COMUNICADO DE PRENSA
Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, con el acompañamiento de las de nuestras abuelas y abuelos, en este final del Oxlajuj Ba’qtun hacemos del conocimiento público que a raíz de exigir el respeto a nuestros derecho a la consulta, a la información, a la protección de la tierra, territorio y recursos naturales desde hace mas de 6 años ante las instancias del Estado de Guatemala, como respuesta a estas demandas solo se ha recibido criminalización, por lo que por este medio, denunciamos:
EL IMPULSO DE UNA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO Y CRIMINALIZACIÓN EN CONTRA DE LAS DEMANDAS INDÍGENAS, puesto que:
a) Instituciones del Estado y las cámaras que representan intereses oligárquicos, se encuentran creando escenarios para la criminalización de las luchas sociales por la defensa de la tierra, territorio y recursos naturales generando un clima que agudiza la represión y violación a los derechos humanos de varios pueblos indígenas al acusar a sus líderes y representantes de la comisión de una serie de delitos tipificados en la Ley contra el Terrorismo y Crimen Organizado.
b) Esta campaña se está materializando con el pronunciamiento de algunos columnistas de prensa, quienes están al servicio de los intereses oligárquicos, que inclusive han realizado programas radiales acusando a las comunidades kaqchikeles y lideres de San Juan Sacatepéquez, de criminales y terroristas; siendo estas acciones las únicas respuestas que la “racionalidad empresarial” puede dar a las demandas colectivas e históricas de este pueblo indígena.
c) Recientemente delegados de nuestras comunidades viajaron a Ginebra invitados por redes de defensores de derechos humanos y medio ambiente de Suiza para dar a conocer la violación de los derechos colectivos de pueblos indígenas que hemos sido víctimas por parte del Estado guatemalteco, fueron perseguidos por personeros enviados por empresas mineras quienes llegaron hasta el citado lugar con el fin de intimidarlos.
d) Que no constituye delito alguno el hecho que las comunidades indígenas como las de San Juan Sacatepéquez reciban el apoyo de personas solidarias nacionales e internacionales para el ejercicio de nuestros derechos, así como tampoco lo es que instituciones del Estado reciban aportes económicos para inversión nacional, sin que este apoyo los etiquete de delincuentes. Por lo que, creemos firmemente que todas estas actitudes sólo evidencian lo profundamente racistas que son estas estructuras que lesionan gravemente la dignidad y libertad comunitaria.
e) La coyuntura evidencia la falta de voluntad política del Estado para resolver las causas reales del conflicto generado por la minería, utilizando estas acciones de represión en contubernio con la oligarquía tradicional para desarticular los movimientos indígenas y campesinos, y hechos como los que denunciamos busca justificar la entrega de nuestra madre naturaleza para la explotación minera sin importar los daños irreparables al ambiente, que en el caso de las comunidades kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez el proyecto cementero a gran escala pone en riego la sobrevivencia de estas comunidades.
Por lo que SOLICITAMOS:
1. Al Gobierno del Presidente Otto Pérez Molina a no continuar con estas prácticas de represión, criminalización y militarización en contra de nuestros pueblos, pues con este tipo de acciones solo provocará la profundización de la conflictividad en el campo.
2. A la comunidad internacional, ahora mas que nunca su solidaridad para no dejarse sorprender por este tipo de actos que tienen como objetivo silenciar la voz de las comunidades y pueblos indígenas.
3. A las organizaciones de pueblos indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos, a estar atentas, ya que como lo indicamos, esta campaña es el inicio de un plan orientado a socavar a los movimientos sociales.
4. A los medios de comunicación, como actores de cambio, que nos ayuden a informar objetivamente sobre este proceso, ya que los pueblos indígenas no queremos que se estigmaticen las acciones que realizamos por la búsqueda de la verdad, la justicia y el respeto de nuestros derechos colectivos por el respeto a la consulta, a la tierra, territorio y recursos naturales.
San Juan Sacatepéquez, 24 de febrero de 2012.
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