14, 15 y 17 de mayo de 2010 - Madrid
Para facilitar las entregas iremos transcribiendo caso por caso: El trabajo completo pueden bajarlo de:
El caso Goldcorp en Guatemala (ojo que es socia en minera La Alumbrera)
La violación de los derechos de los pueblos indígenas por la multinacional minera Goldcorp en Guatemala.
La empresa minera transnacional Goldcorp es acusada de violar los derechos de los pueblos
indígenas de Guatemala por su explotación en el departamento de San Marcos. Los elevados
beneficios de la compañía se destinan a los fondos de pensiones accionistas procedentes de
Suecia, Noruega e Irlanda. Lo paradójico del caso es que los impactos sociales de la minera,
aparejados a sus elevados ingresos, benefician el pago de las pensiones privadas en Europa.
La minera transnacional Goldcorp es de origen canadiense pero tiene como accionistas fondos de pensiones suecos, noruegos e irlandeses. En Guatemala es propietaria de la empresa Montana que lleva a cabo el proyecto de explotación de oro y plata de la Mina Marlìn I, en San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa (departamento de San Marcos). La actividad minera por parte de Goldcorp ha violado el derecho a la consulta a los pueblos indígenas protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por el Congreso de Guatemala). También ha violado el derecho a la autodeterminación y a la autonomía municipal, así como el derecho a la propiedad, posesión, uso y administración de la tierra y el territorio, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, se han denunciado fuertes impactos ambientales puesto que ha contaminado las fuentes de agua potable de las comunidades.
Ha actuado en connivencia con el Estado de Guatemala para la criminalización de la lucha social y la protesta con 18 casos judiciales contra la población campesina de en San Miguel Ixtahuacán.
El conflicto entre la multinacional Goldcorp - Montana y las comunidades indígenas de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa ha sido continuo desde que la compañía empezó el programa de adquisición de las tierras donde se ubica el mineral de interés en 1999, a través de la Empresa Peridot. La mina se ha convertido en un símbolo de agresión empresarial, que ha producido un movimiento indígena y campesino poderoso contra la minería en Guatemala. A pesar de varios años de protesta, las comunidades continúan siendo ignoradas por la compañía y las instituciones públicas.
Los fondos de pensiones citados han financiado y se han beneficiado de la actividad de la minera, por lo tanto, han contribuido a la violación de los derechos humanos en Guatemala. Por lo tanto la acusación exige a los gobiernos de la Unión Europea que no ignoren los impactos de sus inversiones extranjeras y que obligue, mediante legislación, al cumplimiento de los derechos humanos por parte de los intereses económicos europeos.
Organizaciones que realizan la acusación:
Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI) de Guatemala, Collectif Guatemala (Francia),
Ayuda de la Iglesia de Noruega (AIN), Solidaridad Suecia-América Latina (SAL).
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