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Los problemas en el lugar empezaron en 2008.
S. Menchú / Con información de Agencias
El acuerdo que establece el Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas,
Huehuetenango, fue publicado ayer. El mandatario Otto Pérez aseguró que
todo está tranquilo en el lugar y que, de seguir así, la medida será
retirada a finales de mes.
Los soldados y agentes de la Policía recorren las calles del lugar. Los
allanamientos continuaron ayer, mientras que 8 de los 12 capturados esta
semana fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva. El
vocero del Ministerio Público, Ricardo Marroquín, informó que los cargos
son por asociación ilícita, robo agravado y atentado. Ninguno es
sospechoso de asesinato.
Según los campesinos
Ambos bandos (las autoridades y los campesinos) confirman la versión de
que los problemas empezaron desde la llegada de Hidro Santa Cruz, S.A.
A pesar de que el 23 de junio de 2007, en la consulta comunitaria, 46
mil 472 personas votaron contra la minería y construcción de
megaproyectos. A finales de 2008 varias personas llegaron al lugar a
medir caudales y terrenos cercanos al río Cambalam.
Meses después apareció la empresa española Econer-Hidralia, que después
se convirtió en Hidro Santa Cruz, que promovió la implementación del
proyecto Cambalam. En ese momento los vecinos empezaron a manifestar su
rechazo en reuniones con el alcalde en asambleas comunitarias.
En julio de 2009 la hidroeléctrica denunció en el juzgado de la
localidad a 7 líderes comunitarios por los delitos de coacción,
intimidación y detención ilegal. Los acusados eran Abigaíl Méndez, Mauro
Méndez, María López, Rony Juárez, Rubén Herrera, Pablo Antonio Pablo y
Saúl Méndez. Los sindicados denunciaron las “represalias” al Procurador
de los Derechos Humanos en febrero de 2010.
Pablo Antonio Pablo fue uno de los campesinos heridos el pasado 1 de
mayo, y Saúl Méndez es uno de los 12 detenidos por las fuerzas armadas.
Retiran los cargos
En agosto 2009, durante una asamblea en Poza Verde, Hidro Santa Cruz
ofreció retirar las demandas contra los 7 líderes. La denuncia se
mantiene a la fecha solo contra Rubén Herrera.
La “aparente” calma retornó a Santa Cruz Barillas, pero los pobladores
retomaron las reuniones con la alcaldía en marzo de 2011, y solicitaron
verificar la legalidad de la hidroeléctrica. El informe de la sesión
quedó registrado en el Ministerio Público, en el Centro de Atención de
Justicia de Santa Eulalia.
Dos semanas antes de los disturbios del 1 de mayo, el Ejército había
reforzado el número de militares en dicho lugar, luego de que los
campesinos aglomerados frente a la municipalidad pidieron que
investigaran la detonación de una bomba alrededor del cerco de los
terrenos de la empresa.
El Ministerio de Energía y Minas autorizó la licencia de construcción a
Hidro Santa Cruz en mayo de 2011.
Rafael Argueta, director de proyectos estratégicos de la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que supervisa los Estudios de
Impacto Ambiental de empresas que quieren desarrollar proyectos en
Guatemala, dijo que Hidro Santa Cruz tiene una autorización para
construir la hidroeléctrica desde 2009.
En un comunicado, la empresa rechaza los hechos violentos y asegura que
“desde hace mucho tiempo ha sido víctima de cuantiosas pérdidas
materiales y amenazas”.
Rechazan versión de campesinos
Según Sergio Morataya, director de Comunicación Social de Hidro Santa
Cruz, S.A., la empresa encargada de la represa no busca expandir el
proyecto. Morataya dijo que las negociaciones con las comunidades
“terminaron el año pasado con la venta de 21 hectáreas” y negó que el
campesino asesinado haya sido uno de los que les vendió sus tierras.
“Este es un proyecto chiquito. Nosotros terminamos de negociar hace
tiempo y la persona que murió no pertenece al grupo de 12 vendedores”,
afirmó.
Morataya dijo que desde el 28 de abril hasta el 5 de mayo, los empleados
de la firma estaban de feriado.
Hidro Santa Cruz, S.A., es una subsidiaria de la española Hidralia
Energia, S.A., la cual opera en Guatemala y Ecuador.
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