El anuncio del aumento voluntario de las regalías por parte de las empresas mineras reavivó el debate sobre las implicaciones que para un país como Guatemala tiene la explotación de minerales a cielo abierto. El tema económico es solamente una de las aristas para su abordaje y, en ningún momento, agota o sustituye la discusión sobre la validez de las consultas, la urgencia de una nueva ley de minería y los impactos ambientales y sociales que provoca la extracción en las comunidades y sus territorios.
Además de que el aumento supone una nada para las finanzas de las empresas mineras, los recursos que recibirá el Estado guatemalteco en concepto de regalías no alcanzan para cubrir los daños ocasionados por la contaminación del agua y los suelos, la deforestación y la destrucción de los ecosistemas, el impacto para la salud y la alimentación, ni mucho menos para remediar las pérdidas humanas y materiales causadas por los desastres ambientales, producto del calentamiento global y la crisis climática, que se originan de un “modelo de desarrollo” basado en la explotación y extracción de los recursos del subsuelo.
Este modelo, que desde hace algunos años quiere implantarse en este país a sabiendas de que sus efectos pueden ser devastadores tomando en cuenta que la nuestra es la segunda nación más vulnerable del mundo frente a los efectos del cambio climático, quiere vendérsenos como la panacea para salir de la pobreza, cuando está visto que la riqueza que generan las empresas no se queda aquí, sino va directamente a los bolsillos de sus directivos y socios. En el 2010, según datos del MEM, solamente la mina Marlin obtuvo utilidades por encima de los dos mil millones de quetzales.
La medida con la que debió iniciarse el abordaje del tema minero debió ser la suspensión de las licencias de explotación y exploración, y la realización de una evaluación seria e independiente del impacto social y ambiental de la industria extractiva en el país, y no un “acuerdo voluntario” con las todopoderosas empresas para cubrir con un poco de maquillaje la problemática de fondo. La moratoria es indispensable mientras se discute una nueva ley de minería que no esté hecha a la medida de las poderosas transnacionales y sus intereses.
Hasta la fecha se han realizado 58 consultas en las comunidades donde se ubican los proyectos de explotación minera, en todas, el veredicto popular ha sido desfavorable a la extracción y, sin embargo, la voluntad de las comunidades no se ha respetado. Contrario a esto, la criminalización y persecución de la dirigencia que se opone a la minería ha sido la constante.
Implantar el modelo de la “economía verde” —agrocombustibles, transgénicos, geoingeniería y mercados de carbono— como solución para la crisis ambiental y alimentaria, sumado al disfraz de las regalías voluntarias de las mineras, no solamente agrava el problema, sino mercantiliza y privatiza los recursos naturales y la vida.
Defender a la patria no es cantar el himno nacional con la mano empuñada, sino anteponer los intereses de la Nación a los de las empresas transnacionales que nos cambian el oro por migajas, contaminación y destrucción.
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