miércoles, 29 de febrero de 2012

Regalías mineras: El convenio que no convence

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Después de haber afirmado en campaña electoral que se debía exigir a la industria minera un 40 por ciento por la explotación de bienes estatales, el presidente Otto Pérez Molina firmó un acuerdo de “regalías voluntarias” con las empresas extractivas. A doce días de la toma de posesión, en un afán por firmar el acuerdo, el gobierno ignoró al complejo entramado social, ambiental y económico que interviene en la actividad. Este ejercicio de “buena voluntad” entre empresas mineras y gobierno, una veinteava parte menor de lo que Pérez pedía, vierte pólvora sobre viejos, pero muy vivos conflictos.


Por Alejandra Gutiérrez Valdizán 21 Febrero, 2012 - 08:41

La clave de este negocio es ir a lo profundo, extraer de la tierra minerales y comercializarlos. Parece simple, pero no lo es. Porque en la industria minera se utilizan bienes estatales (los minerales del subsuelo), se potencian riesgos ambientales y, ante todo, revientan conflictos sociales por el territorio. Pero, por otro lado, las empresas extractivas tienen la capacidad de generar jugosas ganancias y, en algunos casos, ingresos positivos para un país. 
Es decir, en el escenario están los protectores del ambiente y de derechos humanos, que consideran a la minería como una de las más nefastas estrategias para alcanzar el desarrollo; en otro punto se encuentran las industrias mineras que creen que la riqueza en el subsuelo debe aprovecharse en vez de dejarla reposar y, como cualquier empresa, tener márgenes de ganancia que hagan rentable la actividad. Algunos actores proponen la explotación minera como uno de los bastiones del desarrollo –sin obstáculos burocráticos o ambientales-, por otros consideran que se puede promover la minería, bajo estrictos controles ambientales y rigurosas cargas impositivas. Y en un rincón olvidado están las comunidades a las que se les instala una industria que afecta su ambiente en plena vecindad. En fin, todos los ingredientes para provocar un caldo de conflictos. En un mundo feliz sería el Estado, el gobierno, quien se instituiría como mediador entre tantos intereses encontrados. Pero no lo es.
En la firma del convenio, Pérez Molina expresó: “el diálogo franco y sincero entre el Ejecutivo y el sector privado permitió alcanzar el acuerdo”. Mientras que Andrés Castillo, presidente de la Cámara de la Industria, consideró que la firma “permite concretar una alianza y confianza del sector privado con el nuevo gobierno”. Este compromiso que “permitirá que las regalías generadas por la actividad minera de metales no preciosos se incremente del 1 al 3 por ciento, mientras que la de metales (oro y plata), se incrementen al 4 por ciento” –Montana Exploradora se compromete a un cinco por ciento por ventas brutas- fue avalado por el Ministro de Energía y Minas (MEM), Érick Archila; y como testigos de honor los Ministros de Finanzas, Pavel Centeno, y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Roxana Sobenes.
Además, el convenio establece una cláusula, que indica que “se desactiva el porcentaje de regalías cuando los metales básicos y preciosos que se indican en el presente convenio alcancen los precios de: níquel, $6.50 por libra; plomo, $0.75 por libra; y zinc $0.75 por libra. La plata, $16.00; y el oro a $975".  La redacción del acuerdo no aclara si se refiere a que pagarán si el precio supera las cifras establecidas; o cumplirán el acuerdo si los precios se mantienen por debajo de éstas. En el 2011 el oro alcanzó un máximo histórico de US$1,923 la onza; y el pronóstico de 2012 es que incluso podría llegar a US$2000.Lo que implicaría que si el pacto fuera pagar cuando los precios son menores a los determinados, el pago de regalías, en determinados materiales, quedará en la misma cifra –el uno por ciento-. Tampoco hace referencia a productos mineros no metálicos, como los materiales de construcción.
Este pacto de confianza fue tan veloz –o tan bien negociado durante la campaña- que no alcanzó a ser incluido dentro de las propuestas para la reforma fiscal, que se difundió siete días después. En varias ocasiones sectores de la sociedad habían presentado propuestas para promover cambios y aumentos en las regalías, además de más rigurosos controles para el ambiente; pero el sorpresivo pacto las excluyó. 
Fue tan expedita la puesta en común, entre Gobierno y la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), que por ejemplo al arzobispado de Guatemala llegó una invitación para asistir al evento, pero que no precisaba de qué se trataba. Sin saberlo, Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (OHAG), apareció entre los testigos de honor, como representante del grupo G4, junto al Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales y Jorge Morales, de Alianza Evangélica. Pese a esto, Rodenas es enfático. “Nuestra posición es que estamos en total desacuerdo, primero que todo exigimos un respeto a la dignidad como país, ese tipo de regalías son ínfimas para los beneficios que obtienen las compañías mineras, creo que no es digno dar cantidades tan cortas, comparado al daño que se está haciendo al país”. Rodenas afirma que su participación como testigo no implica avalar el acuerdo. “Minutos antes me enteré de qué se trataba, ni pensaba que me iban a pasar al frente” y reitera que la Conferencia Episcopal se ha manifestado en los temas mineras, y no ha sido precisamente para ratificar las acciones de esta industria.
Pese a que el aumento del pago de regalías multiplica hasta por cinco, en determinados rubros –el de metales preciosos-, lo que se pagaba anteriormente, para algunos expertos en temas fiscales y para grupos ambientalistas, la apresurada negociación despierta suspicacias y genera más desconfianzas que las que ha provocado histórica y mundialmente el tema minero.
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y ex ministro de Finanzas, en una columna escribió que “si el impulso de la reforma tributaria es el gran acierto, el acuerdo “voluntario” entre la minera y el gobierno es el gran desacierto. Artero y espurio, negociando fondos públicos en la más descarada e insolente opacidad, es ya un verdadero escupitajo al rostro de Guatemala”.
En el mismo sentido la ambientalista Magalí Rey Rosa, de la Escuela de Pensamiento Ecologista SAVIA, opina que hay varios elementos que “nos deberían levantar suspicacia, éste no es un acuerdo inocente”. Rey Rosa advierte de una seria inconformidad en las comunidades colindantes con minas por el impacto ambiental que podrían provocar nuevas explotaciones mineras.
En el mismo sentido, Yuri Melini, la antropóloga Irma Alicia Velásquez, e incluso ex funcionarios, como Luis Ferraté, insisten en calificar estos conflictos como profundos y alarmantes. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCLA) registra 155 conflictos sociales provocados por proyectos mineros en Latinoamérica, reconoce cuatro para Guatemala, aunque investigadores sociales declaran que son más, pero no mencionan cuáles.
TRATADOS UNDERGROUND
Para Ricardo Barrientos, el acuerdo firmado entre gobierno y empresas viene a revelar lo que ya se analizaba desde la conformación del gabinete, donde se definen los pulsos políticos que ponen en tensión al Ejecutivo. “Hay que entender que estamos ante un fenómeno político, estamos viendo el grado de diferenciación entre las visiones y posiciones políticas de los miembros del gabinete de Otto Pérez Molina; dos estilos de gestión”. Barrientos considera que por un lado, están las visiones más progresistas como Pavel Centeno del Ministerio de Finanzas o Fernando Carrera de Segeplan, que impulsaron la ley de Actualización Tributaria y, por otro, “una visión distinta, más en la línea del ministro Érick Archila (del MEM), un sector pro empresarial”.
El analista asegura que ambos temas, la reforma fiscal y el acuerdo minero, no son el resultado de procesos inmediatos o que tengan corta vida. “Yo por lo menos tengo conocimiento que el tema tributario se vino discutiendo en el equipo de gobierno desde la segunda vuelta”; y aunque afirma no estar informado sobre posibles charlas previas entre la Gremiext y el Gobierno, sí la considera “una negociación opaca y de espaldas a la población”. “Se puede inferir que no es de un par de días. La pregunta es: ¿Con qué legitimidad y solvencia, con qué nivel de responsabilidad es que se condujeron estas negociaciones por recursos públicos?”.
Mario Marroquín, el presidente de la Gremial de Industrias Extractivas de Guatemala (Gremiext) y director de Goldcorp, responde contundente: “Esta negociación lleva ocho años, el tema de las regalías no es un asunto nuevo”. Marroquín afirma que desde el gobierno de Óscar Berger había una comisión de alto nivel en donde se gestó una recomendación específica del “uno por ciento para no metálicos, dos porciento para materiales básicos y tres por ciento para metálicos”.  Dicha recomendación fue hecha por el Ministerio de Energía y Minas y una similar por las industrias extractivas, con el agregado de que a partir de determinado precio ($950 para el oro, se pagaría un 50 por ciento más). Eran bastante diferentes de la que hiciera el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) y que según Sigfrido Lee y María Isabel Bonilla, en su investigación Contribución de la Industria Minera en Guatemala, fue la que tuvo más apoyo entre legisladores y sectores sociales: sugería 3 porciento a minerales metálicos básicos y 12.4 por ciento a metales preciosos).
El presidente de la Gremiext asegura que durante todo este tiempo han estado abiertos ha discutir, “incluso en esas charlas estuvo (Álvaro) Ramazzini (obispo de San Marcos y crítico de algunos proyectos)”. Marroquín asegura que la negociación oficial se realizó con el nuevo gobierno cuando éste tomó posesión. Sin embargo, evita dar detalles y afirma, al cuestionársele sobre las personas involucradas en la construcción del acuerdo, que “fue una iniciativa del Ejecutivo. No podemos expresar ni opinar sus asuntos (internos). Fue un trato como gremial con el Gobierno de Guatemala”. Al preguntarle la inconformidad de algunos sectores que no fueron tomados en cuenta, Marroquín expresa “probablemente el gobierno decidió hablar con los que van a pagar”.
Ambientalistas entrevistados y columnistas sospechan que el acuerdo voluntario podría deberse a un pago de favores electorales. Marroquín responde: “Absolutamente no”, y argumenta que es totalmente ilógico que el pago de favores implique “que me hagan pagar más impuestos. ¿Cómo es posible que se pueda dudar de la inteligencia del ciudadano común y corriente?”.
No se pudo corroborar si la propuesta del acuerdo provino del Ejecutivo, como afirma Marroquín, pues el ministro de Energía y Minas, Érick Archila, no respondió a las preguntas que le fueron trasladas a través de su equipo de comunicación.
A diferencia del gobierno pasado, en que se sabía que Luis Ferraté, ministro de Ambiente Luis Ferraté en más de una ocasión se plantó en el gabinete frente a las decisiones del entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Meany –sin demasiado éxito, hay que decirlo-; en este gabinete se vislumbra sin oposición interna. De hecho, la firma del acuerdo incluye a ambos ministros Archila y Sobenes con sonrisas para la foto.
A Carlos Salvatierra, miembro de la Escuela de Pensamiento Ecologista SAVIA y Secretario Ejecutivo de Redmanglar Internacional, el nombramiento de Roxana Sobenes como ministra de Ambiente y Recursos Naturales le genera muchas dudas. Salvatierra asegura que cuando Sobenes fue viceministra en el gobierno de Óscar Berger, fue la persona que dio instrucciones para que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel fuera fraccionado en dos partes.
Según Salvatierra, en una parte se consideró solamente el proceso de extracción en la mina, y la segunda contempló la planta de procesamiento y el transporte del producto. “Este hecho fue criticado en su momento debido a que los EIAs deben ser documentos que reflejen la integridad del proceso y no es conveniente que sean segmentados. Además, Sobenes es miembro de la junta directiva de la organización FUNDASELVA, que en su momento servía como la imagen verde de la petrolera antecesora de Perenco”, afirma el ambientalista.
Para Salvatierra, una de las acciones de Sobenes que causan más suspicacia es su participación como consultora independiente del equipo que elaboró la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Porvenir Central de la empresa Tikal Minerals.
Sobre la firma del acuerdo de regalías, Salvatierra se muestra preocupado ante la señal de que ésta sea el banderazo de salida para para muchas concesiones más que podría hacer el gobierno a empresas que pudiesen trabajar sin armonía con el medio ambiente.
El proceso para adjudicar determinados impuestos, regalías, regulaciones a las industrias mineras toma tiempo y discusiones serias. Hay países con una tradición minera de décadas y aún existe una permanente disputa sobre la idoneidad de los sistemas de fiscalización. ¿Era viable plantear una propuesta tan acelerada? ¿Es justo este acuerdo voluntario?
¿A cómo la regalía?
Para la implementación de impuestos y regalías mineras no hay una receta. Cada país establece diversos tipos de impuestos o de exenciones, de acuerdo al modelo económico que decida seguir. Quizás ese es el gran punto de partida: ¿cuál es el modelo que Guatemala quiere seguir? Muchos debates y diálogos sobre el tema, pero hasta el momento, nulo acuerdo entre las partes.
La ley de Minería 48-97 vigente, instaurada en 1997 bajo el gobierno de Álvaro Arzú, pretende promover como modelo económico y como bastión de desarrollo a las industrias extractivas. En sus considerandos cita que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 125, “declara que es de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovales, debiendo el Estado propiciar las condiciones necesarias para su exploración y explotación” y asegura en el Régimen Minero, artículo 7, que “Se declaran de utilidad y necesidad pública el fomento y desarrollo de las operaciones mineras en el país, así como su explotación técnica”.
En el reglamento, aprobado en 2001, se dispone el uno por ciento de pago de regalías. Para el cálculo y pago de las regalías “el Ministerio determinará anualmente los valores de cotización que han de regir para los productos mineros comercializados en el mercado interno”. Para definir los valores sobre los que se calculará el pago de regalía, según el reglamento, se conforma una comisión integrada por seis miembros (tres del Ministerio de Energía y tres del sector privado). Información que no se hace demasiado pública. En los reglamentos de otros países se específica algún referente internacional o un promedio entre diversas bolsas, por ejemplo, para determinar el valor del mercado sobre el que se pagarán. En un estudio del CIEN se menciona que, de los cambios que promovió la ley en tiempos de Arzú, “sobresale mencionar que las regalías al Estado se modificaron de 6% a 1%: hasta antes de 1997 las regalías se calculaban sobre el valor del producto a boca de mina (6%); luego de la reforma, el cálculo se hace sobre el precio internacional del producto (1%)”.
Según establece el reglamento, el titular de la mina presenta ante la Dirección General de Minería una declaración jurada en donde indica “el volumen explotado” y la Dirección informa sobre los pagos que se requieren. El titular tiene la opción a oponerse y justificar los motivos. No se define si el MEM o las autoridades encargadas de determinar la cantidad a pagar, pueden realizar inspecciones para determinar la veracidad de las estimaciones; o evaluar si además del material reportado para el comercio, hay otro tipo de materiales o metales que no están siendo cuantificados.
El asunto crucial es cuánto es lo justo. Para Luis Ferraté, ex ministro de Ambiente “la mina debe dar un 20 o 30 por ciento. Esta propuesta no la acepto (la de regalías voluntarias) porque es una forma de decir ‘estamos haciendo cosas, mientras sale la ley’, y ese ‘mientras’ puede ser años, entonces no.”
Ferraté también proponía un modelo en el que las comunidades que estuvieran en territorio minero, salieran beneficiadas a través de acciones de la empresa y, consideraba también, que el Estado debería situarse como socio de la empresa. Pero, en su gestión, no logró ninguna reforma al reglamento o a la Ley.
En el mismo sentido Yuri Melini, de Centro de Acción Legal y Ambiental de Guatemala (Calas), afirma: “Si queremos redistribuir la riqueza, si se plantea la minería como un modelo para el desarrollo, si queremos hacer de nuestro territorio un queso suizo, hagámoslo justo, (pero) con regalías justas”. Melini propone cuatro estándares que deberían estar incluidos en una nueva Ley de Minería: incrementar regulaciones de protección ambiental, garantizar los espacios de participación pública ciudadana, incrementar una regalía justa comportada en los estándares internacionales, una regalía base y una de indexación (dependiendo de la fluctuación del mercado así se pagaría)
Por el contrario, Mario Marroquín considera que no ha habido una discusión seria sobre el tema minero y que en cuestión de regalías sólo hay propuestas aisladas, pero que no provienen de análisis económicos formales. Sin embargo, asegura que la propuesta del acuerdo de regalía voluntaria “alcanzamos el rango alto de regalías en América”. “Llevamos Q598 millones pagados en impuestos, contando el ISR, IUSI, timbres y las regalías”. Según Marroquín, la prensa ha contribuido a distorsionar la visión que se tiene del pago de estos impuestos pues se hacen comparaciones con otros países o con otro tipo de actividades económicas que funcionan de forma diferente.
De hecho, asegura Marroquín, la industria minera paga más impuestos que el sector turismo y forestal juntos. Probablemente lo dice en referencia a que muchos ambientalistas proponen cambiar el régimen de negocios y enfocarlos en estos dos sectores económicos. Marroquín asegura que no se toma en cuenta la primera inversión que debe realizar la industria minera para iniciar actividades extractivas y todo el proceso de exploración, “lo nuestro es de millones de dólares”. “Ha habido mucho material periodístico que carece de sustento técnico, y esto confunde”. El presidente de Gremiext considera que las cifras millonarias que implican la inversión de una industria minera genera suspicacias, pero no se analizan los gastos que éstas afrontan, además de la demora en la recuperación de la inversión a diferencia de otras actividades económicas. “Sin contar con la depreciación acelerada de nuestra maquinaria e instalaciones”.
Marroquín dive que con el nuevo acuerdo de regalías voluntarias Guatemala alcanzará el promedio máximo de impuestos de América. Pone de ejemplo a Chile, Perú y Brasil, países cuya economía se ha desarrollado, en buena medida por la industria extractiva. Marroquín dice: “estos países serán los únicos que alcancen las metas del milenio”. El presidente de la gremial está de acuerdo en generar propuestas y discusión sobre una posible reforma a la Ley de Minería, pero exige que ésta se realice sustentada técnicamente. Afirma que no hay estudios comparativos sobre los pagos de impuestos y análisis técnicos de los diversos países.
Lo que no menciona Marroquín es que en casos como el de Chile, la minería del cobre se comparte entre empresas privadas y empresas del Estado. Por ejemplo, la más grande del país en minería del cobre y la principal productora del mundo, Codelco-Chile, es una empresa estatal autónoma. O que en Brasil, la petrolera es estatal, se llama Petrobras y el año pasado llegó a ser la quinta empresa que mejor cotizaba en bolsa en el mundo.
El Instituto de Ambiente y Recursos Naturales (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar advierte que “los denominadores comunes de las leyes de minería en América Latina son la fuerte promoción de inversiones extranjeras en el sector, alta permisibilidad para la repatriación de ganancias de las industrias mineras (lo que no es común en África y Asia) y bajas tasas de impuestos y regalías; ello combinado con normas ambiguas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos ambientales y los derechos laborales”.
A pesar de que la industria minera genera millones de dólares en el mundo, o que provoca constantes discusiones en torno a la tributación, hay poco material académico y teórico que ilustre y analice las políticas fiscales en el rubro extractivo. A pesar de que se registra sobre los conflictos generados por las minas, o los ingresos al PIB por la industria minera, pareciera que no hay una puesta en común o documentos que evalúen cuánto pagan las minas por el uso de bienes estatales.
Y es que el asunto tributario no se centra sólo en las regalías mineras. Marroquín afirma “no hay un solo país que pague 35 por ciento de regalías”. Esto se debe a que en los sistemas fiscales de cada país intervienen otro tipo de impuestos, cánones, y exenciones que afectan la cuenta final. Por ejemplo, Perú y Brasil pagan el 3 por ciento aproximado de regalías, pero pagan impuesto sobre la renta mucho más elevados. La revista América Economía los recoge: Bolivia (35%), Perú (35,3%), Brasil (36,7%) y Argentina (37%). El aumento de Guatemala, si todas las empresas pagaran el Impuesto Sobre la Renta (sin posibilidad de deducciones) alcanzaría en el caso más alto de la mina Marlin de Goldcorp el 36% (si estuviera adscrita al régimen de utilidades, sumada la regalía) o el 10% (si fuera sobre ventas).
O se ignora de las sumatorias el gasto tributario (las deducciones) que son las prerrogativas en la misma Ley de Minería de Guatemala. Aquí no se paga impuestos a la importación –para maquinaria o insumos para el funcionamiento-, ni se menciona impuestos de exportación; o se tienen  deducciones del ISR por depreciación de equipo, y también por la depreciación de los bienes de producción –en el caso de las minas-.

¿Cavar o no cavar? Ahí el dilema.
Para los ambientalistas entrevistados la discusión sobre el pago de regalías va un paso adelante de un debate que debería hacerse primero: el modelo de desarrollo para Guatemala y si en este interviene la promoción de la industria extractiva.
Tanto Melini como Rey Rosa concuerdan en que el turismo y la industria forestal deberían de ser prioridades para potenciarse a nivel nacional. Y ambos han denunciado constantemente la conflictividad social que genera a partir de la instalación de minas en las comunidades.
La antropóloga Irma Alicia Velásquez escribe que la conflictividad social ha alcanzado límites alarmantes. Para Velásquez el asunto es simple: el derecho al territorio. “No es el tema de minería, es sobre el manejo de territorios, con lo que hay en subsuelo. Para mí, el tema central es la lucha por la autonomía de los pueblos”. Las comunidades se encuentran desprotegidas y los intentos de las comunidades por hacer escuchar su voz a través de las consultas comunitarias se echan en saco roto. Se han realizado más de cincuenta consultas comunitarias relacionadas con la minería y hasta el momento ninguna ha tenido algún tipo de incidencia, a pesar de que la respuesta comunal ha sido contundente en cada una de las poblaciones: negarse a la instalación de minas en sus territorios. “Las comunidades que se encuentran las áreas periféricas de las minas son las que reciben directamente los impactos ambientales negativos de la actividad minera”.
Velásquez se queja de que se ha irrespetado el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo número 169, del que Guatemala es signatario y en el que los Estados se comprometen a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Las consultas se han realizado, pero sin ningún tipo de incidencia en las decisiones para otorgar licencias de exploración o explotación.
Según el documento Perfil Ambiental de Guatemala 2008-2009, del Iarna, la función gubernamental “asociada a la acreditación, contratación y fiscalización de la actividad minera, se fundamentan en el hecho de que ha deformado su función básica. Esto es, haber dejado de arbitrar las relaciones entre los diferentes actores sociales involucrados en los conflictos mineros y haberse convertido en el primer defensor de los intereses del sector empresarial, es decir, de un segmento de los involucrados”. Guatemala ha vivido en los últimos años un aumento de la conflictividad social y ambiental en torno a proyectos mineros, afirma el Iarna, y cita los provocados en las comunidades aledañas a la Mina Marlin y a la Laguna del Tigre.
Lo que abona al descontento es que la mayor parte de las comunidades ubicadas en zonas con potencial minero se encuentran en áreas consideradas de extrema pobreza, como afirma un estudio del MEM. El Iarna define algunas de las razones del rechazo: “el desarrollo de la minería afecta sus derechos económicos, sociales y culturales, la industria controla recursos que son esenciales para su desarrollo, el marco legal es adverso para sus intereses y no perciben los beneficios de las actividades”.
El Iarna afirma que “el subsistema social se beneficia de la actividad minera. Este subsistema también absorbe los impactos ambientales causados por este tipo de actividad, entre ellos, la competencia por los servicios ambientales que el subsistema natural brinda a las comunidades y la vulnerabilidad a desastres naturales”.
A pesar de que la mitad de lo que se paga en regalías, se designa a las municipalidades en cuyo territorio se encuentre la mina; el Iarna publica que el impacto de estos aportes no es significativo y que no hay una planificación estratégica y fiscalización que promuevan que el gasto municipal sea invertido adecuadamente y en beneficio directo para sus vecinos.
En el mismo sentido, Rey Rosa asegura que hay una serie de factores que no se han estudiado, como los posibles efectos a largo plazo que podría tener la generación de sustancias nocivas liberadas con el proceso de extracción y descarte de otros materiales y que se irían filtrando en el subsuelo.
Marroquín, de la Gremiext desvirtúa el alboroto generado alrededor del tema ambiental. Asegura que hasta ahora no hay estudios técnicos y científicos que prueben, por ejemplo, la contaminación del agua por metales. “Guatemala es un país volcánico, rico en hierro, ¿cómo vamos a pretender que sus ríos no estén cargados de metales?”. El representante de la Gremiext asegura que no se ha llevado a cabo un estudio comparativo entre ríos colindantes a minas y los que no lo estén, para poder probar que la mina es la que provoca el agua con altos índices de metales.
Además, considera Marroquín, no hay actividad económica que no genere impactos ambientales y pone de ejemplo la construcción de carreteras y las remociones de tierra que éstas provocan. El asunto de la sostenibilidad, explica Marroquín, si se desea el desarrollo, es imposible. Sin embargo, no entran en la ecuación costos ambientales y sociales para el Estado, que para las empresas pasan inadvertidos. En el caso de la mina Marlin, por ejemplo, los costos estatales, si estos fueran evaluados, determinarían una pérdida para el país (ver tabla Costos de la Mina Marlin).
Ricardo Barrientos afirma que finalmente no es el tema tributario el que provoca las mayores insatisfacciones: “es un concepto muy pobre sobre la competitividad, (el que se basa en) no pagar impuestos y pagar salarios bajos; es una forma espuria de pretender ser competitivo”. El economista resalta que la competitividad debería medirse por los niveles de educación, de salud, infraestructura. “Atraer inversión con bajos impuestos no es ser competitivo. Es ser irresponsable”. Y considera que el principal aporte para competir y atraer inversiones debería ser el gasto social, la infraestructura, la seguridad ciudadana, el sector justicia. “Estos son privilegios fiscales injustificados”.
A lo profundo
Otro tipo de factores quedaron fuera de discusión en el acuerdo y también están excluidos de la Ley de Minería. No se contemplan posibles gastos ambientales y utilización de recursos como el agua,  que además contemple la reglamentación del cierre de minas, el llamado pasivo minero, que regula pagos y acciones de las empresas mineras cuando dejan de operar una mina. El IARNA, por ejemplo, le da cuatro años más de vida a la mina Marlin, Marroquín asegura que esto no se puede establecer con certeza. Sin embargo, el Estado no contempla lo que sucede en el territorio degradado después de la partida de las actividades extractivas.
Hasta el momento, a un mes de la toma de posesión y tres semanas de la firma de un acuerdo, con dudosas cláusulas. Sólo está claro que en relación al tema minero, hay una promesa de un aumento de aproximadamente Q600 millones para el erario público. Una firma de buena voluntad que pareciera querer soterrar, por el momento, un debate serio sobre el futuro de los bienes públicos.

viernes, 24 de febrero de 2012

LOS PROBLEMAS CREADOS POR LA MINA MARLIN - GOLDCORP - EN SAN MARCOS, GUATEMALA.

A partir del 2005 Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa Canadiense Goldcorp, está explotando los recursos naturales, sobre todo el oro, en el Altiplano de San Marcos. Ya son siete años que los pueblos de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, dónde está ubicada la Mina Marlín, están sintiendo la influencia diaria del proyecto minero.....documento completo



LOS PROBLEMAS CREADOS POR LA MINA MARLIN –GOLDCORP- EN 


SAN MARCOS, GUATEMALA





A partir del 2005 Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa Canadiense Goldcorp, está 
explotando los recursos naturales, sobre todo el oro, en el Altiplano de San Marcos. Ya son siete años 
que los pueblos de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, dónde está ubicada la Mina Marlín, están 
sintiendo la influencia diaria del proyecto minero. 





Efectos ambientales de la Mina Marlín 





Para investigar la calidad de las aguas superficiales alrededor de la Mina Marlín, ya por cinco años la 
Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos está realizando un 
monitoreo. En el cuarto informe, por ejemplo, se ha observado que existen altas concentraciones de 
cobre, aluminio, manganeso y sobre todo arsénico, así como nitratos en los ríos Quivichil y Tzalá en 
los puntos ubicados río abajo del reservorio de aguas residuales de la mina y en ciertos nacimientos, 
por lo que se puede concluir que las operaciones mineras tienen influencia sobre la calidad de estas 
aguas. En su monitoreo independiente el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA) de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala respalda el cuarto informe de COPAE, ya que los resultados 
son parecidos. Además, según el mismo informe de CEMA, todas las fuentes de agua muestreadas en 
la región (superficiales y subterráneas) mostraron contaminación microbiológica, lo cual indica que no 
son aptas para consumo humano. 





En su “Evaluación de las condiciones previstas y reales de la calidad del agua en la Mina Marlín, 
Guatemala” E-Tech International, una organización de apoyo técnico ambiental sin fines de lucro, 
advirtió que “los desechos de la mina tienen un potencial moderado a alto para generar ácido y lixiviar 
contaminantes (…) a los recursos hídricos y biótica acuática, (…) y que las filtraciones de colas 
podrían estar migrando al drenaje corriente abajo del embalse de colas.” Según una investigación de 
COPAE en conjunto con la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida también existe mayor 
reactividad química de arsénico en las capas superiores de los sedimentos ubicados río abajo del 
reservorio, lo que indica que el arsénico que se encuentra arriba es más reciente al compararse con los 
sedimentos de arsénico más abajo y que son prueba de episodios de descarga o inundación del 
reservorio los cuales contribuyen a que el arsénico llegue al río en concentraciones peligrosas en 
algunas ocasiones. 





Según el informe sobre el nivel de contaminación por cianuro, existe un bajo nivel de contaminación 
en las muestras de precipitación pluvial obtenidas en las zonas cercanas al proyecto minero y en el aire 
que circula en los alrededores de la zona. La contaminación proviene de la actividad minera en dónde 
se extrae el oro del mineral por medio de lixiviación. La contaminación por cianuro puede ser 
corregido de ser implementadas las medidas preventivas o de mitigación correspondientes por la 
empresa. También existe contaminación por lluvia ácida en toda la zona de los alrededores de la Mina 
Marlín, posiblemente producto de la actividad minera. 





Luego de 4 años consecutivos de monitoreo de agua y de otras investigaciones sobre los riesgos 
ambientales, los resultados obtenidos nos indican que los habitantes de las comunidades y las demás 
formas de vida que se encuentran en el área de influencia de la mina continúan en alto riesgo de 
contaminación, lo cual viola los derechos humanos a un ambiente sano, al agua y la alimentación entre 
otros. 





Costos de cierre de la Mina Marlín 





Cuando algún día la Mina Marlín cierre, tendrá que recuperar el área dónde ha operado. Para recuperar 
el área, se necesita tratamiento de agua a largo plazo, recuperación de la roca estéril, tajos abiertos y 
colas, revegetación, control de erosión y remover las instalaciones, equipo y desechos de la mina. Sin 
embargo, no existe un plan de recuperación para la Mina Marlín. Goldcorp pagó una fianza de Q8 



millones al gobierno para cubrir la recuperación del área. Pero según los cálculos hechos por UUSC 
(Unitarian Universalist Service Committee), para cubrir los costos de recuperación se necesitaría Q389 
millones o $49 millones de dólares. Además, el plan de recuperación de la empresa no es de acceso 
público, no ha sido revisado por expertos independientes y no es de ingeniería detallada. La empresa 
tampoco hizo una evaluación adecuada del agua subterránea, de efluentes tóxicos y de erosión. 
Encima, la Ley de Minería y supervisión del gobierno guatemalteco es inadecuado. Si Goldcorp no 
cumple con su responsabilidad Guatemala podría estar expuesta a altos riesgos de daño a la salud 
pública y al medio ambiente. 





Casas dañadas a causa de la Mina Marlín 





Poco tiempo después de empezar las operaciones mineras los habitantes de aldeas cercanas empezaron 
a reclamar por daños de rajaduras en sus casas. En 2009 COPAE en conjunto con UUSC hizo una 
investigación sobre las causas de las casas rajadas. Por el hecho de que Golcorp nunca hizo un estudio 
de base, se tuvo que comparar las aldeas dañadas que están entre 0.5 y 3 km de distancia de la mina 
con aldeas de control y de referencia que se encuentran a 5 km de distancia de la mina. 





Se encontró poco daño en las aldeas control, lo cual significa que el daño causado en las aldeas 
alrededor de la mina no se debe a actividad sísmica o métodos de construcción ya que estos son los 
mismos en ambas áreas. El extensivo daño por rajaduras en las aldeas cercanas a la Mina Marlín 
comparado con las aldeas más lejanas, es una evidencia contundente de que los daños están 
relacionados a la actividad minera. Por el hecho de que generalmente son las paredes y no los pisos 
que están dañadas, se encontró que es un tipo de daño típico de vibraciones superficiales, que pueden 
ser provocados por explosiones o por tráfico de vehículos pesados. Además, las paredes rajadas se 
encuentran orientadas hacia el camino adyacente y hacia la mina. El estudio concluye que la Mina 
Marlín es la responsable por los daños de las rajaduras. 





Riesgos para la salud humana 





En mayo de 2010 la Universidad de Michigan hizo un estudio sobre la contaminación con metales en 
la sangre y la orina de los trabajadores de la mina y los habitantes que viven cerca de la mina. Los 
resultados demuestran que los individuos que viven cerca de la Mina Marlín están expuestos a mezclas 
compuestas de metales a través de la ruta ocupacional o ambiental. Los niveles de plomo, mercurio, 
arsénico, zinc y cobre en la orina fueron más altas en residentes que viven más cerca de la mina (estos 
son sitios generalmente adyacentes o río-abajo de la mina), comparados con residentes que viven más 
lejos de la mina. 





Además, también en el 2010 el Ministro de Salud y Asistencia Social señaló que tanto en Sipacapa 
como en San Miguel Ixtahuacán las enfermedades de la piel son la tercera causa de consulta, cuando 
en el resto del país ocupa el décimo lugar. “Es algo extraño, y tenemos que averiguar lo que está 
pasando.” También Van de Wauw, Evens y Machiels de la Universidad de Gante de Bélgica 
encontraron concentraciones de arsénico en algunas capas de agua subterránea de las personas que 
viven cerca de la mina que están por encima de los estándares de agua potable segura. También en la 
orina encontraron concentraciones alarmantes. Las enfermedades inducidas por el arsénico parecen ser 
generalizadas e insta a tomar acción inmediata. 





Beneficios económicos de la Mina Marlín 





El informe de Zarsky y Stanley sobre los beneficios económicos y riesgos ambientales de la Mina 
Marlin demuestra que durante el ciclo de vida completo de la mina, los riesgos ambientales superaron 
significativamente a los beneficios económicos. Mientras los costos ambientales probablemente 
subirán, tal vez de manera exponencial, en la fase post-cierre, los beneficios económicos terminarán 
abruptamente con el cierre de la mina. Existe poca evidencia de que los ingresos locales de la mina 
hayan sido invertidos en la construcción de capacidades productivas y ninguna evidencia de que los 



ingresos de la mina hayan sido separados para proveer futuros empleos o bienes públicos1. Sin 
embargo, los riesgos ambientales son altos2 y, bajo un escenario de condiciones comerciales 
habituales, aumentarán enormemente durante la vida restante de la mina y en la fase post-cierre. Si 
estas condiciones persisten, el impacto de largo plazo de la Marlín será el de empobrecer e imponer 
altos riesgos sanitarios sobre las comunidades locales cercanas a la mina y las oportunidades de 
subsistencia y la agricultura. 


1 Hasta este momento el caudal de ingresos hacia el Tesoro ha sido bajo: sólo de alrededor del 6 por ciento de los ingresos de 
la mina y del 15 por ciento de las de la misma. Por otra parte, la falta de transparencia y responsabilidad sugiere que sólo una 
pequeña porción del ingreso recibido ha sido invertido en bienes públicos, tales como educación, salud e infraestructura, que 
construyeran capacidades productivas de largo plazo. Sin embargo, es necesario realizar nuevas investigaciones para 
comprender y evaluar mejor el impacto de los ingresos gastados por Goldcorp en el aprovisionamiento de insumos, 
materiales y equipos locales, pueden tener en el desarrollo. 


2 El riesgo ambiental, es excepcionalmente alto: hay falta de regulación y supervisión adecuada por parte del gobierno; falta 
de un plan adecuado para el cierre y remediación de la mina; falta de aseguramiento financiero para el monitoreo y la 
remediación post-cierre; un pronosticado aumento en la frecuencia y severidad de los eventos climáticos extremos, tales 
como inundaciones y ciclones, debido al cambio climático; falta de capacidad del gobierno para la reducción del riesgo y la 
gestión de desastres; falta de protección legislativa para los derechos humanos de los pueblos indígenas; la pobreza de la 
comunidad local, especialmente el hecho de que cerca de la mitad de la población depende de las aguas superficiales y 
subterráneas para beber y para el riego, más que del agua corriente; la dependencia de las comunidades locales de la 
agricultura como sustento. 








Desarmonía social creada por la Mina Marlín 





Los riesgos anteriormente mencionados ni toman en cuenta una gama de otros costos culturales y 
sociales, incluyendo los impactos destructivos que el intenso conflicto tiene sobre la estructura social. 
Desde que empezó a operar la empresa Montana Exploradora, el tejido social empezó a desintegrarse 
alrededor del proyecto minero y sobre todo en el municipio de San Miguel Ixtahuacán la criminalidad 
y la conflictividad empezaron a aumentar. En un estudio sobre los derechos humanos de Golcorp 
mismo se identifica un patrón de amenazas e intimidación, incluyendo amenazas de muerte, debido a 
las divisiones internas en la comunidad entre las personas que están a favor de la mina y aquellas otras 
que están en contra. Y desde que se construyó la mina, las comunidades más pequeñas a su alrededor y 
en San Miguel Ixtahuacán han identificado un aumento en la criminalidad, drogadicción, alcoholismo, 
prostitución y comportamiento ofensivo. 





Las medidas cautelares de la CIDH 





El 9 de diciembre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 
Organización de los Estados Americanos modificó las medidas cautelares que otorgó el 20 de mayo de 
2010. Ha suprimido la solicitud de suspensión de las operaciones de la Mina Marlín, de 
descontaminar las fuentes de agua y de atender los problemas de salud. En su lugar, ha solicitado al 
Estado de Guatemala de adoptar medidas para asegurar que las fuentes de agua utilizada por las 
comunidades tengan una calidad adecuada para su uso doméstico y para el riego. El Centro para el 
Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y Alerta Minera Canadá expresaron su profunda 
preocupación por la presión política que se ha ejercido sobre la CIDH, el principal organismo en el 
continente americano para la protección de los derechos humanos, para hacer cambiar las medidas 
cautelares. Y la modificación de la orden de la CIDH no afecta la petición principal que actualmente 
está siendo revisada por la Comisión, la cual afirma que el gobierno no obtuvo el consentimiento libre, 
previo e informado de las comunidades antes de autorizar las actividades de la Mina Marlín. 





Consultas comunitarias 





El Convenio 169 de la OIT, también ratificado por el estado de Guatemala, exige que los pueblos 
indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas, en este caso la minería, que los 



afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los 
procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. Más de un millón de personas 
están defendiendo su territorio a través de 58 consultas comunitarias dentro del marco de las 
concesiones de licencias de exploración y explotación y siempre la decisión fue un resoluto „no. a la 
minería. 





El 23 de febrero de 2011 el gobierno Guatemalteco presentó una iniciativa que pretendía reglamentar 
los procesos de consulta comunitaria de buena fe que se realicen en torno al Convenio 169. El 23 de 
marzo de 2011 varios pueblos indígenas, reunidos en torno al Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) 
interpuso la Acción Constitucional de un Amparo en contra del procedimiento iniciado por el entonces 
presidente, Álvaro Colom. Los pueblos indígenas objetaron dicha propuesta ya que el reglamento fue 
impuesto a ellos y violaba sus derechos porque nunca fueron contactados e involucrados para su 
elaboración. El 01 de diciembre de 2011 la Corte de Constitucionalidad emitió la sentencia definitiva a 
favor del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), como resultado de la Acción Constitucional que el 
CPO interpuso. La sentencia definitiva que emitió la Corte de Constitucionalidad deja en suspenso 
definitivo la iniciativa del reglamento. Y exhorta al Congreso para que legisle sobre la forma en la que 
se deben desarrollar estos procedimientos. Finalmente en la sentencia del 01 de diciembre de 2011 se 
reconoce que se debe consultar a los pueblos indígenas antes de una medida administrativa y 
legislativa que se impulse en su territorio. La ley tendrá que respetar la decisión de las comunidades 
porque es la legítima decisión del pueblo, haciendo valer sus derechos colectivos. 





Monseñor Alvaro Ramazzini 


Obispo de la Diócesis de San Marcos 




















Bibliografía 





Basu, N., Hu, H. (Mayo 2010) Metales Tóxicos y Poblaciones Indígenas cerca de la Mina Marlín en 
Guatemala Occidental: Posibles Exposiciones e Impactos a la Salud. 





Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (Enero 2102) Evaluación de los Parámetros Fisicoquímicos 
y Microbiológicos de Aguas Subterráneas y Superficiales de la Cuenca de los Ríos Tzalá y Quivichil, 
San Marcos, Guatemala. 





Comisión Pastoral Paz y Ecología (5 Diciembre 2011) Corte de Constitucionalidad Emite Sentencia a 
Favor de los Pueblos Indígenas en Guatemala, http://copaeguatemala.org/1.html. 





Comisión Pastoral Paz y Ecología (Noviembre 2011) IV Informe Anual del Monitoreo y Análisis de la 
Calidad del Agua, Guatemala. 





Comisión Pastoral Paz y Ecología (Noviembre 2011) Determinación de Nivel de Contaminación por 
Cianuro del Proyecto Minero Marlín I, Guatemala. 





Comisión Pastoral Paz y Ecología & Unitarian Universalist Service Committee (2011) Asuntos de 
Recuperación y Costos Aproximados Para la Recuperación de la Mina Marlin, Guatemala. 





Comisión Pastoral Paz y Ecología & Unitarian Universalist Service Committee (Noviembre 2009) 
Casas Rajadas Alrededor de la Mina Marlín, Guatemala. 






Comisión Pastoral Paz y Ecología & Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (2011) Informe de 
la Investigación sobre Concentraciones de Arsénico y Otros Elementos Traza en Sedimentos y 
Muestras de Agua Recolectadas en Ríos Cercanos al Proyecto Mina Marlín de Goldcorp Inc. en el 
Noroccidente de Guatemala, Guatemala. 





E-Tech International (Agosto 2010) Evaluación de las Condiciones Previstas y Reales de la Calidad 
del Agua en la Mina Marlin, Guatemala. 





Goldcorp (Mayo 2010) Evaluación de los Derechos Humanos de la mina Marlin, Guatemala. 





Johan Van de Wauw, Roel Evens, Lieven Machiels. (15 octubre 2010) ¿Están la sobre extracción de 
agua subterránea y la reducida infiltración contribuyendo a problemas de salud relacionados con el 
Arsénico cerca de la mina Marlin (Guatemala)? 





Lyuba Zarsky y Leonardo Stanley (Agosto 2011) Buscando oro en el altiplano de Guatemala: 
Beneficios económicos y riesgos ambientales de la Mina Marlín, Instituto de Desarrollo Global y 
Medio Ambiente. 





Mining Watch Canada (10 Enero 2012) CIDH Retiró Recomendación de Cerrar la Mina Marlín, 
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/3-latinoamerica/9326-cidh-retiro-recomendacion-de-
cerrar-la-mina-marlin. 





Champericanos votan en contra de actividad minera en su municipio


(CONSULTA COMUNITARIA  12 DE FEBRERO DE 2012)
COPAE 12-02-2012
Descripción: C:\Users\COPAE\Desktop\BACKUP WEB\SLIDER\01.jpgEl 13 de febrero de 2012, participaron 17,000 habitantes en una consulta comunitaria de buena fé en las 49 comunidades de Champerico, Retalhuleu, para decidir sobre la actividad minera. El 99.48% de la población consultada rechazó la instauración de proyectos mineros en el municipio1. Se votó a través de boletas que cada ciudadano podía llenar. “16 mil 575 votos se contabilizaron en contra, 69 votaron a favor y hubo 55 nulos,” informó Damián Bail, presidente de la Comisión de Defensa de los Recursos Naturales de este municipio2.

Descripción: C:\Users\COPAE\Desktop\COPAE\Videos\CHAMPERICO\DSC03002.JPGEn el 2008 y el 2009 el gobierno de Álvaro Colom concedió varias licencias de exploración y reconocimiento de minerales metálicos y no metálicos en diferentes municipios de la Costa Sur. Algunas de estas licencias fueron canceladas el 27 de junio 2011. Pero todavía queda vigente una licencia de exploración de la compañía Tikal Minerals, S.A., subsidiaria de la transnacional Mayan Iron Corp, y una licencia de reconocimiento de Firecreek Resourses S.A. de la empresa matriz G4G3. Estas empresas están interesadas en minerales entre metálicos y no metálicos, como gravas, arenas, casiterita, níquel, monacita, rutilo, magnetita, ilmetita, zircón, cromatita, cobalto, wolframita y tierras raras. Estas últimas son un listado de minerales cada vez más demandados por empresas mineras, que los utilizan como componentes de celulares, computadoras y otras tecnologías4.


Victoriano Ovando, alcalde de Champerico, explica el motivo de la consulta: “Nosotros como pueblo nos estamos preparando para defender el Territorio de Champerico y tener el respaldo del pueblo dónde dicen ‘no a la minería’. No se tendría que dar las licencias sin antes consultar al pueblo. Es el pueblo que decide qué es lo que se va a realizar.”
“Somos el primer municipio al nivel de la costa del Pacífico que está levantando la voz,” afirma Ovando. “Y también somos el primer municipio que está haciendo la consulta desde que inicio la legislatura del nuevo gobierno, esperamos que esto pueda ser un ejemplo para más municipios de la Costa Sur”


Alan Ramirez, Alcalde comunitario y coordinador municipal comenta: “En la hora de explotación minera, se estaría dañando las fuentes de agua dulce. Champerico es un municipio que sobrevive de la pesca artesanal y los pescaderos tendrían que hacer sus pescas más adentro porque la fauna marítima se retiraría. Nos estamos defendiendo como pueblo para que nuestros futuros hijos se encuentren en un lugar que sigue siendo hermoso.”


“No se puede destruir la Madre Tierra, porque la Madre Tierra nos da vida. La tenemos que cuidar,” agrega  Martina Mencho (Presidenta de Asociación Nueva Cajola, Champerio, Retalhuleu).
Concluye: “Hemos estado sensibilizando a las 49 comunidades para que ellos salgan de sus casas y se manifiesten en la Consulta Comunitaria, porque la minería estaría dañando a nuestro municipio y ahora es el momento de defender nuestro municipio. Llamamos a la reflexión para que respeten nuestra decisión de cada ciudadano, de cada hombre, mujer y niño que ha venido a votar. Nosotros hemos peleado por nuestros derechos y seguimos peleando por ellos. Nos quieren robar lo poco que tenemos. Por lo tanto mantendremos nuestra postura: la cual  es un ‘no’ y va a ser un ‘no’ siempre que vivamos.”



1. CPR Urbana, ‘Consulta de Buena Fe en Costa Sur Rechaza la Minería’, 13.12.2012, http://cpr-urbana.blogspot.com/2012/02/consulta-de-buena-fe-en-costa-sur.html.
2. Prensa Libre, 12.12.2012, http://prensalibre.com/noticias/Vecinos-votan-mineria_0_645535459.html.
3.COPAE, ‘Extracción de hierro implicará destrucción ambiental y social de la Costa Sur’, http://copaeguatemala.org/articulosCOPAE/CostaSUR.html.
4. ‘Consulta de Buena Fe en Costa Sur’, 13.12.2012, http://cpr-urbana.blogspot.com/2012/02/consulta-de-buena-fe-en-costa-sur.html.
http://copaeguatemala.org/1.html

COSTOS APROXIMADOS PARA EL CIERRE DE LA MINA MARLIN




El Día 27 de julio de 2011 se presentó en Ciudad de Guatemala un interesante informe sobre los costos económicos para el país de lo que supone el cierre operativo de la mina Marlin.
En palabras de lolita Chávez del CPO “se ve una clara complicidad entre el gobierno y las empresas extractivas para que el negocio económico sea redondo, Este sistema de saqueo no es compatible (con las comunidades)” Esto se dijo en base a que los 8 millones de quetzales, reserva estimada  que tiene Montana Exploradora para operaciones de limpieza, son insuficientes ante los casi 400 millones de quetzales,  que según el estudio de UUSC / COPAE costaría el cierre operativo de la mina Marlin.

El obispo Ramazini indicó que el trabajo de COPE es de apoyo, “partiendo desde nuestros principios cristianos”.
“Los recursos naturales son parte fundamental del desarrollo integral por lo que el cuidado de la naturaleza se vuelve en algo fundamental” enfatizó el obispo.
El informe realizado, de 137 páginas, enfatiza que actualmente no existe ninguna información sobre el proceso de cierre, algo que preocupa, pues son muchos los casos de empresas que abandonan los proyectos mineros dejando a la población a su suerte,  sin reconocer responsabilidades y dejando baldías enormes extensiones de territorio.
Robert Robinson hizo hincapié en el hecho de que la empresa no ha hecho público sus informes o planes de recuperación de la zona por lo que, realmente, es como si no existieran planes de recuperación de la zona.
Las conclusiones del informe indican que el proceso de limpieza de la zona costará alrededor de 389 millones de quetzales. Solo en la limpieza de los ríos se requerirá la cantidad de casi 20 millones de quetzales. Estos costos son necesarios para evitar una mayor degradación a la zona, en particular y al planeta, en general.
A la vista de este informe, la minería no solo supone un grave riesgo para las comunidades en aspectos ecológicos y sociales sino también supondrá un grave riesgo económico para el país.
El representante del ministerio de Energía y minas enfatizó la postura del gobierno  de no cerrar el proyecto Marlin, a pesar de la decisión judicial de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y puso en duda la veracidad del informe en el supuesto de que no hay contaminación. Esta afirmación realizada por el ministerio se basa en los datos ofrecidos por la empresa y en los cuales el ministerio confía desoyendo otros informes, como los realizados por la universidad de Michigan y COPAE que muestran niveles preocupantes de metales en sangre y orina de vecinos asi como en los ríos cercanos al proyecto.
El representante del Ministerio de Medio Ambiente informo que él no era más que un administrativo y que está no era su área de trabajo por lo que no quiso hacer ninguna declaración.
Ningún representante de la empresa minera se hizo presente en la presentación del informe, sin embargo y consultados por otros medios de comunicación,  Mario Marroquín, Director ejecutivo de Goldcorp Centroamérica aseguró que el plan existe y se está llevando a cabo, sin embargo tampoco dio mayor información sobre dicho plan por lo que sigue siendo un misterio.

Ante este hecho existen las más que fundamentadas dudas sobre el plan operativo de cierre de la mina y que cuando se acaben las diferentes vetas de oro y se tenga que cerrar el proyecto Marlin, los costos de recuperación de la zona, gastos de mantenimiento y rescate de la zona sea el gobierno de turno y no la empresa, quien tenga que cubrir los costos económicos, lo cual supondrá mayor carga a las maltrechas arcas nacionales y un retroceso económico para el país.
Una prueba más de que la minería de metales no es un negocio rentable para el país.

COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DENUNCIAN CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO Y CRIMINALIZACIÓN POR EJERCER SUS DERECHOS COLECTIVO PARA EL RESPETO A LA MADRE NATURALEZA


COMUNICADO DE PRENSA


Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, con el acompañamiento de las de nuestras abuelas y abuelos, en este  final del Oxlajuj  Ba’qtun  hacemos del conocimiento público  que a raíz  de exigir el respeto a nuestros derecho a la consulta, a la información, a la protección de la tierra, territorio y recursos naturales desde hace mas de 6 años  ante las instancias del Estado de Guatemala, como respuesta a estas demandas  solo se ha recibido criminalización,  por lo que por este medio, denunciamos:

EL IMPULSO DE UNA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO Y CRIMINALIZACIÓN EN CONTRA DE LAS DEMANDAS INDÍGENAS, puesto que:

a)     Instituciones del Estado y las cámaras que representan intereses oligárquicos, se encuentran creando escenarios para la criminalización de las luchas sociales por la defensa de la tierra, territorio y recursos naturales generando un clima que agudiza la  represión y violación a los derechos humanos de varios pueblos indígenas al acusar a sus líderes y representantes de la comisión de una serie de delitos tipificados en la  Ley contra el Terrorismo y Crimen Organizado.

b)    Esta campaña se está materializando con el pronunciamiento de algunos columnistas de prensa, quienes están al servicio de los intereses oligárquicos, que inclusive han realizado programas radiales   acusando a las comunidades kaqchikeles y lideres de San Juan Sacatepéquez, de criminales y terroristas; siendo estas acciones las únicas respuestas que la “racionalidad empresarial” puede dar a las demandas colectivas e históricas de este pueblo indígena.

c)    Recientemente delegados de nuestras comunidades viajaron a Ginebra invitados por redes de defensores de derechos humanos y medio ambiente de Suiza para dar a conocer la violación de los derechos colectivos de pueblos indígenas que hemos sido víctimas por parte del Estado guatemalteco, fueron perseguidos por  personeros enviados por empresas mineras quienes llegaron hasta el citado lugar con el fin de intimidarlos.

d)    Que no constituye delito alguno el hecho que  las comunidades indígenas como las de San Juan Sacatepéquez reciban el apoyo de personas solidarias nacionales e internacionales para el ejercicio de nuestros derechos,   así como tampoco lo es que instituciones del Estado reciban aportes económicos para inversión nacional, sin que este apoyo los etiquete de delincuentes. Por lo que, creemos firmemente que todas estas actitudes sólo evidencian lo profundamente racistas que son estas estructuras que lesionan gravemente  la dignidad y libertad comunitaria.

e)    La coyuntura evidencia la falta de voluntad política del Estado  para resolver las causas reales del conflicto generado por la minería,  utilizando estas acciones de represión en contubernio con la oligarquía tradicional para desarticular  los movimientos indígenas y campesinos, y hechos como los que denunciamos busca justificar la entrega de nuestra madre naturaleza para la explotación minera sin importar los daños irreparables al ambiente, que en el caso de las comunidades kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez el proyecto cementero a gran escala pone en riego la sobrevivencia de estas comunidades.

Por lo que  SOLICITAMOS:

1.      Al Gobierno del Presidente Otto Pérez Molina  a no continuar con estas prácticas de represión, criminalización y  militarización en contra de nuestros pueblos, pues con este tipo de acciones solo provocará la profundización de la conflictividad en el campo.

2.      A la comunidad internacional, ahora mas que nunca su solidaridad  para no dejarse sorprender por este tipo de actos que tienen como objetivo  silenciar la voz de las comunidades y pueblos indígenas.
3.       A las organizaciones de pueblos indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos, a estar atentas, ya que como lo indicamos, esta campaña es el  inicio de un  plan orientado a socavar a los movimientos sociales.
4.      A los medios de comunicación, como actores de cambio, que nos ayuden a informar objetivamente sobre este proceso, ya que los pueblos indígenas no queremos que se estigmaticen las acciones que realizamos por la búsqueda de la verdad, la justicia  y el respeto de nuestros derechos colectivos por el respeto a la consulta, a la tierra, territorio y recursos naturales.


San Juan Sacatepéquez, 24  de febrero de 2012.

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!