La Gremial de Industrias Extractivas, de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), manifestó ayer al presidente Otto Pérez Molina su preocupación por la supuesta lentitud con que se procesan los estudios de impacto ambiental y sobre todo las licencias de explotación minera.
La preocupación es tal que el presidente de la CIG, Andrés Castillo, llegó ayer a la Casa Presidencial para plantearles dudas al respecto al gobernante y al ministro de Energía y Minas, Érick Archila.
“Habíamos visto una lentitud —con las licencias—, pero nos explicaron cuáles son los procesos que hay que seguir, así que estamos a la espera de que esos procesos se cumplan y esperar que esas inversiones se logren dar”, dijo el dirigente empresarial al salir de la reunión.
Castillo no precisó el número de compañías que están a la espera de su licencia para explotar minerales, pero sí afirmó que “la más urgente” solo es una: la mina San Rafael, en Santa Rosa.
“No tengo los datos, por eso me acompañaban los miembros de la Gremial, para poderle dar un poco más de información al mandatario”, expuso respecto de qué otras minas esperan licencia.
Sin presiones
Archila negó que los empresarios hayan hecho algún tipo de presión para agilizar los procesos de licencia y concretar inversiones, pero descartó algún plazo para que estas se emitan.
“No podemos dar un plazo, pero si seguimos las evaluaciones, en determinado momento se concluirá, pero no quisiéramos dar plazos”, respondió el funcionario.
Uno de los puntos que tienen vinculación con ese asunto y que también se habló en la reunión fue la propuesta —aún desconocida— de reformas a la Ley de Minería.
Antecedentes
En el caso de la mina ubicada en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, el ministro explicó que se encuentra en fase exploratoria desde hace “algún tiempo” y podría generar entre mil 500 y dos mil empleos. La mina está a cargo de la empresa Tahoe Resources.
Durante el primer semestre del año, vecinos y sectores de ese departamento y Jalapa han manifestado su rechazo a las operaciones de la mina, ya que denuncian supuestas estrategias fraudulentas para obtener las licencias de explotación.
Además, se han hecho tres consultas populares, las últimas en julio y agosto, donde el 98 por ciento de los pobladores se oponen a la actividad minera en el lugar.
“Hemos tenido evaluaciones muy periódicas de manera mensual, abiertas, evaluaciones ambientales, socioeconómicas del proyecto, y les hemos dado seguimiento muy estricto y queremos visualizar que la compañía ha ido cumpliendo con todos los requisitos”, expresó Archila.
Carlos Roberto Morales, gerente administrativo de la mina, indicó que al momento se han invertido US$140 millones en el terreno y tienen compromisos por US$70 millones más. En total, explicó que la inversión será de US$320 millones.
“Estamos en la fase de construcción de toda la planta de procesamiento”, refirió Morales.
La mina explotará plata, con un proceso hidrometalúrgico de flotación, el cual se efectúa a través de túneles, detalló el empresario.
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