos
indígenas de Guatemala por su explotación en el departamento de San Marcos. Los elevados
beneficios de la compañía se destinan a los fondos de pensiones accionistas procedentes de
Suecia, Noruega e Irlanda. Lo paradójico del caso es que los impactos sociales de la minera,
aparejados a sus elevados ingresos, benefician el pago de las pensiones privadas en Europa.
La minera transnacional Goldcorp es de origen canadiense pero tiene como accionistas fondos de pensiones suecos, noruegos e irlandeses. En Guatemala es propietaria de la empresa Montana que lleva a cabo el proyecto de explotación de oro y plata de la Mina Marlìn I, en San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa (departamento de San Marcos). La actividad minera por parte de Goldcorp ha violado el derecho a la consulta a los pueblos indígenas protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por el Congreso de Guatemala). También ha violado el derecho a la autodeterminación y a la autonomía municipal, así como el derecho a la propiedad, posesión, uso y administración de la tierra y el territorio, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, se han denunciado fuertes impactos ambientales puesto que ha contaminado las fuentes de agua potable de las comunidades.
Ha actuado en connivencia con el Estado de Guatemala para la criminalización de la lucha social y la protesta con 18 casos judiciales contra la población campesina de en San Miguel Ixtahuacán.
El conflicto entre la multinacional Goldcorp - Montana y las comunidades indígenas de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa ha sido continuo desde que la compañía empezó el programa de adquisición de las tierras donde se ubica el mineral de interés en 1999, a través de la Empresa Peridot. La mina se ha convertido en un símbolo de agresión empresarial, que ha producido un movimiento indígena y campesino poderoso contra la minería en Guatemala. A pesar de varios años de protesta, las comunidades continúan siendo ignoradas por la compañía y las instituciones públicas.
Los fondos de pensiones citados han financiado y se han beneficiado de la actividad de la minera, por lo tanto, han contribuido a la violación de los derechos humanos en Guatemala. Por lo tanto la acusación exige a los gobiernos de la Unión Europea que no ignoren los impactos de sus inversiones extranjeras y que obligue, mediante legislación, al cumplimiento de los derechos humanos por parte de los intereses económicos europeos.
Organizaciones que realizan la acusación:
Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI) de Guatemala, Collectif Guatemala (Francia),
Ayuda de la Iglesia de Noruega (AIN), Solidaridad Suecia-América Latina (SAL).

miércoles, 12 de mayo de 2010

Minera Montana Exploradora de Guatemala (Goldcorp) cuestionada desde varios frentes

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Minera Montana Exploradora de Guatemala (Goldcorp) cuestionada desde varios frentes

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3604f23363f0a73b6977dc1839eab9b8.jpgEl proyecto minero Marlin I en Guatemala, propiedad de la empresa canadiense Goldcorp, viola el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, a su autodeterminación y el derecho de propiedad, posesión, uso y administración de la tierra y territorio. La compañía canadiense será juzgada en el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesiona el 14 y 15 de mayo en Madrid, España.

El caso será presentado por las entidades Frente de Defensa Miguelense, Collectif Guatemala (Francia), Ayuda de la Iglesia de Noruega y Solidaridad Suecia-América Latina. El proyecto de Goldcorp también viola el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y al acceso al agua, entre otros.

La Mina Marlin I se encuentra en los muncipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del departamento de San Marcos. Es operada por la subsidiaria de Goldcorp en Guatemala, Montana Exploradora. Varios de los derechos violados por el emprendimiento se encuentran protegidos bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y la propia Constitución guatemalteca.

Según los denunciantes, el accionar de Goldcorp ha contado con la “aquiescencia del Estado Guatemalteco” y la “complicidad” de varios fondos de pensiones europeos, que son accionistas de la corporación canadiense. Hay fondos provenientes de Suecia por 31,2 millones de dólares, el Fondo de pensión al extranjero de Noruega con 86,6 millones y el Fondo Nacional de Reservas de Pensiones de Irlanda, con tres millones.

Se responsabiliza al Estado de Guatemala por crear un marco legal que favorece a las empresas, por no informar ni consultar a las poblaciones de Sipakapa y San Miguel antes de otorgar el permiso minero y por desplegar fuerzas de seguridad en la zona. Agregan que el Estado ha utilizado el aparato de justicia para criminalizar las luchas sociales.

Asimismo, el caso presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos estipula que el Banco Mundial ha financiado la construcción de carreteras y de tendido eléctrico para las operaciones de la mina, sin realizar las consultas necesarias. Además, el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han presionado al Estado guatemalteco para que se desarrollara un nuevo marco legal para atraer las inversiones extranjeras, especialmente en el sector minero. “Los estados europeos como miembros y donantes al Banco Mundial son entonces cómplices en las violaciones”, dice el escrito entregado al Tribunal.

El Frente de Defensa Miguelense, Collectif Guatemala (Francia), Ayuda de la Iglesia de Noruega y Solidaridad Suecia-América Latina exigen que el parlamento de la Unión Europea reclame a los gobiernos de Suecia, Noruega e Irlanda que sus administradores de fondos de pensión actúen con rapidez y en forma efectiva ante acusaciones de comunidades y organizaciones sociales. Presionan además para que las poblaciones afectadas sean compensadas, que se atiendan sus demandas y que el Estado de Guatemala respete las recomendaciones de la OIT.

Es que la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de esa organización solicitó en febrero la suspensión inmediata de las operaciones en la Mina Marlin I. Expresó su preocupación porque el gobierno “reitera la información presentada con anterioridad”, lo que trae aparejado “falta de progresos”, según información de la Red de Colaboradores de TeleSUR-Guatemala. Los expertos demandaron nuevos estudios, un proceso de consulta previa con las comunidades locales e información detallada.

Tomado de Radio Mundo Real

Por El polvorín -
http://elpolvorin.over-blog.es/article-minera-montana-exploradora-de-guatemala-goldcorp-cuestionada-desde-varios-frentes-50327030.html

jueves, 6 de mayo de 2010

Sikapaka No se vende

Sikapaka No se vende

Sipakapa No se vende

Sipakapa es un municipio de Guatemala. Desconocido por todos en nuestro pequeño país, y por supuesto en el mundo, hasta que una empresa extractora de oro, la Glamis Gold, que en Guatemala se llama Montana, se instaló en sus alrededores y dio inicio la violaron de los derechos de las comunidades indígenas, la depredación del medio ambiente y la burla a la soberanía nacional.

A partir de entonces, supimos que en esa comunidad de San Marcos se hablaba junto con el castellano, el sipakapense y que existía una cultura indígena digna de todo el respeto posible. Pero lo que importa en este artículo, no es que se haya instalado esa empresa, pues finalmente lo hacen en cualquier lugar del mundo y no-pasa nada. Pero en Sipakapa, se realizó la primer consulta popular directa y dio inició lo que se puede considerar la mayor y mejor expresión de democracia directa en el continente y creo que más allá. Veamos.

En el 18 de junio de 2005 tuvo lugar en Sipakapa una consulta popular que dijo con claridad que no quería explotación de minas a cielo abierto. Y se lo dijo a un país que no quería saber nada de movimientos desestabilizadores, ni nada que oliera a problemas con el gobierno. Pero sentó un precedente de suma importancia. A partir de entonces se han desarrollado unas 25 consultas populares en igual cantidad de municipios. En unos casos, la mayoría, para oponerse de manera clara a la minería. En otros, para decir no a proyectos hidroeléctricos, y en uno muy especial, a una cementera

En síntesis lo que Sipakapa, en una consulta democrática decidió fue que no querían minería de cielo abierto para la explotación del oro, porque contaminaba el agua, afectaba la salud de la comunidad y otros pueblos vecinos y constituía un mal negocio para el país. De acuerdo con actual código de minas, el país tiene derecho a una regalía de uno por ciento, dividido en 50% para la comunidad y 50% para el gobierno. Por ello en Sipakapa se dice habría que cambiar la ley por medio de la cual esta compañía opera en Guatemala.

Finalmente, en Sipakapa, San Marcos, la empresa Montana esta en pie de guerra y con la utilización de los viejos temores, convoca por medio de la radio a los soldados y policías a la defensa de sus intereses, para lo cual tienen eco como se señala, en los neoliberales de toda la vida. Es lo que no se atreven a decir cuando acuden a llamados vacíos al estado de derecho.

En el fondo de sus renovadas amenazas se encuentra el reinventado argumento que intenta descalificar y criminalizar al obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, quien desde el pulpito y el trabajo pastoral ha dicho que en Guatemala hace falta un nuevo código de minas para que el país no siga siendo expoliado, saqueado, que se acepte y respete el resultado de las consultas populares, y que se pronuncie en contra de los supuestos beneficios de la globalización. En ello reside el interés social, político y global de lo que ocurre en Sipakapa.

http://www.griterio.org/distro-2/documentales/cumbres-y-encuentros-politicos/sikapaka-no-se-vende-2/

Sikapaka No se vende

Sikapaka No se vende

Sipakapa No se vende

Sipakapa es un municipio de Guatemala. Desconocido por todos en nuestro pequeño país, y por supuesto en el mundo, hasta que una empresa extractora de oro, la Glamis Gold, que en Guatemala se llama Montana, se instaló en sus alrededores y dio inicio la violaron de los derechos de las comunidades indígenas, la depredación del medio ambiente y la burla a la soberanía nacional.

A partir de entonces, supimos que en esa comunidad de San Marcos se hablaba junto con el castellano, el sipakapense y que existía una cultura indígena digna de todo el respeto posible. Pero lo que importa en este artículo, no es que se haya instalado esa empresa, pues finalmente lo hacen en cualquier lugar del mundo y no-pasa nada. Pero en Sipakapa, se realizó la primer consulta popular directa y dio inició lo que se puede considerar la mayor y mejor expresión de democracia directa en el continente y creo que más allá. Veamos.

En el 18 de junio de 2005 tuvo lugar en Sipakapa una consulta popular que dijo con claridad que no quería explotación de minas a cielo abierto. Y se lo dijo a un país que no quería saber nada de movimientos desestabilizadores, ni nada que oliera a problemas con el gobierno. Pero sentó un precedente de suma importancia. A partir de entonces se han desarrollado unas 25 consultas populares en igual cantidad de municipios. En unos casos, la mayoría, para oponerse de manera clara a la minería. En otros, para decir no a proyectos hidroeléctricos, y en uno muy especial, a una cementera

En síntesis lo que Sipakapa, en una consulta democrática decidió fue que no querían minería de cielo abierto para la explotación del oro, porque contaminaba el agua, afectaba la salud de la comunidad y otros pueblos vecinos y constituía un mal negocio para el país. De acuerdo con actual código de minas, el país tiene derecho a una regalía de uno por ciento, dividido en 50% para la comunidad y 50% para el gobierno. Por ello en Sipakapa se dice habría que cambiar la ley por medio de la cual esta compañía opera en Guatemala.

Finalmente, en Sipakapa, San Marcos, la empresa Montana esta en pie de guerra y con la utilización de los viejos temores, convoca por medio de la radio a los soldados y policías a la defensa de sus intereses, para lo cual tienen eco como se señala, en los neoliberales de toda la vida. Es lo que no se atreven a decir cuando acuden a llamados vacíos al estado de derecho.

En el fondo de sus renovadas amenazas se encuentra el reinventado argumento que intenta descalificar y criminalizar al obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, quien desde el pulpito y el trabajo pastoral ha dicho que en Guatemala hace falta un nuevo código de minas para que el país no siga siendo expoliado, saqueado, que se acepte y respete el resultado de las consultas populares, y que se pronuncie en contra de los supuestos beneficios de la globalización. En ello reside el interés social, político y global de lo que ocurre en Sipakapa.

http://www.griterio.org/distro-2/documentales/cumbres-y-encuentros-politicos/sikapaka-no-se-vende-2/

martes, 27 de abril de 2010

Por la Madre Tierra, No más minerías



Marcha por el día de la Tierra en GuatemalaHabitantes de diferentes comunidades del país, manifestaron de forma pacifica, para exigir el cese a las actividades de exploración y explotación minera en Guatemala, por ser los causantes de la destrucción de la madre tierra.

Por: Vía Campesina

Por la defensa de la Madre Tierra, No más minerías

Hombres mujeres jóvenes niños y niñas se concentraron en las principales calles de la ciudad para manifestar su repudio por la contaminación, saqueo y destrucción de la madre tierra por parte de las empresas mineras nacionales y extranjeras como, Cementos Progreso, Compañía Guatemalteca de Níquel CNG, Maya Níquel, HOLCIM, GOLD CORP, Unión FENOSA y empresa petrolera Perenco son algunas de las mencionadas por causar daños a la madre tierra y naturaleza.

Marcha por el día de la Tierra en GuatemalaEn el marco del día mundial de la madre tierra los manifestantes se apostaron en las principales calles de la ciudad para manifestar su repudio por la calidad de vida que llevan a consecuencia de las repercusiones negativas que dejan los megaproyectos de, minería, palma africana y caña de azúcar. Entre las repercusiones negativas señalan: Sequías, enfermedades, escasez en las cosechas, y saqueo de tierras, son algunas de las repercusiones que en la actualidad viven cientos de familias.

Con consignas y pancartas se dirigieron a las embajadas de Canadá, Suiza y España en donde entregaron una carta para exigir que dichos países no financien más los proyectos mineros en Guatemala, porque estos son causantes de enfermedades muertes y persecuciones, y porque dichos proyectos son los responsables de grandes daños en el territorio guatemalteco.

Asimismo, exigieron al gobierno de Guatemala atienda las recomendaciones de la organización internacional del trabajo (OIT) OIT- publicadas en el mes de febrero que dice en el caso de la sementera en San Juan Sacatepéquez, se inste al gobierno de Guatemala, que resalta se suspendan inmediatamente las actividades alegadas en tanto se lleve a cabo un diálogo con las partes involucradas y se evalúe, con la participación de los pueblos interesados, y en relación a la empresa minera con presencia en San Marcos (San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa) insta al Gobierno a que suspenda la explotación referida hasta que se realicen los estudios contemplados en el convenio.

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Los participantes en la marcha refirieron que la tierra es vida, por ello es necesario defenderla, aunque describieron en las diferentes consignas que por la defensa del territorio varios lideres hombres y mujeres han sido asesinados.

La marcha desfilo hacia la corte de constitucionalidad donde interpusieron un amparo en contra del gobierno de Guatemala, por incumplimiento de las recomendaciones dadas por la Organización Internacional del Trabajo OIT y el Contra toda forma de Discriminación Racial -CERD- de las Naciones Unidas.

Entre otras demandas planteadas resaltan, el cese la persecución a líderes indígenas y campesinos, libertad para los presos políticos, respeto a las consultas comunitarias, y alto a los desalojos

http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/por-la-madre-tierra-no-mas-minerias

viernes, 23 de abril de 2010

desde Guatemala: En el día de la Tierra...

Laguna del Tigre: agua contra petróleo (I)
(Camilo Salvadó - AEC AVANCSO*)
Guatemala, 21 de abril de 2010

Durante el gobierno de la UNE, Laguna del Tigre, en San Andrés,
Petén, han sido noticia en varias ocasiones; por los violentos desalojos contra las comunidades La Florida (enero y marzo 2008), El Picudo (marzo 2008), El Vergelito (enero 2009) y Cruce Santa Amelia enero 2009), entre otras. Recientemente, por el próximo vencimiento del contrato de extracción petrolera de la transnacional PERENCO que está provocando la confrontación entre sectores que apoyan la ampliación del contrato y los que se oponen.

El sistema de lagunas, pantanos y otros cuerpos de agua que forman Laguna del Tigre, es un Área protegida de gran valor nacional y mundial. También es la segunda reserva de agua dulce más importante de América Latina (y la primera de Mesoamérica), y está incluida en el listado de humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar, desde 1971. Al menos, esos fueron los argumentos del gobierno central, para desalojar a las comunidades campesinas, con el apoyo del Consejo de Áreas Protegidas (CONAP) y el Ministerio de Ambiente (MARN).

Sin embargo, ni la protección del ambiente, ni la importancia de las áreas protegidas frente al cambio climático, ni la crisis del agua o la crisis agroalimentaria fueron elementos tomados en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Secretaría General de la Presidencia (SGP) y la Comisión Nacional del Petróleo (CNP) cuando autorizaron, en febrero de este año, una prórroga de 15 años para el contrato de PERENCO, sin consultar a otros ministerios, a las organizaciones sociales, o a las comunidades que habitan la zona.

Los sectores afines a PERENCO impulsan abiertamente la prórroga del contrato. Por cierto, es uno de los puntos en que la UNE y el PP (“el principal partido de oposición”), están sospechosamente de acuerdo. Como era de esperarse, sus argumentos giran en torno a las “ganancias millonarias”, “el desarrollo de la región” y otros cuentos. También les sobran argumentos legalistas, por ejemplo que el contrato original de 1985 fue otorgado antes de la emisión de la Ley de Áreas Protegidas (1989), de la creación del Biotopo (1986) y del Parque (1990).

Por su parte, muchas organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas y aliadas (e incluso el Ministerio de Ambiente y la CONAP) se oponen a la renovación del contrato, con distintos argumentos que van desde las míseras regalías de 5% hasta los impactos ambientales y sociales que la extracción petrolera ha demostrado tener en estos 25 años (contaminación, deforestación, desalojos, etc.). Aunque no lo han hecho, también podrían recordar que la última renovación del contrato fue firmada en 1992, es decir, cuando ya existían la Ley de Áreas Protegidas, el Biotopo y el Parque Nacional Laguna del Tigre, lo que hace ilegal el contrato actual (Parkswatch: 2005).

Esta coyuntura pone en evidencia las divisiones internas del gobierno, demostradas en el enfrentamiento entre los ministerios de Energía y Minas y Ambiente. Para las organizaciones sociales, la coyuntura tiene un balance positivo, pues lograron generar opinión pública e identificar alianzas a futuro. Sin embargo, lo más probable es que la renovación del contrato firmado en febrero por PERENCO, El Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría General de la Presidencia y la Comisión Nacional del Petróleo, sea finalmente aprobado por el presidente Colom, como lo ha anunciado en repetidas ocasiones (Prensa Libre 17/03/2010; La Hora 30/03/2010; Siglo Veintiuno 04/04/2010; El Periódico 05/04/2010).

La discusión, más que centrarse en este conflicto puntual entre PERENCO y sus achichincles contra las distintas organizaciones, debería enfocarse en el más amplio y urgente problema de las relaciones entre los humanos y su entorno ambiental. En el contexto del calentamiento global, el tema de las áreas protegidas tiene sin duda un lugar importante pero debe ser evaluado y replanteado a la luz de las situaciones concretas.

Las áreas protegidas, que parecían ser la solución para conservar las selvas y bosques que aún quedaban, hoy se ha convertido en una más de las formas de despojo a las comunidades campesinas e indígenas. Estas comunidades son desalojadas en nombre de la “protección ambiental”, mientras se permiten otras actividades altamente destructivas. Pero la solución tampoco pasa por eliminar las áreas protegidas (como soñaba despierto Otto Pérez en una entrevista durante las elecciones del 2007).

Las áreas protegidas son necesarias, por no solo por la conservación de la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres vinculados al calentamiento global, la purificación y circulación natural del agua y el aire, sino también porque ayudan a proteger al suelo de la erosión y a mantener su fertilidad, condición de importancia estratégica para la soberanía alimentaria.

Los “enemigos naturales” de las áreas protegidas no son los campesinos, sino las industrias extractivas (maderera y petrolera), la agroindustria y la ganadería. Comprender esto, es la base para impulsar un modelo distinto y alternativo de áreas protegidas, el cual no implique “protegerlas de los campesinos” -cuyas prácticas productivas pueden equilibrarse más fácilmente con la conservación ambiental- sino protegerlas de la voracidad destructiva del gran capital.

* Investigador del Área de Estudios sobre Campesinado (AEC), de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO).

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!