Cecilia Mérida
Raíces
El anuncio hecho por el Presidente Pérez Molina, sobre el acuerdo voluntario alcanzado con las empresas mineras en cuanto al aumento de las regalías por la extracción de metales preciosos en territorio guatemalteco, constata la sordidez de un sistema político al servicio de los intereses del capital transnacional.
El acuerdo del que hoy se ufana el Gobierno se suma a la larga historia de despojo y dominación sufrida por los pueblos indígenas y poblaciones mestizas empobrecidas a causa de un Estado oligárquico y racista.
El actual Gobierno necesita legitimar su llegada al poder y lo hace a través de discursos basados en la peor de las cegueras; es decir, en aquella de quienes por su prepotencia se niegan a ver la realidad e insisten en que su verdad es la única; por lo tanto, la mejor.
Dónde quedaron, a ojos y oídos de Pérez Molina, las voces de miles de hombres y mujeres que ejerciendo nuestros derechos políticos y demandando respeto a nuestra identidad a través de las 58 Consultas Comunitarias hemos dicho no a la explotación minera en territorios del Occidente y Oriente del país. La minería o cualquier otra actividad extractiva no representan una alternativa para el desarrollo de los pueblos, no para un desarrollo basado en el respeto a la vida humana y a la Madre Naturaleza.
La minería de metales a cielo abierto es letal para los ecosistemas, daña los caudales y reservas de agua dulce; incide en la deforestación, daña la salud humana, es causa de conflictividad social y niega la posibilidad de futuro a las nuevas generaciones.
De aquí a 20 años, donde hoy extraen oro, sólo habrá desolación y más pobreza. Todo lo que se nos presenta como beneficios sociales generados, por ejemplo, por la Mina Marlin en San Marcos son solo espejismos.
Basta comparar cuánto dinero gana la empresa minera, qué representa un 5% frente a esas ganancias y cuánto de dinero se necesita para cubrir los daños ambientales. Por eso no se trata de pedir más regalías, sino de detener el robo de los bienes naturales por parte de las empresas extractivas en contubernio con los gobiernos de turno.
El acuerdo del que hoy se ufana el Gobierno se suma a la larga historia de despojo y dominación sufrida por los pueblos indígenas y poblaciones mestizas empobrecidas a causa de un Estado oligárquico y racista.
El actual Gobierno necesita legitimar su llegada al poder y lo hace a través de discursos basados en la peor de las cegueras; es decir, en aquella de quienes por su prepotencia se niegan a ver la realidad e insisten en que su verdad es la única; por lo tanto, la mejor.
Dónde quedaron, a ojos y oídos de Pérez Molina, las voces de miles de hombres y mujeres que ejerciendo nuestros derechos políticos y demandando respeto a nuestra identidad a través de las 58 Consultas Comunitarias hemos dicho no a la explotación minera en territorios del Occidente y Oriente del país. La minería o cualquier otra actividad extractiva no representan una alternativa para el desarrollo de los pueblos, no para un desarrollo basado en el respeto a la vida humana y a la Madre Naturaleza.
La minería de metales a cielo abierto es letal para los ecosistemas, daña los caudales y reservas de agua dulce; incide en la deforestación, daña la salud humana, es causa de conflictividad social y niega la posibilidad de futuro a las nuevas generaciones.
De aquí a 20 años, donde hoy extraen oro, sólo habrá desolación y más pobreza. Todo lo que se nos presenta como beneficios sociales generados, por ejemplo, por la Mina Marlin en San Marcos son solo espejismos.
Basta comparar cuánto dinero gana la empresa minera, qué representa un 5% frente a esas ganancias y cuánto de dinero se necesita para cubrir los daños ambientales. Por eso no se trata de pedir más regalías, sino de detener el robo de los bienes naturales por parte de las empresas extractivas en contubernio con los gobiernos de turno.
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