Después de haber afirmado en campaña electoral que se debía exigir a la industria minera un 40 por ciento por la explotación de bienes estatales, el presidente Otto Pérez Molina firmó un acuerdo de “regalías voluntarias” con las empresas extractivas. A doce días de la toma de posesión, en un afán por firmar el acuerdo, el gobierno ignoró al complejo entramado social, ambiental y económico que interviene en la actividad. Este ejercicio de “buena voluntad” entre empresas mineras y gobierno, una veinteava parte menor de lo que Pérez pedía, vierte pólvora sobre viejos, pero muy vivos conflictos.
Por Alejandra Gutiérrez Valdizán 21 Febrero, 2012 - 08:41
La clave de este negocio es ir a lo profundo, extraer de la tierra minerales y comercializarlos. Parece simple, pero no lo es. Porque en la industria minera se utilizan bienes estatales (los minerales del subsuelo), se potencian riesgos ambientales y, ante todo, revientan conflictos sociales por el territorio. Pero, por otro lado, las empresas extractivas tienen la capacidad de generar jugosas ganancias y, en algunos casos, ingresos positivos para un país.
Es decir, en el escenario están los protectores del ambiente y de derechos humanos, que consideran a la minería como una de las más nefastas estrategias para alcanzar el desarrollo; en otro punto se encuentran las industrias mineras que creen que la riqueza en el subsuelo debe aprovecharse en vez de dejarla reposar y, como cualquier empresa, tener márgenes de ganancia que hagan rentable la actividad. Algunos actores proponen la explotación minera como uno de los bastiones del desarrollo –sin obstáculos burocráticos o ambientales-, por otros consideran que se puede promover la minería, bajo estrictos controles ambientales y rigurosas cargas impositivas. Y en un rincón olvidado están las comunidades a las que se les instala una industria que afecta su ambiente en plena vecindad. En fin, todos los ingredientes para provocar un caldo de conflictos. En un mundo feliz sería el Estado, el gobierno, quien se instituiría como mediador entre tantos intereses encontrados. Pero no lo es.
En la firma del convenio, Pérez Molina expresó: “el diálogo franco y sincero entre el Ejecutivo y el sector privado permitió alcanzar el acuerdo”. Mientras que Andrés Castillo, presidente de la Cámara de la Industria, consideró que la firma “permite concretar una alianza y confianza del sector privado con el nuevo gobierno”. Este compromiso que “permitirá que las regalías generadas por la actividad minera de metales no preciosos se incremente del 1 al 3 por ciento, mientras que la de metales (oro y plata), se incrementen al 4 por ciento” –Montana Exploradora se compromete a un cinco por ciento por ventas brutas- fue avalado por el Ministro de Energía y Minas (MEM), Érick Archila; y como testigos de honor los Ministros de Finanzas, Pavel Centeno, y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Roxana Sobenes.
Además, el convenio establece una cláusula, que indica que “se desactiva el porcentaje de regalías cuando los metales básicos y preciosos que se indican en el presente convenio alcancen los precios de: níquel, $6.50 por libra; plomo, $0.75 por libra; y zinc $0.75 por libra. La plata, $16.00; y el oro a $975". La redacción del acuerdo no aclara si se refiere a que pagarán si el precio supera las cifras establecidas; o cumplirán el acuerdo si los precios se mantienen por debajo de éstas. En el 2011 el oro alcanzó un máximo histórico de US$1,923 la onza; y el pronóstico de 2012 es que incluso podría llegar a US$2000.Lo que implicaría que si el pacto fuera pagar cuando los precios son menores a los determinados, el pago de regalías, en determinados materiales, quedará en la misma cifra –el uno por ciento-. Tampoco hace referencia a productos mineros no metálicos, como los materiales de construcción.
Este pacto de confianza fue tan veloz –o tan bien negociado durante la campaña- que no alcanzó a ser incluido dentro de las propuestas para la reforma fiscal, que se difundió siete días después. En varias ocasiones sectores de la sociedad habían presentado propuestas para promover cambios y aumentos en las regalías, además de más rigurosos controles para el ambiente; pero el sorpresivo pacto las excluyó.
Fue tan expedita la puesta en común, entre Gobierno y la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), que por ejemplo al arzobispado de Guatemala llegó una invitación para asistir al evento, pero que no precisaba de qué se trataba. Sin saberlo, Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (OHAG), apareció entre los testigos de honor, como representante del grupo G4, junto al Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales y Jorge Morales, de Alianza Evangélica. Pese a esto, Rodenas es enfático. “Nuestra posición es que estamos en total desacuerdo, primero que todo exigimos un respeto a la dignidad como país, ese tipo de regalías son ínfimas para los beneficios que obtienen las compañías mineras, creo que no es digno dar cantidades tan cortas, comparado al daño que se está haciendo al país”. Rodenas afirma que su participación como testigo no implica avalar el acuerdo. “Minutos antes me enteré de qué se trataba, ni pensaba que me iban a pasar al frente” y reitera que la Conferencia Episcopal se ha manifestado en los temas mineras, y no ha sido precisamente para ratificar las acciones de esta industria.
Pese a que el aumento del pago de regalías multiplica hasta por cinco, en determinados rubros –el de metales preciosos-, lo que se pagaba anteriormente, para algunos expertos en temas fiscales y para grupos ambientalistas, la apresurada negociación despierta suspicacias y genera más desconfianzas que las que ha provocado histórica y mundialmente el tema minero.
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y ex ministro de Finanzas, en una columna escribió que “si el impulso de la reforma tributaria es el gran acierto, el acuerdo “voluntario” entre la minera y el gobierno es el gran desacierto. Artero y espurio, negociando fondos públicos en la más descarada e insolente opacidad, es ya un verdadero escupitajo al rostro de Guatemala”.
En el mismo sentido la ambientalista Magalí Rey Rosa, de la Escuela de Pensamiento Ecologista SAVIA, opina que hay varios elementos que “nos deberían levantar suspicacia, éste no es un acuerdo inocente”. Rey Rosa advierte de una seria inconformidad en las comunidades colindantes con minas por el impacto ambiental que podrían provocar nuevas explotaciones mineras.
En el mismo sentido, Yuri Melini, la antropóloga Irma Alicia Velásquez, e incluso ex funcionarios, como Luis Ferraté, insisten en calificar estos conflictos como profundos y alarmantes. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCLA) registra 155 conflictos sociales provocados por proyectos mineros en Latinoamérica, reconoce cuatro para Guatemala, aunque investigadores sociales declaran que son más, pero no mencionan cuáles.
TRATADOS UNDERGROUND
Para Ricardo Barrientos, el acuerdo firmado entre gobierno y empresas viene a revelar lo que ya se analizaba desde la conformación del gabinete, donde se definen los pulsos políticos que ponen en tensión al Ejecutivo. “Hay que entender que estamos ante un fenómeno político, estamos viendo el grado de diferenciación entre las visiones y posiciones políticas de los miembros del gabinete de Otto Pérez Molina; dos estilos de gestión”. Barrientos considera que por un lado, están las visiones más progresistas como Pavel Centeno del Ministerio de Finanzas o Fernando Carrera de Segeplan, que impulsaron la ley de Actualización Tributaria y, por otro, “una visión distinta, más en la línea del ministro Érick Archila (del MEM), un sector pro empresarial”.
El analista asegura que ambos temas, la reforma fiscal y el acuerdo minero, no son el resultado de procesos inmediatos o que tengan corta vida. “Yo por lo menos tengo conocimiento que el tema tributario se vino discutiendo en el equipo de gobierno desde la segunda vuelta”; y aunque afirma no estar informado sobre posibles charlas previas entre la Gremiext y el Gobierno, sí la considera “una negociación opaca y de espaldas a la población”. “Se puede inferir que no es de un par de días. La pregunta es: ¿Con qué legitimidad y solvencia, con qué nivel de responsabilidad es que se condujeron estas negociaciones por recursos públicos?”.
Mario Marroquín, el presidente de la Gremial de Industrias Extractivas de Guatemala (Gremiext) y director de Goldcorp, responde contundente: “Esta negociación lleva ocho años, el tema de las regalías no es un asunto nuevo”. Marroquín afirma que desde el gobierno de Óscar Berger había una comisión de alto nivel en donde se gestó una recomendación específica del “uno por ciento para no metálicos, dos porciento para materiales básicos y tres por ciento para metálicos”. Dicha recomendación fue hecha por el Ministerio de Energía y Minas y una similar por las industrias extractivas, con el agregado de que a partir de determinado precio ($950 para el oro, se pagaría un 50 por ciento más). Eran bastante diferentes de la que hiciera el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) y que según Sigfrido Lee y María Isabel Bonilla, en su investigación Contribución de la Industria Minera en Guatemala, fue la que tuvo más apoyo entre legisladores y sectores sociales: sugería 3 porciento a minerales metálicos básicos y 12.4 por ciento a metales preciosos).
El presidente de la Gremiext asegura que durante todo este tiempo han estado abiertos ha discutir, “incluso en esas charlas estuvo (Álvaro) Ramazzini (obispo de San Marcos y crítico de algunos proyectos)”. Marroquín asegura que la negociación oficial se realizó con el nuevo gobierno cuando éste tomó posesión. Sin embargo, evita dar detalles y afirma, al cuestionársele sobre las personas involucradas en la construcción del acuerdo, que “fue una iniciativa del Ejecutivo. No podemos expresar ni opinar sus asuntos (internos). Fue un trato como gremial con el Gobierno de Guatemala”. Al preguntarle la inconformidad de algunos sectores que no fueron tomados en cuenta, Marroquín expresa “probablemente el gobierno decidió hablar con los que van a pagar”.
Ambientalistas entrevistados y columnistas sospechan que el acuerdo voluntario podría deberse a un pago de favores electorales. Marroquín responde: “Absolutamente no”, y argumenta que es totalmente ilógico que el pago de favores implique “que me hagan pagar más impuestos. ¿Cómo es posible que se pueda dudar de la inteligencia del ciudadano común y corriente?”.
No se pudo corroborar si la propuesta del acuerdo provino del Ejecutivo, como afirma Marroquín, pues el ministro de Energía y Minas, Érick Archila, no respondió a las preguntas que le fueron trasladas a través de su equipo de comunicación.
A diferencia del gobierno pasado, en que se sabía que Luis Ferraté, ministro de Ambiente Luis Ferraté en más de una ocasión se plantó en el gabinete frente a las decisiones del entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Meany –sin demasiado éxito, hay que decirlo-; en este gabinete se vislumbra sin oposición interna. De hecho, la firma del acuerdo incluye a ambos ministros Archila y Sobenes con sonrisas para la foto.
A Carlos Salvatierra, miembro de la Escuela de Pensamiento Ecologista SAVIA y Secretario Ejecutivo de Redmanglar Internacional, el nombramiento de Roxana Sobenes como ministra de Ambiente y Recursos Naturales le genera muchas dudas. Salvatierra asegura que cuando Sobenes fue viceministra en el gobierno de Óscar Berger, fue la persona que dio instrucciones para que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel fuera fraccionado en dos partes.
Según Salvatierra, en una parte se consideró solamente el proceso de extracción en la mina, y la segunda contempló la planta de procesamiento y el transporte del producto. “Este hecho fue criticado en su momento debido a que los EIAs deben ser documentos que reflejen la integridad del proceso y no es conveniente que sean segmentados. Además, Sobenes es miembro de la junta directiva de la organización FUNDASELVA, que en su momento servía como la imagen verde de la petrolera antecesora de Perenco”, afirma el ambientalista.
Para Salvatierra, una de las acciones de Sobenes que causan más suspicacia es su participación como consultora independiente del equipo que elaboró la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Porvenir Central de la empresa Tikal Minerals.
Sobre la firma del acuerdo de regalías, Salvatierra se muestra preocupado ante la señal de que ésta sea el banderazo de salida para para muchas concesiones más que podría hacer el gobierno a empresas que pudiesen trabajar sin armonía con el medio ambiente.
El proceso para adjudicar determinados impuestos, regalías, regulaciones a las industrias mineras toma tiempo y discusiones serias. Hay países con una tradición minera de décadas y aún existe una permanente disputa sobre la idoneidad de los sistemas de fiscalización. ¿Era viable plantear una propuesta tan acelerada? ¿Es justo este acuerdo voluntario?
¿A cómo la regalía?
Para la implementación de impuestos y regalías mineras no hay una receta. Cada país establece diversos tipos de impuestos o de exenciones, de acuerdo al modelo económico que decida seguir. Quizás ese es el gran punto de partida: ¿cuál es el modelo que Guatemala quiere seguir? Muchos debates y diálogos sobre el tema, pero hasta el momento, nulo acuerdo entre las partes.
La ley de Minería 48-97 vigente, instaurada en 1997 bajo el gobierno de Álvaro Arzú, pretende promover como modelo económico y como bastión de desarrollo a las industrias extractivas. En sus considerandos cita que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 125, “declara que es de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovales, debiendo el Estado propiciar las condiciones necesarias para su exploración y explotación” y asegura en el Régimen Minero, artículo 7, que “Se declaran de utilidad y necesidad pública el fomento y desarrollo de las operaciones mineras en el país, así como su explotación técnica”.
En el reglamento, aprobado en 2001, se dispone el uno por ciento de pago de regalías. Para el cálculo y pago de las regalías “el Ministerio determinará anualmente los valores de cotización que han de regir para los productos mineros comercializados en el mercado interno”. Para definir los valores sobre los que se calculará el pago de regalía, según el reglamento, se conforma una comisión integrada por seis miembros (tres del Ministerio de Energía y tres del sector privado). Información que no se hace demasiado pública. En los reglamentos de otros países se específica algún referente internacional o un promedio entre diversas bolsas, por ejemplo, para determinar el valor del mercado sobre el que se pagarán. En un estudio del CIEN se menciona que, de los cambios que promovió la ley en tiempos de Arzú, “sobresale mencionar que las regalías al Estado se modificaron de 6% a 1%: hasta antes de 1997 las regalías se calculaban sobre el valor del producto a boca de mina (6%); luego de la reforma, el cálculo se hace sobre el precio internacional del producto (1%)”.
Según establece el reglamento, el titular de la mina presenta ante la Dirección General de Minería una declaración jurada en donde indica “el volumen explotado” y la Dirección informa sobre los pagos que se requieren. El titular tiene la opción a oponerse y justificar los motivos. No se define si el MEM o las autoridades encargadas de determinar la cantidad a pagar, pueden realizar inspecciones para determinar la veracidad de las estimaciones; o evaluar si además del material reportado para el comercio, hay otro tipo de materiales o metales que no están siendo cuantificados.
El asunto crucial es cuánto es lo justo. Para Luis Ferraté, ex ministro de Ambiente “la mina debe dar un 20 o 30 por ciento. Esta propuesta no la acepto (la de regalías voluntarias) porque es una forma de decir ‘estamos haciendo cosas, mientras sale la ley’, y ese ‘mientras’ puede ser años, entonces no.”
Ferraté también proponía un modelo en el que las comunidades que estuvieran en territorio minero, salieran beneficiadas a través de acciones de la empresa y, consideraba también, que el Estado debería situarse como socio de la empresa. Pero, en su gestión, no logró ninguna reforma al reglamento o a la Ley.
En el mismo sentido Yuri Melini, de Centro de Acción Legal y Ambiental de Guatemala (Calas), afirma: “Si queremos redistribuir la riqueza, si se plantea la minería como un modelo para el desarrollo, si queremos hacer de nuestro territorio un queso suizo, hagámoslo justo, (pero) con regalías justas”. Melini propone cuatro estándares que deberían estar incluidos en una nueva Ley de Minería: incrementar regulaciones de protección ambiental, garantizar los espacios de participación pública ciudadana, incrementar una regalía justa comportada en los estándares internacionales, una regalía base y una de indexación (dependiendo de la fluctuación del mercado así se pagaría)
Por el contrario, Mario Marroquín considera que no ha habido una discusión seria sobre el tema minero y que en cuestión de regalías sólo hay propuestas aisladas, pero que no provienen de análisis económicos formales. Sin embargo, asegura que la propuesta del acuerdo de regalía voluntaria “alcanzamos el rango alto de regalías en América”. “Llevamos Q598 millones pagados en impuestos, contando el ISR, IUSI, timbres y las regalías”. Según Marroquín, la prensa ha contribuido a distorsionar la visión que se tiene del pago de estos impuestos pues se hacen comparaciones con otros países o con otro tipo de actividades económicas que funcionan de forma diferente.
De hecho, asegura Marroquín, la industria minera paga más impuestos que el sector turismo y forestal juntos. Probablemente lo dice en referencia a que muchos ambientalistas proponen cambiar el régimen de negocios y enfocarlos en estos dos sectores económicos. Marroquín asegura que no se toma en cuenta la primera inversión que debe realizar la industria minera para iniciar actividades extractivas y todo el proceso de exploración, “lo nuestro es de millones de dólares”. “Ha habido mucho material periodístico que carece de sustento técnico, y esto confunde”. El presidente de Gremiext considera que las cifras millonarias que implican la inversión de una industria minera genera suspicacias, pero no se analizan los gastos que éstas afrontan, además de la demora en la recuperación de la inversión a diferencia de otras actividades económicas. “Sin contar con la depreciación acelerada de nuestra maquinaria e instalaciones”.
Marroquín dive que con el nuevo acuerdo de regalías voluntarias Guatemala alcanzará el promedio máximo de impuestos de América. Pone de ejemplo a Chile, Perú y Brasil, países cuya economía se ha desarrollado, en buena medida por la industria extractiva. Marroquín dice: “estos países serán los únicos que alcancen las metas del milenio”. El presidente de la gremial está de acuerdo en generar propuestas y discusión sobre una posible reforma a la Ley de Minería, pero exige que ésta se realice sustentada técnicamente. Afirma que no hay estudios comparativos sobre los pagos de impuestos y análisis técnicos de los diversos países.
Lo que no menciona Marroquín es que en casos como el de Chile, la minería del cobre se comparte entre empresas privadas y empresas del Estado. Por ejemplo, la más grande del país en minería del cobre y la principal productora del mundo, Codelco-Chile, es una empresa estatal autónoma. O que en Brasil, la petrolera es estatal, se llama Petrobras y el año pasado llegó a ser la quinta empresa que mejor cotizaba en bolsa en el mundo.
El Instituto de Ambiente y Recursos Naturales (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar advierte que “los denominadores comunes de las leyes de minería en América Latina son la fuerte promoción de inversiones extranjeras en el sector, alta permisibilidad para la repatriación de ganancias de las industrias mineras (lo que no es común en África y Asia) y bajas tasas de impuestos y regalías; ello combinado con normas ambiguas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos ambientales y los derechos laborales”.
A pesar de que la industria minera genera millones de dólares en el mundo, o que provoca constantes discusiones en torno a la tributación, hay poco material académico y teórico que ilustre y analice las políticas fiscales en el rubro extractivo. A pesar de que se registra sobre los conflictos generados por las minas, o los ingresos al PIB por la industria minera, pareciera que no hay una puesta en común o documentos que evalúen cuánto pagan las minas por el uso de bienes estatales.
Y es que el asunto tributario no se centra sólo en las regalías mineras. Marroquín afirma “no hay un solo país que pague 35 por ciento de regalías”. Esto se debe a que en los sistemas fiscales de cada país intervienen otro tipo de impuestos, cánones, y exenciones que afectan la cuenta final. Por ejemplo, Perú y Brasil pagan el 3 por ciento aproximado de regalías, pero pagan impuesto sobre la renta mucho más elevados. La revista América Economía los recoge: Bolivia (35%), Perú (35,3%), Brasil (36,7%) y Argentina (37%). El aumento de Guatemala, si todas las empresas pagaran el Impuesto Sobre la Renta (sin posibilidad de deducciones) alcanzaría en el caso más alto de la mina Marlin de Goldcorp el 36% (si estuviera adscrita al régimen de utilidades, sumada la regalía) o el 10% (si fuera sobre ventas).
O se ignora de las sumatorias el gasto tributario (las deducciones) que son las prerrogativas en la misma Ley de Minería de Guatemala. Aquí no se paga impuestos a la importación –para maquinaria o insumos para el funcionamiento-, ni se menciona impuestos de exportación; o se tienen deducciones del ISR por depreciación de equipo, y también por la depreciación de los bienes de producción –en el caso de las minas-.
¿Cavar o no cavar? Ahí el dilema.
Para los ambientalistas entrevistados la discusión sobre el pago de regalías va un paso adelante de un debate que debería hacerse primero: el modelo de desarrollo para Guatemala y si en este interviene la promoción de la industria extractiva.
Tanto Melini como Rey Rosa concuerdan en que el turismo y la industria forestal deberían de ser prioridades para potenciarse a nivel nacional. Y ambos han denunciado constantemente la conflictividad social que genera a partir de la instalación de minas en las comunidades.
La antropóloga Irma Alicia Velásquez escribe que la conflictividad social ha alcanzado límites alarmantes. Para Velásquez el asunto es simple: el derecho al territorio. “No es el tema de minería, es sobre el manejo de territorios, con lo que hay en subsuelo. Para mí, el tema central es la lucha por la autonomía de los pueblos”. Las comunidades se encuentran desprotegidas y los intentos de las comunidades por hacer escuchar su voz a través de las consultas comunitarias se echan en saco roto. Se han realizado más de cincuenta consultas comunitarias relacionadas con la minería y hasta el momento ninguna ha tenido algún tipo de incidencia, a pesar de que la respuesta comunal ha sido contundente en cada una de las poblaciones: negarse a la instalación de minas en sus territorios. “Las comunidades que se encuentran las áreas periféricas de las minas son las que reciben directamente los impactos ambientales negativos de la actividad minera”.
Velásquez se queja de que se ha irrespetado el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo número 169, del que Guatemala es signatario y en el que los Estados se comprometen a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Las consultas se han realizado, pero sin ningún tipo de incidencia en las decisiones para otorgar licencias de exploración o explotación.
Según el documento Perfil Ambiental de Guatemala 2008-2009, del Iarna, la función gubernamental “asociada a la acreditación, contratación y fiscalización de la actividad minera, se fundamentan en el hecho de que ha deformado su función básica. Esto es, haber dejado de arbitrar las relaciones entre los diferentes actores sociales involucrados en los conflictos mineros y haberse convertido en el primer defensor de los intereses del sector empresarial, es decir, de un segmento de los involucrados”. Guatemala ha vivido en los últimos años un aumento de la conflictividad social y ambiental en torno a proyectos mineros, afirma el Iarna, y cita los provocados en las comunidades aledañas a la Mina Marlin y a la Laguna del Tigre.
Lo que abona al descontento es que la mayor parte de las comunidades ubicadas en zonas con potencial minero se encuentran en áreas consideradas de extrema pobreza, como afirma un estudio del MEM. El Iarna define algunas de las razones del rechazo: “el desarrollo de la minería afecta sus derechos económicos, sociales y culturales, la industria controla recursos que son esenciales para su desarrollo, el marco legal es adverso para sus intereses y no perciben los beneficios de las actividades”.
El Iarna afirma que “el subsistema social se beneficia de la actividad minera. Este subsistema también absorbe los impactos ambientales causados por este tipo de actividad, entre ellos, la competencia por los servicios ambientales que el subsistema natural brinda a las comunidades y la vulnerabilidad a desastres naturales”.
A pesar de que la mitad de lo que se paga en regalías, se designa a las municipalidades en cuyo territorio se encuentre la mina; el Iarna publica que el impacto de estos aportes no es significativo y que no hay una planificación estratégica y fiscalización que promuevan que el gasto municipal sea invertido adecuadamente y en beneficio directo para sus vecinos.
En el mismo sentido, Rey Rosa asegura que hay una serie de factores que no se han estudiado, como los posibles efectos a largo plazo que podría tener la generación de sustancias nocivas liberadas con el proceso de extracción y descarte de otros materiales y que se irían filtrando en el subsuelo.
Marroquín, de la Gremiext desvirtúa el alboroto generado alrededor del tema ambiental. Asegura que hasta ahora no hay estudios técnicos y científicos que prueben, por ejemplo, la contaminación del agua por metales. “Guatemala es un país volcánico, rico en hierro, ¿cómo vamos a pretender que sus ríos no estén cargados de metales?”. El representante de la Gremiext asegura que no se ha llevado a cabo un estudio comparativo entre ríos colindantes a minas y los que no lo estén, para poder probar que la mina es la que provoca el agua con altos índices de metales.
Además, considera Marroquín, no hay actividad económica que no genere impactos ambientales y pone de ejemplo la construcción de carreteras y las remociones de tierra que éstas provocan. El asunto de la sostenibilidad, explica Marroquín, si se desea el desarrollo, es imposible. Sin embargo, no entran en la ecuación costos ambientales y sociales para el Estado, que para las empresas pasan inadvertidos. En el caso de la mina Marlin, por ejemplo, los costos estatales, si estos fueran evaluados, determinarían una pérdida para el país (ver tabla Costos de la Mina Marlin).
Ricardo Barrientos afirma que finalmente no es el tema tributario el que provoca las mayores insatisfacciones: “es un concepto muy pobre sobre la competitividad, (el que se basa en) no pagar impuestos y pagar salarios bajos; es una forma espuria de pretender ser competitivo”. El economista resalta que la competitividad debería medirse por los niveles de educación, de salud, infraestructura. “Atraer inversión con bajos impuestos no es ser competitivo. Es ser irresponsable”. Y considera que el principal aporte para competir y atraer inversiones debería ser el gasto social, la infraestructura, la seguridad ciudadana, el sector justicia. “Estos son privilegios fiscales injustificados”.
A lo profundo
Otro tipo de factores quedaron fuera de discusión en el acuerdo y también están excluidos de la Ley de Minería. No se contemplan posibles gastos ambientales y utilización de recursos como el agua, que además contemple la reglamentación del cierre de minas, el llamado pasivo minero, que regula pagos y acciones de las empresas mineras cuando dejan de operar una mina. El IARNA, por ejemplo, le da cuatro años más de vida a la mina Marlin, Marroquín asegura que esto no se puede establecer con certeza. Sin embargo, el Estado no contempla lo que sucede en el territorio degradado después de la partida de las actividades extractivas.
Hasta el momento, a un mes de la toma de posesión y tres semanas de la firma de un acuerdo, con dudosas cláusulas. Sólo está claro que en relación al tema minero, hay una promesa de un aumento de aproximadamente Q600 millones para el erario público. Una firma de buena voluntad que pareciera querer soterrar, por el momento, un debate serio sobre el futuro de los bienes públicos.
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