ARPAS
En el marco de la presentación del proyecto de decreto de suspensión temporal de la minería metálica –planteado por el Ejecutivo– apareció en el debate público la amenaza de la minería transfronteriza, especialmente la mina Cerro Blanco ubicada en Jutiapa, Guatemala.
Las autoridades del vecino país se niegan a suspender ese proyecto alegando su derecho soberano de explotar sus recursos naturales, a pesar de la protesta de organizaciones ambientalistas guatemaltecas y salvadoreñas que advierten sobre la posible contaminación del Lago de Guija y del Río Lempa (El principal afluente del país y abastecedor de agua potable para el 50% de la población del área metropolitana de San Salvador).
Y frente a este grave problema, el gobierno salvadoreño no ha planteado una enérgica condena ante su par guatemalteco. La actitud, más allá de algunas declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén en el contexto del Plan Trifinio, ha sido muy pasiva. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, declaró la semana pasada que el gobierno espera resolver este problema con Guatemala sin tener que recurrir a instancias internacionales.
Esta declaración del ministro Rosa Chávez, que insinúa la posibilidad de demandar al estado guatemalteco ante un tribunal internacional, le da un giro importante a la postura salvadoreña frente a este proyecto minero cuyas consecuencias ambientales y sociales serían catastróficas para el país.
Esta posición, más clara y firme, indica que el gobierno es conciente del grave riesgo nacional que representa la mina Cerro Blanco y que está dispuesto a defender al país de semejante peligro. Sin embargo, como dice la frase popular: hay que “pasar del dicho al hecho”; lo cual significa que el gobierno debe ser más beligerante y actuar de inmediato.
Esto implica dos cosas. En primer lugar, que El Salvador –a través de la Cancillería– debe protestar formalmente ante el gobierno guatemalteco; y, en segundo lugar, presentar la demanda ante un tribunal internacional que tenga competencia en casos como éste. Esta instancia podría ser la Corte Centroamericana de Justicia o la Corte Internacional de Justicia, conocida como Corte de La Haya.
Ésta sería una acción disuasiva que podría ablandar la intransigente postura de las autoridades guatemaltecas que amenazan seriamente la vida en nuestro país con sus proyectos de minería transfronteriza como Cerro Blanco.
Las autoridades del vecino país se niegan a suspender ese proyecto alegando su derecho soberano de explotar sus recursos naturales, a pesar de la protesta de organizaciones ambientalistas guatemaltecas y salvadoreñas que advierten sobre la posible contaminación del Lago de Guija y del Río Lempa (El principal afluente del país y abastecedor de agua potable para el 50% de la población del área metropolitana de San Salvador).
Y frente a este grave problema, el gobierno salvadoreño no ha planteado una enérgica condena ante su par guatemalteco. La actitud, más allá de algunas declaraciones del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén en el contexto del Plan Trifinio, ha sido muy pasiva. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, declaró la semana pasada que el gobierno espera resolver este problema con Guatemala sin tener que recurrir a instancias internacionales.
Esta declaración del ministro Rosa Chávez, que insinúa la posibilidad de demandar al estado guatemalteco ante un tribunal internacional, le da un giro importante a la postura salvadoreña frente a este proyecto minero cuyas consecuencias ambientales y sociales serían catastróficas para el país.
Esta posición, más clara y firme, indica que el gobierno es conciente del grave riesgo nacional que representa la mina Cerro Blanco y que está dispuesto a defender al país de semejante peligro. Sin embargo, como dice la frase popular: hay que “pasar del dicho al hecho”; lo cual significa que el gobierno debe ser más beligerante y actuar de inmediato.
Esto implica dos cosas. En primer lugar, que El Salvador –a través de la Cancillería– debe protestar formalmente ante el gobierno guatemalteco; y, en segundo lugar, presentar la demanda ante un tribunal internacional que tenga competencia en casos como éste. Esta instancia podría ser la Corte Centroamericana de Justicia o la Corte Internacional de Justicia, conocida como Corte de La Haya.
Ésta sería una acción disuasiva que podría ablandar la intransigente postura de las autoridades guatemaltecas que amenazan seriamente la vida en nuestro país con sus proyectos de minería transfronteriza como Cerro Blanco.
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