El Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ante los graves y condenables acontecimientos sucedidos en Santa Cruz Barillas Huehuetenango, declara:
1. Que la Ley Nacional de Electricidad vigente, aprobada por el Congreso de la República durante el gobierno de Álvaro Arzú privatiza principalmente el proceso de generación y distribución del servicio eléctrico, hecho que anula las capacidades del Estado como garante del desarrollo energético, además atenta contra la soberanía nacional, sometiendo así al país a la profundización de la dependencia económica de las grandes empresas transnacionales y sobre todo anula toda posibilidad para que Guatemala construya su independencia energética.
2. URNG en el año 2009 presentó una iniciativa de ley para reformar la ley Nacional de Electricidad vigente, pretendiendo devolverle al Estado guatemalteco a través del Instituto Nacional de Electricidad, la capacidad constitucional de ser el rector del proceso del desarrollo energético, así como ampliar y fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entre otras. Esta iniciativa tuvo dictamen desfavorable de parte de la comisión correspondiente en el Congreso de la República, la cual estaba copada por los partidos UNE, GANA y PATRIOTA.
3. La situación que se vive actualmente en Santa Cruz Barillas Huehuetenango no se reduce solamente a un conflicto aislado entre la población y una empresa transnacional, por el contrario es el resultado del proceso histórico de apropiación privada de la tierra y el territorio, hecho que solo ha significado a la población y sus comunidades, despojos de tierras, usurpación del territorio, desplazamientos y desarraigo de poblaciones enteras, destrucción de centros ceremoniales y del ambiente natural, restricciones al acceso y uso a las fuentes de agua, y sobre todo la imposición de supuestos proyectos de desarrollo que hasta el momento solo han significado para el país el saqueo permanente de sus bienes naturales, la sobre explotación de la población, el atraso nacional y ante todo la pobreza y pobreza extrema en la cual Guatemala está sumergida.
4. La vasta región norte de Guatemala ha sido objeto del asedio histórico de parte del poder económico, político y militar, hay que recordar que como producto de la contrarreforma agraria impuesta a partir de 1954, fue objeto de “colonización”, también se utilizó por el Ejército de Guatemala para confinar a grupos de población en las llamadas “aldeas modelos” y últimamente el neoliberalismo se esfuerza por apropiarse privadamente de ella con fines de ampliación de la frontera agrícola, el desarrollo de la minería, el petróleo y proyectos de energía eléctrica con la legislación vigente, el turismo y otros proyectos que solo significan acumulación de capital para los inversionistas, pero nunca el desarrollo nacional y la viabilidad de Guatemala como país.
5. El gobierno del Partido Patriota y del Presidente Otto Pérez Molina están obligados ante Guatemala y el mundo a rectificar su política neoliberal, la cual al igual que los gobiernos anteriores desafortunadamente ha sido profundizada e impuesta por la fuerza pública y privada en los cuatro meses que lleva este gobierno, también deben recordarque tienen la gran responsabilidad de resolver los problemas nacionales y proyectar el desarrollo del país, sobre la base de la plena vigencia de los derechos humanos, sustentado en los principios de soberanía e independencia nacional, la justicia social, el pleno respeto a la identidad y derechos históricos de los pueblos indígenas consagrados en la misma Constitución Política de Guatemala, los Acuerdos de Paz y el Convenio 169 de la OIT.
6. URNG por este medio fija su posición política en respaldo a las justas demandas de la población de Santa Cruz Barillas, las autoridades indígenas, la diversidad de organizaciones sociales y comunitarias y a la declaración del Comité Ejecutivo Departamental de URNG en Huehuetenango.
7. Al gobierno central exige la suspensión del estado de sitio, la investigación con presencia comunitaria sobre las infracciones a la ley de parte de la empresa que genera el conflicto, el respeto a las consultas populares avaladas en su momento por la Corporación Municipal, y sobre todo el resarcimiento a la población de Santa Cruz Barillas por los daños causados por la negligencia e incapacidad del Estado para garantizarle sus derechos, así como por los excesos cometidos por la fuerza pública y su tolerancia cómplice a las intervenciones ilícitas de las fuerzas de seguridad privadas presentes en el municipio.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.
Guatemala 07 de Mayo de 2012
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