lunes, 10 de octubre de 2011

ESTA TIERRA ES NUESTRA


ESTA TIERRA ES NUESTRA
COMUNICADO DE LAS COMUNIDADES DE TZALBAL
MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ
 Tzalbal, 6 de octubre de 2011

Dirigido a:
Comunidades de Nebaj, Chajul, Cotzal y a otros municipios vecinos
A la Municipalidad de Nebaj
A la Comunidad Nacional e Internacional
Al Gobierno de la República de Guatemala
Al Congreso de la República de Guatemala
A la Corte Suprema de Justicia
A la Corte de Constitucionalidad
Al Ministerio Público
A la Comisión Internacional de Juristas
Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala
Al Fondo de Tierra

El día 3 de mayo del año 2011, se presento ante las autoridades de la aldea Tzalbal, municipio de Nebaj, un delegado del Fondo de Tierra para explicarnos que las aldeas de la microregión Tzalbal estaban viviendo sobre tierra del Estado, porque su tierra había sido nacionalizada para el año 1984. Nosotras, las comunidades de esta microregión comenzamos a estudiar colectivamente, que íbamos a hacer y como era el camino de este problema que se nos presenta.

Fue entonces que comprendimos que las raíces de este problema están sembradas a partir de la creación del Decreto No. 60-70 del Presidente de la República General Carlos Arana Osorio en el año 1970, por medio del cual “Se declara de Interés Público y Urgencia Nacional, el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en el área comprendida dentro de los municipios de: Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Nentón, Jacaltenango, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas en Huehuetenango; Chajul y San Miguel Uspantán en el Quiché; Cobán, Chisec, San Pedro Carchá, Lanquín, Senahú, Cahabón, Chahal en Alta Verapaz y la totalidad del de Izabal.”

Para el año 1982, según la memoria colectiva de nuestras comunidades, todas nuestras aldeas habían sido destruidas, perseguidas y la mayoría de la población del municipio de Nebaj había sido desplazada. Fue entonces que el INTA junto al Ejército comenzaron a medir nuestras tierras.

El día 2 de noviembre del año 1983 el Presidente defacto General Oscar Humberto Mejía Victores, emitió el Decreto Ley No. 134-83, acordando la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo de San Juan Acul, Salquil, Amajchel, Tzalbal, Río Azul, Actxumbal, y las aldeas de la jurisdicción de Playa Grande en el departamento de Quiché. Quedando como integrantes de dicha Comisión diversas dependencias del Sector Público y en las labores de supervisión y evaluación de los programas que se ejecuten, la Comandancia de la Zona Militar No. 20 con sede en Santa Cruz, El Quiché y la Zona Militar No. 22, Playa Grande, quienes informarán por el conductorespectivo a la Jefatura de Estado.

En base a este Decreto Ley, el Presidente General Mejía Victores, acordó el asentamiento fijo para las aldeas modelo, levantamiento de medidas topográficas, levantamiento de planos y su adjudicación.

Sobre estas bases, el Ejército e INTA por la fuerza de las armas, nacionalizaron 33 caballerías de tierra de la aldea de Tzalbal el día 11 de mayo de 1984, quitándonos a nosotros propiedad de las mismas y pasándolas a propiedad de Bienes de la Nación.

Teniendo ahora nosotros los documentos en mano, vemos que lo que hicieron fue que de la finca número 3,022, folio 260, libro 16 del Departamento de Quiché correspondiente al título ejidal del municipio de Santa María Nebaj y vecinos, le fueron desmembradas 33 caballerías, 8 manzanas, 3,560.80 varas cuadradas para conformar la finca número 8,694, folio 92, libro 29 para adjudicar al libro del Departamento de Bienes de la Nación, denominado la finca Tzalbal, el 11 de mayo del año 1984.

Reunidos hoy en asamblea general las comunidades de Parramos Grande, Parramos Chiquito, Xoloche, Canaquil, Batzsuchil, Laguna Tzalbal, Tzijulché, Vipecbalam, Xecoxo, Corralcay, Janlay, Tzalbal Centro, Chuché,
manifestamos:

Que esta tierra es nuestra y que es la voluntad de todas nuestras comunidades denunciar públicamente ante el gobierno actual, ante la comunidad nacional e internacional, el robo de nuestras tierras que hicieron el Ejército y el INTA, por la fuerza de las armas y basándose en decretos leyes que ellos mismos establecieron.

Exigimos al Gobierno y al Congreso de la República la anulación de los Decretos Ley número 60-70 y 134-83, vigentes hasta el día de hoy, por ser decretos e instrumentos del robo de tierra de los campesinos en el norte de la República.

Exigimos al Fondo de Tierra la devolución inmediata de nuestras tierras, sin ningún tipo de condición, sabiendo que nuestras tierras fueron nacionalizadas por la fuerza de las armas en nuestra ausencia y que durante 28 años ocultaron esta información a todos los propietarios de las mismas.

No queremos que nos devuelvan la tierra en forma condicionada, ni bajo figuras jurídicas que limiten nuestras propiedad a las mismas. Es decir, nos quitaron nuestras propiedades privadas y comunales en el año 1984, se firmó la paz en el 1996 y todavía no nos han devuelto el derecho constitucional que tenemos a poseer la tierra en la que nacimos, vivimos y defendimos.

Pedimos a las instituciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales del país, que nos ayuden a hacer pública esta denuncia en Guatemala y que nos ayuden a extenderla a toda la comunidad nacional e internacional.

Agua y tierra para los pueblos, no para las empresas.

Firmado por las comunidades de Parramos Grande, Parramos Chiquito, Xoloche, Canaquil, Batzsuchil, Laguna Tzalbal, Tzijulché, Vipecbalam, Xecoxo, Corralcay, Janlay, Tzalbal Centro,Chuché Tzalbal, el 6 de Octubre 2011







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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!